El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) calificó de “ilegítima e ilegal” a la intimación que recibió de parte del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos con la exigencia de la aplicación de un incremento en los aranceles.
Desde la obra social provincial entendieron que la entidad que nuclea a los odontólogos “utiliza la herramienta de matriculación, que por Ley le concedió la provincia”, y advirtió que “posee un instrumento con el que podría lograr la sumisión de los profesionales, bajo la frase de ‘aplicación obligatoria’, so pena de sanciones”. La prestadora de salud exigirá el cumplimiento de los convenios firmados.
En rigor, la Obra Social exige a los odontólogos que cumplan con los convenios suscritos, pero, además, les recordó que, en lo que va de 2021, “se les ajustaron valores de idéntica forma que a los demás prestadores; la aplicación de otra variable impuesta unilateralmente, dejaría a Iosper en la posición de ajustar sus presupuestos, cada vez que se le exija aumentar los aranceles”.
El Colegio de Odontólogos advirtió que desde el 1° de noviembre “se notificará a las obras sociales y empresas de medicina prepaga que no cumplan con los aranceles odontológicos mínimos obligatorios, que tienen 30 días para adecuar sus aranceles. De lo contrario, el 1° de diciembre sus afiliados quedarán sin cobertura odontológica”.
“Se ha tomado esta decisión en acuerdo con los Círculos Odontológicos de La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Villaguay y Concepción del Uruguay y la Asociación Odontológica de Paraná”, indicó.
Pero desde el Iosper respondieron que la estructura de costos que, según el Colegio es “obligatoria”, no está avalada por la ley, ya que, según específica la norma, el Colegio no posee la facultad de decidir por sí mismo los valores de aranceles para la prestadora de salud.
Además, tampoco tiene aprobado por el Gobierno Provincial una estructura de costos que valide su pretensión, respecto que “el mínimo y justo salario que puede percibir un odontólogo”, sea en la actualidad de 280.000 pesos, valor sobre el cual calcula la consulta.
El directorio Iosper recordó que el Estado provincial, a través de una Ley, “nunca le ha otorgado las facultades que invoca y menos aún, le permite utilizar la matriculación como instrumento de sometimiento, para avanzar contra las libertades individuales dispuestas constitucionalmente, como la de trabajar y acordar el valor del trabajo”.
“Iosper exigirá a los prestadores el cumplimiento de los convenios firmados, pero además, remitirá copia de las actuaciones al Ministerio de Salud y a la Legislatura, ya que “el tenor de las mismas configura la imposición de facultades por sobre el propio Estado, que jamás le han sido delegadas”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora