La distancia en el tiempo borra el detalle, el recuerdo milimétrico, nubla la razón para poder llegar a explicar, con límites precisos, cómo fue que ocurrió lo que ocurrió en el manejo de fondos del Senado de Entre Ríos en el período que va de 1995 a 1999, cuando Héctor Alanis era vicegobernador y el radical Humberto Ré ocupaba la vicepresidencia primera de la Cámara Alta.

El Ministerio Público Fiscal trata de probar que hubo un desvío de fondos, del orden de los 6 millones de dólares, monto que se distrajo de los dos programas financieros que tenía a su cargo el Senado, el Programa 18, a cargo del sobrino del exvicegobernador, Maximiliano Alanis, y el programa 17, responsabilidad de José Maximiliano Crettón Pereyra. El retiro de efectivo se producía en las ventanillas del Banco de Entre Ríos, donde se cobraban los cheques, y el dinero en efectivo volvía al Senado, aunque a partir de allí el rastro se pierde.

Maximiliano Alanis y Crettón Pereyra ya refrendaron sendos juicios abreviados: asumieron su responsabilidad en el delito de peculado, y obtuvieron una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Héctor Alanis y Humberto Re, en cambio, están sometidos a un proceso oral y público que comenzó el jueves 8 de marzo y se extenderá hasta este martes 20, cuando se escucharán los últimos testigos.

La acusación de la Fiscalía señala que entre 1998 y 1999 hubo un manejo de dinero poco claro en el Senado entrerriano. Los investigadores se centran en las trasferencias de una cuenta corriente de la Cámara Alta en el Banco de Entre Ríos del “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanis fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado, y del Programa 17. Héctor Alanis era el vicegobernador y por lo tanto presidente de la Cámara Baja; mientras que el radical Humberto Ré era el vicepresidente primero, durante la segunda gobernación de Jorge Busti, entre 1995 y 1999.

 

Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.

 

El escrito de remisión a juicio, elaborado hace tiempo por la fiscal Laura Cattáneo, dice que los imputados  “se apropiaron, previo acuerdo entre ellos, de fondos públicos del estado provincial cuya administración, en razón de los cargos que detentaban,  les había sido confiada, por el importe aproximado de $ 6.132.825,20”.

 

Y agrega: “Para ello, pergeñaron la maniobra de depositar en la Cuenta Corriente 0939/5 de la Honorable Cámara  de Senadores, en el Banco de Entre Ríos S.A., fondos asignados para el ‘Inciso 3.9.9 – Servicios no personales’ tanto para el Programas 17 como para el Programa 18, para luego realizar periódicas transferencias, del Programa 17 al Programa 18, por distintos importes, mediante libramientos de cheques contra la cuenta corriente antes indicada, consignándose en el Libro de Banco de la misma, que correspondían a ‘transferencias al Programa 18’ y rindiéndose las sumas transferidas con esa maniobra, en el Programa 17, como ‘transferencias al Programa 18’, comunicando mensualmente José Maximiliano Cretton Pereyra a la Auditora del Honorable Tribunal de Cuentas, que los comprobantes respaldatorios de la utilización de dichos importes serían rendidos oportunamente por el Programa 18. Sin embargo, el ingreso de los importes correspondientes a las transferencia nunca era consignado en la Planilla de Cargos y Descargos mensuales correspondiente al Programa 18, por lo que tales importes nunca fueron rendidos al Tribunal de Cuentas, permitiéndoles dicha maniobra sustraer la suma de  $6.132.825,20 del control renditivo del Tribunal de Cuentas”.

Los auditores en el Tribunal de Cuentas en aquellos años fueron los contadores Marta Aurora Pérez –que no declaró en el juicio oral por cuanto una junta médica dictaminó que no estaba en condiciones de hacerlo- y Álvaro Cristian Treppo, actual intendente de Seguí, que pidió declarar por escrito.

Daniel Grunewald fue, primero secretario de Crettón Pereyra y después director de Despacho del Senado en tiempos de Alanis.  Según declaró hoy en el juicio, su tarea consistía, según dijo, en “hacer mandados”, y en esos quehaceres incluía tanto llevar y traer papeles como cobrar cheques por ventanilla en el banco a nombre del Senado. “A mí me mandaban a hacer el mandado: cobraba el cheque y traía el dinero al Senado”, reveló.

-A quién le daba el dinero que cobraba en la ventanilla del banco –quiso saber el fiscal Alejandro Cánepa.

-Lo llevaba a la Cámara y se lo daba a mi jefe, Crettón Pereyra.

El presidente del tribunal, Gervasio Labriola, quiso saber cómo era el trámite de cobro de los cheques del Senado en la ventanilla del banco: si se los endosaban a su nombre.

El testigo negó que fueran endosados a su nombre, pero dijo no recordar cómo era el trámite para que él pudiera cobrar el efectivo.

Hugo Molina, expresidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, contó cuál era el trabajo de auditoría en el Senado, y deslindó toda responsabilidad en los auditores, los secretarios de vocalía y los fiscales de cuentas.

El abogado Julio Federik –que junto a Leopoldo Lambruschini ejerce la defensa de Alanis- quiso saber si había un mecanismo para detectar si alguna vez algún auditor pudiera falsear los datos que enviaba al Tribunal.

“No. Me lo hubiera tenido que hacer llegar el jefe del lugar donde estaban auditando. O el secretario de vocalía”, razonó.

Hernán Díaz, empleado del Tribunal de Cuentas, no pudo aportar mucho por cuanto dijo no recordar demasiado de los hechos investigados, que ocurrieron entre 1998 y 1999.

Juan Carlos Cavallaro, que fue asesor jurídico del Tribunal de Cuentas, se limitó a contar cómo eran los procesos internos en el organismo de control. Y respondió consultas de las partes respecto a qué pasos se siguen cuando una rendición de un organismo determinado no es aprobada por el Tribunal de Cuentas.

Las audiencias continuarán este martes, desde las 9.

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.