La monja Luisa Toledo, expriora del convento de las monjas carmelitas de Nogoyá, acusada por el delito de privación ilegítima de la libertad, se sentará finalmente en el banquillo este martes en Gualeguay. Sus abogados, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, habían solicitado una revisión de último momento para confirmar si su estado de salud le permitía asistir al proceso.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay comisión al forense Miguel Nadalin para que viaje al convento de la congregación Hijas de San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside Toledo. Tras cumplir el trámite, el médico informó a la Justicia que la religiosa está en condiciones de asistir al juicio, y más todavía: Toledo pidió asistir a las audiencias que se extenderán hasta el 29 de junio.
Jorge Gamal Taleb, integrante de la Unidad Fiscal de Gualeguay, que llevará la acusación del Ministerio Público Fiscal, dijo que la Justicia buscó no repetir el «tratamiento indigno» que se dispensó a las denunciantes de Toledo ne el convento de Nogoyá, y que por eso se accedió al pedido de los defensores de la religiosa, y un forense viajó especialmente a Buenos Aires a evaluar su estado de salud.
Las audiencias de debate en Gualeguay fueron fijadas para los días 11, 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 29 de junio de 2019 y el tribunal estará conformado por los jueces Darío Ernesto Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez.
En principio, el juicio estaba previsto que arranque el martes 12 de marzo, pero los abogados de la religiosa, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, pidieron un aplazamiento en razón de un desmejoramiento en su estado de salud. Luego de una evaluación encargada al Departamento Médico Forense del Poder Judicial, y en función de la recomendación de reposo para Toledo, el tribunal dispuso que el juicio arranque el 11 de junio.
Toledo fue denunciada por dos exreligiosas del convento de Nogoyá por privación de la libertad y aplicación de tormentos.
Los elementos de «disciplina» que utiliza la congregación -se rige por constituciones de 1991- «afectan gravemente la integridad física de las religiosas», evaluó Taleb. «No nos olvidemos que las formas de tratamiento indignos eran múltiples. Había dispositivos que impedían hablar, había dispositivos con los cuales se autoflagelaban, pero no voluntariamente sino que eran sanciones impuestas, incluso más allá de lo que permitían las constituciones».
«Las sanciones impuestas a las religiosas tenían un plus de sadismo -contó Taleb en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1-. Y siempre eran en contra de la voluntad de las dos víctimas que efectuaron la denuncia. Yo no soy creyente. Soy un defensor de la vida humana. Y todas estas cosas no me gustan. Pero si hay consentimiento, el Derecho Penal nada tiene que hacer. Acá ese consentimiento no estaba. Las dos víctimas habían retirado su consentimiento. Se querían ir. Y quedaron ahí adentro en contra de su voluntad. Y esto es lo que le estamos reprochando a la monja Toledo».
Taleb dice que aún cuando una persona ingresa en una congregación religiosa, los derechos humanos deben respetarse. «Los derechos humanos no se pierden por el ingreso voluntario a un convento. Los derechos humanos rigen acá, en China, en Corea del Norte y en cualquier lado. Son normas universales», aseguró.
El rol de Puiggari
Taleb pone especial atención en el rol pasivo que tuvo el arzobispo Juan Alberto Puiggari en el control de lo que ocurría en el interior del convento carmelita de Nogoyá. «Iremos al juicio, escucharemos a los testigos y veremos si tuvo conocimiento o no de la situación que se estaba viviendo -afirmó-. Si había un conocimiento de lo que estaba pasando, y no se hizo nada, eventualmente puede haber responsabilidades penales a investigar».
-¿Se lo va a citar a Puiggari?
-Está citado como testigo por la Fiscalía. Es el testigo número 18 de la Fiscalía.
-¿Declara por escrito?
-Veremos. Todavía no ha manifestado nada.
-¿Qué tipo de delito se le podría imputar a Puiggari si se confirma la omisión?
-Vamos a escuchar qué dicen los testigos en el juicio. Si surge que había un conocimiento claro de que las monjas se querían ir y no se les permitió, analizaremos las responsabilidad. En Derecho Penal existe lo que se denomina como posiciones de garante, que permiten imputar la responsabilidad por omisión.
-¿Puiggari conocía y no dijo nada?
-Yo lo planteo en forma hipotética. Quiero ir al juicio para escuchar a los testigos y ver qué información fidedigna sale de ese juicio. Conjeturalmente se puede hacer una distinción entre el encubrimiento y la comisión del delito. Con el encubrimiento se encubre el delito de otro. Otra cosa es la comisión por omisión en función de una posición de garante. No se encubre el delito de otro, sino que se incurre en un delito propio, de privación de la libertad. Es un delito más grave que el encubrimiento. El encubrimiento tiene una pena de 2 años, y la privación ilegítima de la libertad agravada tiene una pena de 2 a 6 años.
-¿El juicio va a ser público?
-A mí me gustaría que sea público, porque es bueno conocer estas instituciones oscuras, donde parece que la ilustración no ha llegado, y donde las prácticas son medievales. Es bueno que se conozca lo que pasa en una institución que está en nuestra sociedad, en este caso en Nogoyá. Pero también tengo el deber de evitarla revictimización, y si las víctimas desean un debate a puertas cerradas, lo plantearemos al tribunal.
El inicio
La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”,contiene el testimonio de dos excarmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.
Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.
Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.
Pero allí Toledo estuvo poco tiempo. A mediados de diciembre del año último fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.
Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.
Finalmente, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos. Pero ahora volvió a mudarse: está con la congregación Hijas de San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.