El jefe de la Iglesia de Paraná, Juan Alberto Puiggari, se amparará en las prerrogativas legales y no concurrirá personalmente a declarar como testigo en el juicio que se sustancia en Gualeguay a la expriora del convento carmelita de Nogoyá, Luis Ester Toledo, acusada por privación ilegítima de la libertad agravada.
Puiggari avisó que declarará por escrito, el mismo camino que eligió cuando fue citado como testigo en el juicio al cura Justo José Ilarraz, condenado en mayo de 2018 a 25 años de cárcel por 7 casos de abusos y corrupción de menores ocurridos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, de Paraná.
El 10 de junio último Puiggari envió una comunicación a la Justicia a través de la cual hizo saber «que haré uso de las facultades previstas en el artículo 294 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, optando por prestar declaración testimonial por informe escrito bajo juramento de decir verdad». Declaró también por escrito en la causa del cura Ilarraz.
Puiggari fue citado para dar su testimonio el miércoles 19. Pero como las preguntas les serán enviadas por escrito, de momento no se sabe cuándo se leerán sus respuestas.
La causa de la monja carmelita de Nogoyá se inició en 2016 por la denuncia de dos ex monjas carmelitas que denunciaron las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurrían hacia el interior del carmelo y el modo insistente con el que Toledo les impedía abandonar la congregación. El juicio a la monja, que comienza este martes 11 en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, se extenderá durante los días 11, 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 29 de junio.
Entres los testigos citados está el arzobispo Puiggari, aunque en su caso deberá resolver si lo hace personalmente o por escrito.
El artículo 294 del Código Procesal prevé un “tratamiento especial” para los dignatarios de la Iglesia. Y dice textualmente: “No estarán obligados a comparecer: el Presidente y Vicepresidente de la Nación; los Ministros Nacionales, los Gobernadores y Vicegobernadores; los Ministros Provinciales; los del Poder Judicial Nacional y Provinciales; los de los Tribunales Militares; los Ministros Diplomáticos y Cónsules generales; los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia; los Intendentes Municipales; los Rectores de Universidades Oficiales y los Vocales del Tribunal de Cuentas”.
Así, prevé que la declaración en un juicio “podrá efectuarse mediante informe escrito dejando constancia en este último que deponen bajo juramento o promesa de decir verdad. Podrán renuncia a este tratamiento, y en tal caso, su testimonio se rige por las normas comunes”.
Eso dice la notificación por escrito que le llegó a Puiggari a través de la Policía.
No es el único miembro del clero citado por la Fiscalía para el juicio que arranca este martes 11 en Gualeguay.
También fueron citados los sacerdotes Jorge José Lorenzo Bonin, Jerónimo Zaragoza, José Paez, el exsacerdote Mariano Martínez, el cura Emanuel Bonetta y el obispo de Concordia, Luis Armando Collazuol.
Durante un tiempo, residió con la Congregación de Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing, una orden religiosa fundada por el monje alemán Andres Amrhein en 1885, que tiene una casa en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”,contiene el testimonio de dos excarmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.
Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.
Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.
Pero allí Toledo estuvo poco tiempo. Luego, fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.
Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.
Después, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.