Estos días, con lo que está saliendo a la luz con la intervención en el Iosper, me vienen recuerdos, los que considero hay que expresarlos y no ser cómplice silencioso sobre conductas que entiendo la mayoría no acordamos.

Sueldos siderales, en dos recibos, contratos para los familiares, los amigos, los compañeros del sindicato, las relaciones (novios-novias) no declaradas, convenios al anillo de algún prestador, pañales, ropa de los empleados, leche en polvo, prótesis, viáticos, etc.

Todas decisiones distantes de las obligaciones de la obra social, por decir, los pagos de reintegros, la atención permanente de personas adultas, jóvenes, menores, algunos con discapacidad, no el abandono. Afiliados que solicitan coberturas por problemas de salud, que necesitan atención, prevención, rehabilitación, que no concurren a la obra social a pasear, a distraerse, a desestresarse; por el contrario, concurren a intentar dar tratamiento a algún padecimiento físico o mental.

Escribo esto porque varios años tuve representación gremial y sé que existe Tribunal de Ética y Disciplina para quien ejerce una representación; el Estado, el Gobierno, la Justicia, el Tribunal de Cuentas deben investigar, es su deber, pero las instituciones de la democracia como los sindicatos, ¿no lo harán? Yo tampoco estoy a favor de las intervenciones, cuando no se justifican, ¿está se justifica? Digo, algo estarán analizando: ¿qué pasó con nuestros representantes?, ¿cómo fue la gestión?, etc.

Recuerdo estar en la calle, en sede central de Iosper, corría el 2021. Estábamos con mis dos hijos con discapacidad, mi señora, las cuidadoras, y otras familias que nos habíamos autoconvocado por fuera de las instituciones que dicen representarnos, reclamando que paguen reintegros de cuidadoras, pañales, transporte, rehabilitaciones reconocidas por la obra social, pero que no abonaba. Todavía se adeuda: providencias huecas, letra muerta. Con la redacción no alcanza, deben abonar las prestaciones. Recuerdo también, ingresar la directora docente Adriana Hepp, saludarnos, nos conocíamos, pedirles que nos reciba, ya que habían prohibido el ingreso a los afiliados, con rejas, candados y con policías. Recuerdo que ella me respondió: `Subo a la oficina y los hago pasar`. Ya pasaron unos años, nunca nos recibió, ni para decir: `No hay plata`.

Digo, esa conducta no amerita un Tribunal de Disciplina a la conducta de un representante, si las organizaciones están para sostener esas conductas, no sólo genera decepción y descreimiento en la institucionalidad, sino que te abraza  una sensación de que la impunidad y el no cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, es un derecho, en vez de un delito, es muy agotador.

La única lucha que se pierde es la que se abandona.

 

 

(*) Roque Santana,  exsecretario general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).