La Municipalidad de Paraná intimó a la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO), precandidata a intendenta de Paraná, a retirar el cartel con propaganda proselitista instalado en las barrancas del Parque Urquiza, frente al Parque Infantil Patito Sirirí.
El 15 del actual, inspectores del Municipio labraron un acta de comprobación de infracción por la ubicación del cartel, de grandes dimensiones, ubicado junto al obrador de la empresa que encara las tareas de sistematización del arroyo La Santiagueña. Es porque está ubicado en «lugar no permitido».
El cartel en cuestión está ubicado en una zona de litigio, además. Se trata del sector que pertenece a un privado, aunque desde siempre fueron de uso público, y que fueron puestos a la venta en 2020, lo que abrió un debate en la ciudad.
Aunque con el debate instalado en la ciudad, se terminó por comprobar los “derechos reales” de los privados Guillermo Pinto y José María Armándola en un informe de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano municipal presentado el 20 de mayo pasado. En ese informe en donde se reconoce el estatus dominial, también se da cuenta de una tasación, para lo cual divide en al inmueble. Se valúa en 1.217.577,50 dólares al ubicado en el Sector Norte (6.581,50 m2), sobre avenida Laurencena y calle De La Torre y Vera; y 2.009.697,55 dólares para el que está en el Sector Sur (10.863,23 m2) y que se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955. Justamente a efectos de la expropiación, Planeamiento municipal sugiere quedarse con el Sur, por ser el que está más “integrado” al Parque Urquiza. Además, plantea que su adquisición no sea por el “Estado en soledad”, y propone “la captación de plusvalías sobre los beneficiarios directos de la intervención” estatal, en una especie de “compra compartida”.
Pero las entidades vecinalistas quieren que el total, los 17.279,50 m2 queden para el patrimonio urbano en común.
Lo que es un hecho es que los bloques opositores no acompañarán el proyecto del oficialismo en el recinto. En un extenso documento, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio que integran Walter Rolandelli, Maximiliano Rodríguez Paulin y Francisco Avero, adelantaron su oposición a la iniciativa, tal y cual fue presentada. Los ediles fundaron su postura al dar cuenta de un tortuoso camino por donde se llevó el problema. Señalaron que se perdió la oportunidad de explorar una “alternativa de llegar a un acuerdo entre partes de un precio razonable” con los dueños, y en cambio el oficialismo dejó “a la expropiación como la única vía factible, opción que además favorece económicamente a los propietarios que ya no tendrían que cargar con el trabajo de vender cada uno de los lotes de forma individual a distintos interesados, sino que el Estado les ahorraría ese trabajo adquiriéndolos en su totalidad”. Por otro lado, Rolandelli, Paulin y Avero, plantearon que el informe remitido por la oficina de Planeamiento, a cargo de Guillermo Federik, de “expropiar únicamente el denominado Sector Sur esconde una trampa. La ley provincial de expropiación Nº 6467/1979, en su artículo 5, establece que ‘si un inmueble fuera expropiado parcialmente y el remanente fuera inadecuado a un uso o expropiación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble’. Los propietarios podrían percibir, y demostrar, que la expropiación parcial del Sector Sur generaría un perjuicio económico para el desarrollo inmobiliario aprobado para ese inmueble (la Ordenanza N° 7963/97 aprobó el amanzanamiento, apertura de calles y loteo). Nos preguntamos en lo económico, ¿cómo puede el municipio sentarse ahora de igual a igual con Pinto y Armándola y pretender alcanzar un ‘precio razonable’ cuando, mediante dicho informe, le puso un valor tan alto de referencia?”, se preguntan.
Por otro lado, desde el bloque Políticas para la República, manifestaron que el desacuerdo “en dividir el problema en dos partes, en tratar en forma diferentes en dos sectores, en donde nosotros no proponíamos la expropiación, si no que nuestra propuesta va por otro lado”, comentó el concejal Emiliano Murador. El edil recordó primero el proyecto planteado el año pasado, de realizar una consulta popular para dirimir la cuestión por la ciudadanía aprovechando el año electoral en 2021, y que con ese plebiscito también se defina se establezca el pago de una tasa especial para reunir los fondos de la expropiación. Si la ciudadanía apoya con su sufragio el bloque iba a acompañar, pero eso no prosperó. Luego, ya en abril, Murador dijo que expusieron un planteo para desarrollar el lugar impulsado mediante la legislación del Código Urbano vigente y su aplicación “un desarrollo del terreno con usos públicos y privados”. Pro la cuestión ya avanzó por otra vía, y “en estas condiciones”, no acompañan. “La propuesta oficialista se circunscribe a la expropiación de ese terreno y la Asamblea plantea la falta de consulta sobre el proyecto, y que lo iban a discutir si van a acompañar o no esa iniciativa. Nosotros proponemos la posibilidad de un desarrollo sostenible, con inversiones privadas, que de alguna forma garantice el acceso público al predio de la ciudadanía”, reiteró.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora