El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) declaró la “emergencia pretacional”, medida que regirá hasta el próximo 31 de diciembre. La disposición de la mayor prestadora de salud de la provincia se dictó “a efectos de garantizar a sus afiliados el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud”.
El dictado de esa medida ya había sido anticipada en agosto último por Entre Ríos Ahora.
La medida supone “mantener la política arancelaria dispuesta” por Iosper, lo que supone que mientras dure la emergencia no habrá aumentos para los prestadores. Clínicas y profesionales médicos, además, deberán “abstenerse de indicar derivaciones fuera de la Provincia de Entre Ríos, salvo y en el único y excepcional caso que la práctica sea urgente y la misma no se pueda realizar en el territorio provincial por falta de prestador. Esto último con estricta indicación médica y auditoría en terreno por parte del Instituto”.
A través de la resolución N° 1.862, dictada este jueves 26, el Iosper resolvió “suspender el ingreso de nuevas solicitudes de prestaciones de maestras orientadoras integradoras, como asimismo todo otro emolumento que se estuviere realizando y que no se corresponda estrictamente con una prestación de salud. Suspender todo reconocimiento prestacional que no sea estrictamente para la atención de la salud, como ser aquellos destinados a prácticas deportivas o actividades recreativas que no conlleven rehabilitación, quedando relevado el Instituto de brindar dichas coberturas”.
A través de la emergencia prestacional, Iosper dispuso que dará prioridad al cumplimiento de «las prestaciones en que se encuentre en riesgo la vida de los afiliados”. También, que priorizará “el suministro de medicamentos prescriptos según su nombre genérico, sin mención de marca comercial y medicina basada en la evidencia”.
“El suministro de prótesis –dice el texto de la resolución N° 1.852- se efectuará atendiendo las normas de compra vigentes. Cualquier objeción respecto de la calidad de las mismas de las adjudicaciones deberán ser por escrito por el profesional que prescribe y serán puestas en conocimiento de los laboratorios fabricantes de las mismas”.
En otro punto de la norma se deja aclarado que se priorizará “el acceso a medicamentos e insumos para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas”.
La norma faculta al presidente de Iosper, Fernando Cañete, a conformar un Comité Auditor de Emergencia Prestacional a los fines de “evaluar la conducta prescriptiva de los prestadores”, fijar “valores de referencia” de las prestaciones; también realizar “un estricto seguimiento y control respecto a precios de referencia de insumos y medicamentos; prescripción de medicamentos por su nombre genérico; sustitución en la dispensación por parte de profesional farmacéutico del medicamento recetado con marca registrada por un medicamento que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y menor precio”.
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“Disponer –dice el texto de la resolución- un estricto seguimiento y control en relación a la emisión de órdenes, indicación de derivaciones sin justificación, indicación de elemento protésicos sin justificación médica basada en evidencia científica y costo beneficios; y/o cualquier otra práctica que vaya contra el espíritu de la presente emergencia”.
Además, ese comité hará un seguimiento de lo prescriben los profesionales y, en caso de que se trasgreda la emergencia, poder aplicar “medidas sancionatorias”.
El Iosper justificó la emergencia prestacional en el marco de crisis económica que afecta al país “con su consecuente desorden en la ecuación y el equilibrio económico financiero”. Argumenta que “esta situación genera un descontrol del gasto que pone en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud y consecuentemente la asistencia de nuestros afiliados por las dificultades en la realizacio´n de compras, esto es licitaciones desiertas, actualización permanente de precios e imposibilidad de realizar nuevas compras”.
Da cuenta la norma que los medicamentos han aumentado “sólo en este mes de septiembre de 2019 hasta un 40%, y en las prótesis de hasta un 30% en las nacionales, y hasta un 40% en las de origen importado”. Y que las circunstancias económicas “que se vienen dando en nuestro país desde el año 2016, esto es la devaluación de la moneda nacional y el grave proceso inflacionario, se registra una sensible disparidad entre el ingreso de los recursos con los que cuenta la Obra Social y los gastos que debe afrontar, lo que dificulta el cumplimiento de las prestaciones tal como se encuentran comprendidas” en el Programa Médico Obligatorio (PMO), el piso mínimo de prestaciones que deben brindar las obras sociales.
La medida impactará sobre los números de la mayor prestadora de salud de la provincia, con 300 mil afiliados y un presupuesto anual del orden de los $5.000 millones.