El intendente de La Paz, Bruno Sarubi (UCR), inició una demanda penal por calumnias e injurias contra el empresario de la construcción Gustavo Leonardo Jesús Salinas, quien lo denunció en 2020 luego de perder una licitación pública para la obra del colector cloacal (inaugurado en agosto de este año). La denuncia contra Sarubi fue desestimada por falta de elementos y ahora el presidente municipal busca que el empresario sea reprendido penalmente por sus manifestaciones en sede judicial y en medios de comunicación paceños.

Salinas presentó su denuncia el 14 de octubre de 2020 ante la Unidad Fiscal de Paraná, caso que se remitió inmediatamente a La Paz. En su presentación y también en algunos medios de comunicación, afirmó que hubo irregularidades en el proceso licitatorio y que se benefició a una empresa de Santa Fe – B y H Ingeniería Sunchales-con un sobreprecio “de 13 millones de pesos evaluando el presupuesto de la obra que supera los 66 millones de pesos”.

La denuncia de Salinas no tuvo elementos concretos. Así lo entendió el fiscal Facundo Barbosa, quien, tras analizar lo presentado por el empresario, desestimó de plano la denuncia contra el intendente.

Tras el cierre de esa denuncia, el presidente municipal presentó una contra el empresario por los delitos de calumnias e injurias. El 13 de septiembre, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo –recientemente designado como vocal de Tribunal de Juicio y Apelaciones- decretó inadmisible el proceso.

El miércoles 28 de este mes, Sarubi se presentó en los Tribunales de Paraná junto a los abogados Matías Plugoboy y Esteban Rodríguez con un nuevo pedido: que se revoque la resolución de Carballo y se abra la vía para que Salinas se defienda de las acusaciones en una querella penal.

La audiencia fue presidida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz, Elvio Garzón, quien dará su resolución el 4 de octubre. Ante el magistrado, Sarubi explicó brevemente por qué presentó la demanda penal: “Me parece importante hacer uso de este derecho por varios motivos. Primero, porque tanto para mí como para mi equipo, gobernar se tiene que hacer con valores, con transparencia y honradez. Esa ha sido una de nuestra banderas y pilares en estos siete años de gestión y hemos tenido un montón de acciones que las podemos demostrar. Con hechos muy simples, como transparentar todas las licitaciones públicas, que es una obligación, y publicar los cotejos de precios, cosa que no es una obligación; no cobrar los pliegos de las licitaciones, porque antes se cobraba un porcentaje, que posibilita mayor competencia”.

En segundo lugar, puntualizó que “para tener sociedades fuertes tiene que haber instituciones fuertes y esa institución por excelencia tiene que ser el Estado, en este caso el municipal. Una institución fuerte se logra con confianza entre los que gobiernan y todo el pueblo de La Paz. Esa confianza se logra con transparencia y honestidad; y que una persona venga a denunciarnos, a calumniarnos e injuriarnos sin ninguna responsabilidad, de forma tan liviana, no puede ser menor, más en una sociedad donde no cree en la política y en los políticos”.

En esa línea, reflexionó que “esa falta de confianza –NdelaR: de la sociedad con la política- se debe en gran parte a los políticos que a lo largo de los años han demostrado por qué no hay que confiar, pero para quienes realmente venimos a cambiar la historia y a demostrar que se puede gobernar con honestidad, no es lo mismo que nos injurien tan livianamente”.

Finalmente, enfatizó que “una persona no puede tan livianamente injuriar y calumniar a cualquier persona y muchos menos a quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante los destinos de una ciudad”.

Antes, los abogados de Sarubi explicaron al juez Garzón cómo llegaron a esta instancia. Plugovoy detalló que apalearon la resolución del juez Carballo, a partir de la cual decretó la inadmisibilidad de la querella contra el empresario Salinas.

El abogado indicó que Carballo consideró que la demanda no cumplía con el requisito de señalar específicamente cuál fue el delito que cometió Salinas. “El juez Señala que el hecho debe ser claro, preciso, detallado y responder a las preguntas de cuándo, cómo, dónde y quién lo hizo y a quién se lo hizo. Dijo que existe en la causa solo un relato de lo sucedido, pero no un hecho con relevancia penal en los términos indicados”, sostuvo Plugoboy.

El abogado de Sarubi afirmó que el juez de La Paz no tuvo en consideración los dos escritos fundamentados que presentaron en la causa, uno el 29 de agosto y otro el 2 de septiembre. “En ambos escritos nosotros cumplimos con el deber de precisar un hecho con relevancia penal: fueron dos hechos, uno por calumnia y otro por injuria. Articulo 109 y 110 del Código Penal, respectivamente”, dijo.

Agregó que a través de una denuncia penal y en un medio, el empresario “virtió manifestaciones que afectan la honorabilidad de Sarubi”.

“Salinas en su denuncia le atribuye a Sarubi la comisión de delitos perseguibles todos por acción pública. En la denuncia utiliza algún cuidado, pero cuando empieza a describir los hechos realiza afirmaciones asertivas sobre la comisión del delito”, añadió.

Plugoboy leyó algunas expresiones del empresario. En una de ellas, afirmó que “las irregularidades advertidas se realizaron con el único fin de beneficiar, en desmedro de los intereses del Estado, a una empresa que fue la que finalmente resultó adjudicataria de la obra. Ello a pesar del sobreprecio cotizado, vale decir que mediante la maniobra realizada se ocasionó un perjuicio millonario al Estado”.

 

Además, manifestó que “las autoridades municipales que llevaron a delante el proceso licitatorio violaron a sabiendas diversas normas administrativas con el afán de favorecer a la empresa adjudicataria”.

Finalmente, el letrado recordó que la firma de Salinas se presentó a la licitación para la obra del colector cloacal del municipio y su propuesta fue desestimada por no cumplir requisitos formales. Tras ello, presentó una denuncia que terminó siendo desestimada. “En su resolución, el fiscal Barbosa desestima la denuncia y dice que Salinas la hizo con finalidad oblicua de torcer el curso de la licitación, de meter presión, o de ejercer una venganza porque su propuesta no fue considerada”, completó.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora