La Justicia ordenó la realización de un inventario en las dos empresas que se adjudican al cuñado del reelecto presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, el exfuncionario del Senado Juan Pablo Aguilera. El procedimiento se cumple este jueves en las firmas Tep SRL y Next SRL.

La tarea, que implica una virtual intervención, busca determinar el tamaño de los bienes con los que cuentan esas dos empresas por cuanto, una eventual condena judicial, incluiría el decomiso, según señalaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

En la causa caratulada “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” están imputados el Cuñado, el propio Urribarri y el diputado Pedro Ángel Báez, más otras ocho personas en lo que podría convertirse en la primera invetigación judicial que siente al actual presidente de la Cámara de Diputados en el banquillo por el delito de corrupción.

El jueves 1° de febrero, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la que está directamente comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.

La petición de los fiscales Cánepa y Yedro incluye otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz -cuestión que deberá decir probablemente el juez de Garantías Eduardo Ruhl-; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 durante el gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

Después del pedido de elevación a juicio, los defensores de los 11 imputados tuvieron un plazo de cinco días para responder, algo que consideraron exiguo y por eso pidieron la prórroga. Todos lo hicieron, excepto el defensor de Báez. En la petición hicieron punta los abogados de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy –este último, incluso, defendió en los medios ese pedido- pero paradójicamente ninguno de los dos asistió a la audiencia del viernes 9 del actual cuando se trató la solicitud.

Pero después de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Marina Barbagelata desechó los planteos, con lo cual empezó a correr el plazo de diez días para resolver finalmente la elevación de la causa a juicio oral .

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.