En la segunda jornada del juicio oral y público en la que están siendo juzgados Rubén Villaverde y Enrique Carbó, exministros de Acción Social y de Gobierno, respectivamente, declararon tres testigos, que intentaron explicar cómo se realizaban las designaciones de personal y las liquidaciones de sueldo durante la gestión del gobernador radical Sergio Montiel.
En la audiencia de este martes se notó la complejidad del caso, ya que los testigos no recordaban con precisión los pasos que se seguían cuando se contrataba personal hace 14 años. El testimonio más contundente fue el de María Soledad Correa, una contadora que fue Directora de Administración del Ministerio de Acción Social, quien dijo que era posible que en la administración pública se hayan dado casos de agentes que percibieron dos sueldos, pero que ello se subsanaba cuando se detectaba el error y se procedía a hacer los descuentos.
La ex funcionaria señaló que era probable que entre el nombramiento y el procedimiento de descuento, por la burocracia misma de la administración pública, pasen algunos meses hasta que finalmente se anule el haber que no correspondía que el empleado cobre. Otros dos testigos no pudieron dar demasiadas precisiones ya que no recordaban procedimientos de la época que se discute.
En el juicio se trata de dilucidar cómo fue que en mayo de 2003 se designaron a 16 personas en planta permanente del Ministerio de Acción Social, y que se les haya pagado sueldos retroactivos a 2002. La acusación fiscal es que dicho decreto fue antedatado, y por ello les imputa a los ex ministros Villaverde y Carbó el presunto delito de falsificación de documento público, y fraude a la administración pública por administración infiel.
Los 16 designados mediante el decreto cuestionado, fueron: Diego Antonio Faccendini, Patricia Ester Montiel, Matias Juan Pablo Bettoni, Maria Claudia Cecco, Jorge Domingo Godoy, Mariano José González, Lucrecia Raquel Alloatti, Lucía Margarita Borras, Marisa Krieger, Celia Verónica Borro, Susana María Odiard, Carlos Javier Canepa, María Isabel Pérez, Leonardo Enrique Félix Molina, Adrián Alberto Buffa y Gisela Elizabeth Arduin.
Para la fiscal de Cámara, Carolina Castagno, estos empleados fueron nombrados en mayo de 2003 tras un Acuerdo General de Ministros, en donde se firmó el Decreto Nº 2136/02, en el que se insertó una fecha falsa, del 31 de mayo de 2002, con “la finalidad de lograr que dieciséis empleados pudieran cobrar los haberes correspondientes desde la fecha consignada, es decir, con un año de retroactividad, causándole de este modo, un perjuicio al Fisco Provincial, toda vez que, al mismo tiempo dichos agentes estaban percibiendo distintas ayudas económicas, como Plan Jefe o Jefas de Hogar, o bien como contratados, percibiendo un ‘sueldo’, con retroactividad, que no correspondía”.
Ese grupo de personas recibió el “Alta” para pagarle los sueldos en junio de 2003, pero “se les liquidaron los haberes y se les reconoció antigüedad en forma retroactiva, a partir del 31 de mayo de 2002, superponiéndose en consecuencia los pagos que se les efectuaron, en concepto de ‘liquidación retroactiva de haberes’, con las remuneraciones y/o ayudas económicas que cada uno de éstos venía ya percibiendo en razón de que todos los agentes en cuestión –a excepción de Odiard, Arduin, Gonzalez, Alloatti, Borras, Krieger y Borro–, venían prestando servicios en la Administración Pública en virtud de sendos contratos de locación de servicios”. Es decir, percibieron doble sueldo.
Este lunes, en la primera jornada del juicio, el ex ministro de Economía de Montiel, Oscar Berón, presentó ante el tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Pablo Vírgala, Alejandro Grippo, y Elbio Garzón, el acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la fiscalía, en el que se reconoció culpable del delito de falsificación de documento público, en grado de coautoría, y de fraude a la administración pública. Por ello aceptó una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional –no va a la cárcel-, más la inhabilitación especial absoluta para ejercer cargos públicos.
Testimonios
Para desentrañar lo sucedido, en primer término declaró Adolfo Blejer, un contador, y docente jubilado, que en el segundo mandato del gobernador radical Sergio Montiel se desempeñó como Director de Administración de la Secretaria Producción, y los últimos tres meses de la gestión fue Contador General de la Provincia.
La fiscal de Cámara Carolina Castagno le consultó si en 2002 fue Subdirector de la Contaduría General de la Provincia, en tiempos en que el Contador General era Diego Valiero, quien luego fuera ministro de Economía del gobierno peronista de Jorge Busti. Blejer, cuando se le mostró documentación en la que reconoció su firma, dijo no haber estado en conocimiento que en un período haya sido Subdirector de la Contaduría General. Este primer testigo fue el que menos datos aportó al debate, ya que en toda su declaración manifestó no recordar procedimientos, ni tampoco el caso en cuestión.
“No fui funcionario de carrera, estuve a cargo de la Contaduría General aproximadamente por tres meses y no recuerdo por el tiempo transcurrido sobre los pasos que se daban al momento para estas acciones”, dijo Blejer en respuesta a la fiscal Castagno, que lo había convocado como testigo.
La fiscal le consultó qué función desempeñaba, y Blejer explicó que “tomaba intervención en expediente que estaban en instancias decisivas para la ejecución”.
—¿No recuerda qué función hacía? Cuando recibía la nómina de las personas que debía ser designada, ¿cómo se generaba la orden de pago?—preguntó Castagno.
—No recuerdo, yo estuve tres meses a cargo de la Contaduría y a partir del 11 de diciembre de 2003 cuando termina el mandato del doctor Montiel yo no tuve más relación con la administración pública y por lo tanto son cosas muy lejanas que ya no tengo presente. No tengo precisión al respecto.
La fiscal le informó que había un pedido informe a la Dirección de Administración (a cargo de Blejer) del entonces Contador General de la provincia, Diego Valiero, en el que advertía inconsistencias en la designación de 16 agentes. Blejer se tomó unos minutos para releer el documento, y luego señaló que “son una serie de consideraciones respecto de cuestiones objetivas que habré corroborado en ese momento”.
Más adelante no pudo precisar qué tiempo transcurría entre la designación de personal y la fecha de “Alta” para que se efectivice el pago de sueldos. “No puedo precisar tiempos, el paso del tiempo es considerable como para recordar”, reiteró el testigo.
El abogado Alejandro Carbó, que asiste a su hermano el ex ministro Enrique Carbó, le consultó si la Contaduría General de la provincia se podía oponer a algún pago irregular. “El Contador podía oponerse a un pago sobre la base de precisiones”, respondió el testigo.
La abogada Fernanda Tardelli, que defiende al ex ministro Rubén Villaverde, lo interrogó sobre cómo era la administración en el período del radical Montiel. Sobre ello, Blejer señaló: “Puedo decir que era muy serio el funcionamiento de la administración pública. Los funcionarios ponían todo el esfuerzo en las cosas que quedaban plasmadas en los distintos expedientes tengan que ver con la realidad”. Más adelante, sostuvo que entre los años 2001 y 2002, “fue normal” el funcionamiento de la administración pública.
Luego fue el turno de Ana María Leite de Cuestas, quien entre 2002 y 2003 trabajó como encargada de Personal de la Dirección de Trabajo, que en principio estuvo en la órbita del ministerio de Acción Social (a cargo de Villaverde) y que luego pasó al ministerio de Gobierno (que ocupó Carbó). Leite también fue una testigo ofrecida por la fiscalía.
La ex funcionaria dijo no conocer sobre el caso de las designaciones que se cuestionan en el juicio, a lo que la fiscal le informó sobre el asunto. “No me acuerdo, sé que se designaron personas. No recuerdo el año, ni tampoco si fueron 16 personas. Sé que en la Dirección se habían designado personas en ese periodo, pero con precisión no podría decirle”, dijo Leite ante una consulta de la fiscal sobre los nombramientos en debate.
La ex funcionaria tampoco supo contestar qué tiempo transcurre entre el decreto de designación de personal y el “Alta” para que se le liquiden los sueldos. “Hace tanto años que no lo recuerdo, pero supongo que 30 días, no lo sé”, dijo y refirió que desde 2004 no trabaja más en la Dirección de Personal.
Ante otra pregunta de la acusadora pública, explicó que el decreto de los nombramientos ingresaba por Mesa de Entrada, se llenaban los formularios de “Alta” y se enviaba el expediente al área de personal, para que continúe el ciclo por otras oficinas de control.
Posteriormente, la fiscal le nombró a las 16 personas designadas en planta de personal permanente dentro de la jurisdicción de Acción Social, y la ex funcionaria sólo dijo conocer a seis: a Patricia Ester Montiel, Alloatti, Krieger (fallecida), Borro, Odiard, y Arduin.
A su tiempo, la abogada Fernanda Tardelli (Villaverde), le preguntó si fueron muchas las designaciones que se produjeron en la administración del gobernador Montiel. “En esa época estaba desordenada la oficina de Personal, entonces cuando me llevaron ahí organicé los legajos, me dieron una oficina y formamos a mano un registro de los empleados, muy a pulmón. Debimos tener cerca de 240 empleados, después, en 2004, cuando dejé ese lugar, eran más o menos 280 o 300 personas”. Sin decirlo explícitamente, la testigo de la fiscalía ubicó el crecimiento de la planta de personal en su área –Dirección de Trabajo- a la administración de Jorge Busti.
Por último declaró la contadora María Soledad Correa, que fue Directora de Administración del área del ministerio de Acción Social. Fue convocada por la fiscalía y por la defensa del ex ministro Villaverde. Correa refirió que tomaba intervención “para ver si se correspondía la partida presupuestaria y de ahí se pasaba a Contaduría”. Además, indicó que no recordaba cómo se organizaba la disponibilidad de los cargos, ya que “nuestra intervención estaba en decir si correspondía o no”. Más adelante contestó que la decisión de designar personal venía del Poder Ejecutivo; y que el control sobre la viabilidad de presupuesto para cargos estaba en la órbita de Recursos Humanos.
A la contadora Correa se le exhibió un informe que respondió al entonces juez de Instrucción Héctor Toloy. La ex Directora de Administración del área del ministerio de Acción Social ratificó su respuesta a aquel oficio, y dijo que tuvo en manos la documentación que respalda lo escrito.
Enseguida, y ante una nueva pregunta de la fiscal, dijo no recordar si había recibido algún requerimiento por parte Diego Valiero, entonces Contador General de la provincia. La fiscal le informó que hay una nota en la que se hace referencia a “ciertas inconsistencias de nombramiento de agentes”.
La profesional también precisó que cuando estuvo en el cargo hubo alrededor de dos o tres decretos de designación de personal en Acción Social.
A su tiempo, la abogada Tradelli (Villaverde) citó un documento que se encuentra en el expediente, en el que consta que Correa pide autorización para realizar descuentos a los empleados a los que se le detectaron que estaban cobrando dos sueldos.
—¿La autorizó el ministro Villaverde para realizar los descuentos?—preguntó la letrada.
—Sí, porque sino no habría podido realizar ese informe.
Ante una nueva consulta, la ex funcionaria dijo que no cree que en el mismo mes que se designe una persona, se le dé de baja un contrato.
El presidente del Tribunal Alejandro Grippo pidió a la testigo ser más precisa al respecto. “No creo que una persona que haya estado contratada, y que se le haya dado de alta como personal de planta permanente, en el mismo mes se le dé de baja el contrato y no llegue desfasado por los procedimientos de la administración pública, porque tomaban intervención varios organismos: intervenía Recursos humanos, la Dirección de personal, la Contaduría, y no creo que se haya podido acusar la alta y baja en el mismo mes, eso me parece improbable”, respondió la contadora Correa.
El abogado Carbó, le preguntó si se podía utilizar el término ‘compensación’ para hacerle el descuento a alguien que se le pagaba dos veces. “Por supuesto, no se pagaba dos veces”, dijo Correa. Ante esa respuesta, la abogada Tardelli pidió dejar constancia en acta de la respuesta que la contadora había dado, pero el presidente del Tribunal la corrigió: “Ella dijo que cuando se pagaba dos veces se compensaba”.
No conforme, Tardelli le preguntó que si ‘compensar’ era evitar que haya un doble pago de sueldo. La testigo respondió que “en contabilidad es común que se den hechos posteriores al cierre, que se hagan ajuste. Si uno detectaba algún error enseguida procedía a hacer el descuento correspondiente para que el agente no cobre dos veces”.
Luego sostuvo que es posible que haya habido personas que fueron designadas en planta permanente, pero que se le seguían renovando los contratos de servicio, ya que las áreas podían no haber recibido la comunicación del decreto de nombramiento.
Al finalizar, el juez Grippo se interesó sobre ese punto. La testigo reiteró la explicación y se dio por terminada la segunda audiencia de debate.
Este miércoles será la tercera jornada del juicio, con la declaración de Eduardo González Alem, testigo ofrecido por el ex ministro Enrique Carbó. La audiencia comenzara a las 9,30.
Especial para Entre Ríos Ahora