El intendente Sergio Varisco elevó este martes al Concejo Deliberante el Proyecto General de Gastos y Cálculos de Recursos Municipal para el ejercicio fiscal 2018, el cual tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria que el cuerpo legislativo celebrará el 9 de noviembre próximo.

 

El Presupuesto asciende a la suma de $3.641 millones, figurando como las partidas más gravitantes del mismo la de Personal, que se fija en $2.129 millones y la de Trabajos Públicos, estimada en $1.031 millones.

 

La iniciativa del Departamento Ejecutivo establece en 5.300 la planta de cargos permanentes de la administración municipal; en 2.800 el número de contratos de Locación de Servicios; en 980 la cantidad de contratos de Locación de Obra y en 80 el número de contratos de Horas Cátedra.

 

El Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante para el ejercicio fiscal del año próximo se estipula en la cifra de $152 millones.

 

Si se calculan los números del proyecto de presupuesto 2018 con el de 2017, se observa que en el gasto total hay un aumento del 15%, pero en el rubro personal, el aumento es del 22,35%.

El Presupuesto 2017 quedó establecido en la suma de $3.168.393.380.

El rubro Personal demandó este año una erogación estimada en $1.740 millones, en tanto que la inversión prevista para el plan de trabajos públicos se fijó en $968.319.857.

Para el rubro Bienes de Consumo y Servicios No Personales se destinaron $351.630.106; para Transferencias, $67.052.445; para Bienes de Uso, $26.319.894; en tanto que el Pago de Intereses y Gasto de la deuda, insumió en 2017 una erogación de $6.738.648.

La norma estableció en 5.300 la Planta de Cargos Permanentes de la Administración Municipal; en 2.800 el número de contratos de Locación de Servicios; en 980 la cantidad de contrato de Locación de Obra y en 80 el número de contratos de Horas Cátedra.

Polémica

También en la sesión de este martes ingresó proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a vender a las empresas “ERSA” y “Mariano Moreno”, actuales concesionarias del transporte urbano de pasajeros en colectivos, de hasta 7,5 hectáreas de un predio propiedad del municipio ubicado en la zona del Acceso Norte y su intersección con calle Walter Grand, para que levanten allí su base operativa, pasó para su tratamiento a la sesión que el parlamento local realizará el 9 de noviembre venidero.

El tema fue eje de una polémica.

La concejal Cristina Sosa (FPV) presentó un proyecto de resolución en el que pidió al Ejecutivo que conserve la propiedad de ese predio de 7,5 hectáreas y cuestionó la forma de pago en que se enajenaría el bien, y tomó como referencia la propuesta formulada por las concesionarias: “Ofrecen un pago en 73 cuotas mensuales en pesos y sin interés, mientras que la Municipalidad compra bienes inmuebles en dólares, como es el caso de la reciente adquisición de un sector de la exfábrica de cemento Portland”.

Al responder al planteo de la concejal Sosa, la titular de la Comisión de Legislación, María Marta Zuiani (Cambiemos),  le enrostró “decir cosas que no son ciertas y poner un manto de sospecha sobre los órganos de control, que están funcionando debidamente”.

Su colega de bancada Emanuel Gainza  sostuvo que el Pliego de Condiciones de la concesión del transporte público habilitó la alternativa de ofrecer el referido inmueble municipal para ser utilizado como base operativa de las firmas prestatarias del mencionado servicio público.

Si bien reconoció que éstas ofrecieron pagar el mismo en pesos y 73 cuotas mensuales, la Comisión Evaluadora fijó que ese plazo no podía exceder los 36 meses, estableciendo el valor del metro cuadrado en dólares.

Reiteró que el dictamen del Órgano de Control del “SITU”, que habilita la venta del inmueble de referencia fue rubricado por él, los concejales Ríos y Díaz, y el Defensor del Pueblo, Luis Garay, aclarando que “no hubo ni siquiera un dictamen en disidencia”.

Finalmente, Gainza enfatizó: “Se realizó un trabajo responsable, minucioso y en el más estricto marco de legalidad, que de ninguna manera puede ser puesto en tela de juicio”.

Al pedir el uso de la palabra, el edil Enrique Ríos (FPV) recordó la posición asumida por su bloque al momento de tratarse en el recinto las ordenanzas del Marco Regulatorio del Transporte y el Pliego de Bases y Condiciones para la nueva concesión.

“Si bien dimos nuestro voto favorable al tratamiento general de la primera de esas iniciativas, no acompañamos la votación en particular al no haberse tenido en cuenta algunas observaciones formuladas desde nuestro bloque, por lo cual no participamos de su sanción concreta”, recordó el concejal.

A su turno, la viceintendenta Josefina Etienot señaló: “Las leyes, por ser leyes, son obligatorias, pero ello no significa que sean justas”.

Al profundizar sus consideraciones al respecto, indicó que “la ciudadanía debe saber cuál será la situación dominial de ese terreno, es decir, en carácter de qué se va a ejercer ese título por parte de las empresas, ya que radica ahí la gran duda”.

Sobre los diversos interrogantes e inquietudes planteados en el marco del debate por la oposición, Etienot dijo: “El concepto de buen gobierno implica que no nos sintamos incómodos con las preguntas, a las cuales hay que dar respuesta sin inquietarnos”.

Asimismo, la viceintendente solicitó que los dictámenes del Órgano de Control y Monitoreo del “SITU”, organismo en el que el cuerpo legislativo está representado por ediles de las distintas bancadas, sean informados en tiempo y forma al Concejo Deliberante para que estos tengan la debida difusión, en el marco de lo que debe ser una democracia republicana.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.