Este viernes por la mañana será la clausura formal de recepción de prueba  con los alegatos de la fiscalía y la defensa de ex ministros en el juicio por el supuesto decreto antedatado Nº 2136/02, que pasó a 16 personas a planta de personal permanente del ministerio de Acción Social, durante el gobierno del gobernador radical Sergio Montiel.

El juicio se realiza ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones, integrado por los jueces Pablo Vírgala, Elbio Garzón y Alejandro Grippo (presidente). En la causa están imputados por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público y fraude a la administración pública, por administración infiel, los ex ministros de Montiel, Rubén Villaverde (Acción Social) y Enrique Carbó (Gobierno). Villaverde es asistido por la abogada Fernanda Tardelli; mientras que Carbó es representado por su hermano el abogado Alejandro Carbó.

El lunes, cuando inició el juicio, el ex ministro de Economía, Oscar “Cachi” Berón, fue por la vía del juicio abreviado y acordó con la fiscal de Cámara Carolina Castagno ser penalmente responsable del delito de falsificación ideológica de instrumento público, en grado de coautor, y de haber cometido fraude a la Administración Pública por administración infiel. Por ello aceptó una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial absoluta para ejercer cargos públicos. La causa se inició en 2004, con una denuncia formulada por el entonces gobernador Jorge Busti.

Para la fiscalía, durante el mes de mayo de 2003, se suscribió un Acuerdo General de Ministros, en el que se firmó el decreto que “ había sido reservado con anterioridad”, por el que se designó en la planta de personal permanente del Ministerio de Acción Social a 16 personas, “antedatando su fecha de emisión, insertando así falsamente en éste -como fecha de su dictado- el día 31 de mayo de 2002, con el evidente propósito de procurar con ello que los mencionados agentes perciban sus haberes a partir de la fecha aludida precedentemente, es decir, con un año de retroactividad a la fecha real de emisión del decreto en cuestión”.

Además, la acusación señala que hubo un perjuicio económico a las arcas provinciales ya que “los agentes aludidos registraron el alta efectiva en las categorías en que fueron designados en el mes de junio de 2003, se les liquidaron los haberes y se les reconoció antigüedad en forma retroactiva”. A partir de dicha fecha falsa, 31 de mayo de 2002, se calculó que hasta noviembre de 2006 se produjo un perjuicio económico al erario público de $ 57.990,11.

Sin embargo, para la defensa de Villaverde y Carbó no hubo fraude y señalan que se hicieron los descuentos de rigor cuando se detectaron que los agentes habían percibido dos sueldos por superposición de cargo.

“No hay ningún elemento de prueba”

En diálogo con Entre Ríos Ahora, la abogada Fernanda Tardelli, que representa al ex ministro de Acción Social, Rubén Villaverde, durante esta semana en la que se recibieron varios testimonios ofrecidos por la fiscalía y la defensa “no hubo muchos aportes sustanciales”, aunque destacó dos: el del ex fiscal de Estado de Montiel, Sergio Avero; y el de la contadora María Soledad Correa.

“No puede haber condena porque no hay ningún elemento de prueba de convicción directa de lo que sostiene la fiscalía, de que se antedató el decreto”, dijo la letrada.

En esa línea, Tardelli remarcó que “no se ha probado absolutamente ningún elemento de convicción cargoso para darle al Tribunal el grado de certeza que tienen que tener para condenar. Tienen que tener certeza, no probabilidad”.

Para la defensora de Villaverde, el testimonio del ex fiscal de Estado de Montiel,  Sergio Avero, fue “contundente” ya que consideró que “describió con mucha precisión todas las alternativas para la realización de decretos y su tramitación”.

La letrada también destacó el testimonio de la contadora María Soledad Correa, ex Directora de Administración del Área de Ministerio de Acción Social. La testigo declaró ante el tribunal el martes, y fue ofrecida por la fiscalía y la defensa del ex ministro Villaverde.

“La contadora Correa habló de la practica administrativa y de la situación que se vivía entonces, que no es la administración que hay ahora. Pasaron 14 años y está muy descontextualizado el momento en que se hicieron las cosas, y los recursos que había entonces en poder del estado. Evaluados con criterios de hoy, las cosas parecen rarísimas”, sostuvo Tardelli.

Consultada sobre el perjuicio económico que refiere la fiscal Castagno en su acusación, la abogada resaltó que “el entonces ministro Villaverde ordenó que se realicen los descuentos. Es decir que no hay intención de perjudicar de ninguna manera al Estado, no está dado el dolo que se exige para la figura del fraude a la administración pública. Toman que la antigüedad que se le reconoció fue un perjuicio, pero ellos imputan servicio. Hay una sola situación que queda sin descuentos, que estamos hablando de 4 mil pesos de una persona”.

Por último, manifestó que la causa, que llevó 14 años en los Tribunales hasta su llegada al juicio oral y público, “ha sido un dispendio jurisdiccional absolutamente injustificado”.

Además de Avero y Correa, en el juicio declararon también Miguel Ulrich, un ex auditor de la Contaduría General de la Provincia; el ex Tesorero General de la Provincia, el contador Raúl Ernesto Caferatta; Adolfo Blejer, un contador, y docente jubilado, que en el segundo mandato del gobernador radical Sergio Montiel se desempeñó como Director de Administración de la Secretaria Producción, y los últimos tres meses de la gestión fue Contador General de la Provincia; Ana María Leite de Cuestas, quien entre 2002 y 2003 trabajó como encargada de Personal de la Dirección de Trabajo, que en principio estuvo en la órbita del ministerio de Acción Social, entre otros.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.