La Justicia Federal aceptó como querellante a la Provincia de Entre Ríos en el marco de la investigación penal abierta por los incendios en las islas del Delta entrerriano en la zona de Victoria.

La decisión fue firmada por el juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso.

Hace diez días, el Gobierno anunció la constitución como querellante en la causa que tramita la Justicia Federal.

Entonces, el Ejecutivo planteó dos frentes judiciales para hacer frente a los responsables de las quemas de campos en las islas del Delta, que han generado duros reclamos desde el lado de Santa Fe, frente a Victoria.

A la denuncia ya presentada ante la Justicia Federal se agregó la constitución como querellante particular en la causa que ya se tramita, según detalló el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

«El gobernador (Gustavo Bordet) ya hizo la denuncia en la Justicia Federal. Ahora, falta la constitución como querellante particular, que es a título de promotor de la acción penal», dijo. Y agregó que el Código Procesal Penal Nacional permite tres vías: la denuncia ante la Justicia, sin ser parte; también la constitución de querellante particular, como promotor de la acción penal; y la tercera, como actor civil, procurando el resarcimiento patrimonial.

El otro escenario que plantea el Gobierno, por fuera de los Tribunales, es convocar a los propietarios de las tierras, en su mayoría santafesinos, a un encuentro en Victoria; presentar de oficio documentación ante la justicia federal; e impulsar un proyecto de ley para regular el uso de las tierras fiscales, entre otras. La reunión será este viernes.

La quema de pastizales impulsada por productores ganaderos en las islas de Entre Ríos, que es una práctica que lleva años y se agudizó en las últimas semanas, sigue produciendo una invasión de humo y cenizas en Rosario y en distintas localidades de la región.

Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante la justicia Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes.

En ese marco, Bordet decidió este lunes que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular” en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.

“La constitución como querellante implica ya que tomamos parte del ejercicio de la acción penal, con lo cual podemos producir pruebas, proponer medidas dentro del juicio, es decir, implica un rol más activo por parte del querellante. Eso es lo que el gobernador decidió hacer en el día de la fecha”, explicó el fiscal de Estado.

En ese sentido, remarcó que en la denuncia promovida por el gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza “a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades”.

“Patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño del inmueble”, expresó el funcionario entrerriano, y agregó: “Entonces, nuestra idea es concientizar a los propietarios que acá no solamente hay una cuestión de sanción penal, sino también civil, de daño ambiental que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio”.

El objetivo es que los arrendatarios y los propietarios “colaboren con el Estado en el control, porque la provincia no puede poner un policía por cada hectárea, ya que el Delta tiene un millón de hectáreas. Entonces ninguna jurisdicción tiene capacidad de prevención sobre toda esa superficie”.


Por otra parte, Rodríguez Signes adelantó que la provincia modificará el régimen de multas hacia los propietarios. “Se creará un mecanismo que permita ejecutar las multas administrativamente, desde un principio, para que sean efectivamente cobradas, y no como puede suceder actualmente que se pierde en el proceso judicial”, detalló el funcionario.


También desde la Secretaria de Ambiente se le trasladaron de oficio a la justicia las actas de infracción labradas por la provincia, como así también se aportó toda la información solicitada por parte del Juzgado Federal de Victoria.

Por otra parte, el mandatario acordó impulsar una ley que establece un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica.

A través de este proyecto se permite el uso productivo sustentable de los bienes sirviendo de marco jurídico para una reglamentación acorde que compatibilice aspectos productivos y ambientales.

Todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados en esta ley quedarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental que establezca la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, mientras que se faculta al Ministerio de Producción a otorgar permisos de uso onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades productivas sustentables mediante procedimiento público.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora