La jueza de Garantías Susana María Paola Firpo hizo lugar a un acuerdo logrado entre Fiscalía. Defensores y querellantes particulares y dispuso “la morigeración de las medidas coercitivas” que pesan sobre Matías Leonel Santa María, imputado en una causa en la que varios ahorristas que depositaron dinero en su financiera se sintieron estafados.

La magistrada dispuso que Santa María continuará con la prohibición de salir del país; también se le impuso la obligación de no “realizar actos molestos, violentos o perturbadores, contra las personas denunciantes, por sí o a través de otra persona que lo haga en su nombre por cualquier modo y medio”; la “prohibición de mudar su domicilio real” sin previo aviso a la Fiscalía interviniente.

Las medidas se impusieron por un plazo de 90 días, con vencimiento el próximo 11 de diciembre.

En julio último, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara ya había dispuesto una serie de medidas coercitivas sobre Matías Santa María, investigado por una megaestafa que tuvo a un serie de ahorristas como víctimas que confiaron en su financiera y entregaron dinero que después no pudieron recuperar. Esas restricciones impuestas por el magistrado vencieron el 12 de este mes.

 

 

A Santa María la Fiscalía le imputó el siguiente hecho: “que Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María, Cristian Vital, y Julio Gamarci, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR SAS -CUIT 30-71697733-8- y  JIFA SAS -CUIT:  30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”.

“La conducta señalada, encuadra en el delito de Asociación Ilícita y  Estafas en concurso real y en carácter de coautores, conforme los arts. 172, 212, 55 y 45 del Código Penal”, dice el texto de Fiscalía. Para el fiscal Alfieri, “se han desarrollado sendas audiencias de declaraciones testimoniales, las que han permitido tener por acreditada tanto autoría como materialidad por parte del imputado Santa María, en lo que respecta al  hecho  endilgado”.

Santa María se entregó a la Justicia en octubre de 2024.

Fu después de que la jueza de Garantías Paola Firpo dictara el pedido de captura del empresario dueño de la financiera que funcionaba como mesa de dinero, luego de la catarata de denuncias por estafas.

Luego de los trámites de rigor, Santa María recibió la imputación formal por parte del fiscal Alfieri, por los delitos de Asociación ilícita y estafas, en bases a los hechos que hasta el momento tiene determinados, tantpo por las denuncias de damnificados como las pruebas reunidas en los allanamientos. El acusado, defendido por el abogado Pedro Fontanetto D’Angelo, se abstuvo de declarar.

En la causa se investiga una megaestada a (al menos) decenas de ahorristas que invirtieron dólares y pesos a cambio de tasas de retorno de entre el 2 y el 4 por ciento mensual, y que desde hace unos meses no pueden recuperar, ni los intereses ni el capital. Se acumulan, además, denuncias de personas que entregaron vehículos y viviendas, además de los ahorros de toda su vida.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora