El titular de la Oficina Oficina Municipal de Información al Consumidor de Crespo, José Luis Fredes, intimó por carta documento al interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, para que le informe qué instrumento jurídico avaló el último aumento de la tarifa eléctrica, del orden del 139%.
Fredes le advierte que “de no contar con el instrumento jurídico que avale los aumentos sufridos por el total de los usuarios entrerrianos a la fecha, deberá vuestro Ente ordenar retroatraer los aumentos”. Se trata del primer planteo de un municipio entrerriano hacia el Gobierno para ajustar el tarifazo de la luz a lo que establece la Ley de Marco Regulatorio, que ordena discutir los aumentos a través de audiencias públicas.
Oficialmente, el Ente Regulador, admitió que por audiencia pública sólo se autorizó un aumento del 19,8%. Esa suba fue discutida en la audiencia que tuvo lugar a comienzos de 2014 en Villaguay. Pero durante dos años esa suba se mantuvo congelada, consecuencia de un acuerdo de mantenimiento de la tarifa que firmó la Provincia con la Nación.
Pero a finales de diciembre último, ese congelamiento quedó sin efecto y sobrevinieron los aumentos.
El Ente Regulador entonces puso en vigencia aquel aumento, del 19,8%, pero también la actualización inflacionaria de los dos años de congelamiento, y también el aumento registrado en el mercado mayorista eléctrico. Es decir a aquel 19,8% se le sumó un 37% y un 43%, más otro 57%. Así, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, la tarifa se incrementó un 137%.
Pero un fallo del camarista Marcelo Baridón, de la Cámara Contencioso Administrativa, que favoreció a la firma Bioder SA, usuaria de la Cooperativa Quebracho, de Viale, obligó al Ente Regulador a aplicar sólo el aumento aprobado por audiencia pública.
Baridón atendió los argumentos del Ente Regulador, representado por el interventor Marcos Rodríguez Allende, y de la Cooperativa Quebracho, patrocinada por el abogado Esteban Quinodoz. Pero hace un severo reproche al Ente Regulador, al que reprueba la falta de claridad en la información al usuario, y va más allá aún: “El EPRE -sentenció Baridón- no demuestra una conducta cumplidora del mandato constitucional que le ordena proteger al consumidor, al menos informándolo, y controlar el monopolio de suministro de energía”. Y agrega que publicar el cuadro tarifario no resulta “suficiente para tener por mínimamente cumplida a la obligación constitucional de proteger al usuario”.
Pero también subraya que el Ente Regulador “ha violado” la garantía de transparencia en sus decisiones y esto es así en tanto los aumentos fueron dispuestos sin convocar a audiencia pública. “Las audiencias públicas importan dispositivos que concretan la garantía constitucional de transparencia que impone el texto magno local al régimen tarifario”, señaló el juez.
Cuando finalizó 2015 el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) adelantó que durante este año habría convocatoria a audiencia para la discusión quinquenal de la tarifa, pero aún no hay fecha.
En enero de 2014 tuvo lugar en Villaguay la última audiencia pública, que aprobó un incremento promedio de la tarifa del 19,8%. Esa suba estuvo congelada durante dos años y recién se aplicó a comienzos de 2016.
Pero además se aplicó una actualización inflacionaria, contenida en los últimos contratos de concesión, lo que llevó a la suba por encima del 130%.
La revisión quinquenal de la tarifa eléctrica está prevista en la Ley Nº 8.916/95, que creó el marco regulatorio eléctrico provincial.
El artículo 31º dice que las tarifas que apliquen los distribuidores “deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, en la medida que operen con eficiencia”. Asimismo la tasa deberá ser similar a la de otras actividades de riesgo. Y el artículo 32º, fija que los contratos de concesión a distribuidores “incluirán un cuadro tarifario inicial que será válido por un período de cinco años”.
La primera revisión general de la tarifa eléctrica fue en 2001; la segunda, en 2006. En 2012 debió realizarse otra, pero fue sucesivamente aplazada, hasta 2014.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.