Por Carlos Lombardi (*)
Con fecha 28 de febrero de 2017, la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), publicó una nota del obispo católico residente en San Francisco, Córdoba, titulada «Abusos: verdad, justicia y misericordia» .
El funcionario de la multinacional religiosa – a quien todos los ciudadanos le pagamos un sueldo gracias a un gran benefactor de su iglesia como fue el genocida Jorge Rafael Videla – vuelve a ponerse un traje que nunca le cupo, el de crítico de su institución.
Imitando al gran demagogo de blanco que vive en Roma – en un enclave territorial nacido de un fraude y dotado de visos de legalidad por el dictador Mussolini -, abordó la cuestión de los abusos sexuales de sus colegas. Esta vez, el disparador fue la mitigación que el papa Francisco hizo de las sanciones sugeridas por la Congregación de la Fe para algunos sacerdotes abusadores.
Ay el monseñorato
La gestión del obispo Buenanueva dentro de la persona jurídica pública no estatal que integra, no se caracteriza por haber defendido a las víctimas de abuso sexual clerical.
Basta recordar lo que hizo en el caso Morello. Su propia torpeza fue el punto de partida del pleito que se inició contra el Arzobispado de Mendoza, que terminó resarciendo los daños que produjo.
Eliminó de su blog el nombre del abusador que la propia víctima había publicado. Hasta hoy puede leerse, dentro de los comentarios al postAbusos: Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Como gusta usar terminología jurídica, también fue solidariamente responsable de la negativa del obispo Arancibia de no brindar información al propio denunciante, incluida la negativa de remitir al 7º Juzgado Civil, Comercial y Minas, los antecedentes del caso.
Nada dijo de la mutilación que un psiquiatra del arzobispado – hoy fallecido – hizo del ejemplar de la denuncia que se le entregó, anexo a la historia clínica, recortando prolijamente con un corta papel los nombres propios de las personas involucradas.
Y si bien el juicio fue por los daños originados por la no información de la investigación canónica, tiempo después MDZ informó la verdad ocultada por el arzobispado, que él integraba como obispo auxiliar.
De las veinte acciones que Bergoglio ha llevado a cabo a favor de los abusadores, nada ha dicho, por lo tanto, las aprueba.
El propio Buenanueva avala el documento de la Conferencia Episcopal Argentina – que también integra -, llamado «Líneas – Guía de Actuación sobre los casos de abuso sexual», un descomunal compendio contrario al derecho internacional de los derechos humanos, donde las garantías procesales para las víctimas no existen, se perpetúa el privilegium fori y la tutela judicial efectiva brilla por su ausencia.
- Fingiendo progresismo
Pero dejemos tranquilo al sujeto en cuestión. Vayamos al libelo, que es vergonzoso, enfocando sólo tres cuestiones, por lo burdas:
- «El criterio de fondo: dar voz a las víctimas y cuidar el proceso de hacerles justicia y ayudarlas en la sanación de sus heridas. Por esto es un tema delicado y sensible: está en juego su bienestar personal, fuertemente herido por estos delitos».
El párrafo citado es un verdadero insulto a las víctimas. El procedimiento canónico, una pantomima infame donde la clerigalla juega a ser magistrados, está basado en el silencio, en particular, de las víctimas. Y Buenanueva lo refrenda.
Dice el pto. 17 del documento suscrito por el obispo: «Como primera advertencia, conviene señalar que las causas referentes a delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) están sujetas al secreto pontificio. De manera que quien viole dicho secreto por dolo o negligencia grave provocando daño al acusado o a los testigos, a instancia de la parte afectada o de oficio, debe ser castigado por el Turno Superior de la CDF con una pena adecuada».
Es decir, todos están bajo juramento de silencio, todo oculto, todo bien tapado.
En el juicio que el Arzobispado de Mendoza perdió, un ex cura sostuvo que lo obligaron a jurar silencio cuando tuvo que ir a declarar en sede canónica.
- «Personalmente me inclino hacia la posición que sostiene que, en las actuales circunstancias, la comisión de un solo delito invalida ya al sacerdote para ejercer el ministerio. Por tanto, que la dimisión del estado clerical es la sanción más adecuada. Aunque no dejo de interrogarme por la parte de verdad que expresan las otras opiniones, digamos así, más garantistas».
Preguntamos ¿qué ha hecho este obispo para que se expulse sin miramientos al cura Grassi, a quien el Vaticano mantiene dentro de sus filas? ¿Qué ha hecho este obispo para que se expulsen a los violadores del Instituto Próvolo de Mendoza y La Plata? ¿Y qué denuncia ha hecho para que se juzgue a los actuales obispos de la diócesis mendocina, conforme los lineamientos de la última carta apostólica de Bergoglio? Absolutamente nada, porque forma parte del sistema.
- «En algunos casos, se tratará de hombres severamente afectados por alguna forma de patología que, seguramente, nunca debieron ser admitidos a la vida sacerdotal o religiosa. En otros, tal vez la mayoría de los casos, se trata de una historia de libertad que se fue enredando cada vez más en un proceso de deterioro espiritual y moral que terminó manifestándose en un conducta sexual depredadora, aunque seguramente también en otras formas de abuso de conciencia, manipulación emocional de los demás, autoritarismo, abusos en la gestión de los bienes, descontrol en otros campos de la conducta y un largo y doloroso etcétera».
Contundente ratificación relativa a que la iglesia encubre, protege, oculta y tolera a los abusadores hasta más no poder.
Los casos que el obispo menciona fingiendo estar escandalizado, su iglesia los permite por aplicación del propio sistema de encubrimiento. Vamos a recordarle al desmemoriado Buenanueva el canon 1341:
Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo.
Es decir, hay un largo camino de violaciones, abusos y vejaciones de niños, niñas y adolescentes preparado prolijamente por su iglesia, encubierto por el obispo de turno, desde que se descubre el primer hecho hasta que el responsable es sancionado. Todo bajo secreto.
Los resultados están a la vista: permanente revictimización, accionar institucional contrario a los derechos humanos, ratificación del abuso de poder, denegación de justicia y violencia institucional, es lo que la iglesia católica sigue haciendo en materia de abuso sexual clerical. Todo está armado para proteger a los autores en un triple nivel de responsabilidad.
Un cóctel demasiado espeso – y con secuelas de por vida para las víctimas – para que un subsidiado por el estado argentino – otro más – juegue al cura progre y finja estar preocupado.
(*) Abogado. Asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina y de la Rete L’Abuso, Associazione italiana vittime di preti pedofili.
Publicado en Mdol.