En la segunda jornada del juicio oral al exintendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), quien está siendo juzgado por el supuesto delito de peculado, declararon nuevos testigos. Fueron cuatro los testimonios, pero tres fueron los más interesantes de la jornada.

La audiencia comenzó a las 15 y culminó a las 19. Hoy respondieron preguntas de las partes el intendente radical Darío Schneider; la contadora auditora Carolina Galuccio, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); Oscar Derfler, exempleado del área de Desarrollo Social; y el contador del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enrique. Estos tres últimos fueron los testimonios más relevantes.

La primera dio cuenta de la detección de irregularidades en los procesos administrativos para la compra y entrega de materiales a vecinos de la ciudad. En tanto, el empleado contó cómo era el trámite de compra de los materiales que luego distribuía y confirmó que anotaba en un cuaderno cada operación. Por último, el contador de la Fiscalía explicó su informe y una pregunta de la defensa lo hizo tropezar.

En el juicio se discute la presunta distribución -por parte de Robles y otros dos funcionarios- de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”. La causa se inició en 2016, tras una denuncia del actual intendente de la localidad, Darío Schneider (Cambiemos).

En la causa también están acusados la exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y el exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel. Para Robles hay un pedido de pena de 4 años de cárcel y para sus exfuncionarios de 3 años y 6 meses de cárcel.

Según la tesis acusatoria, los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140. 

La auditora

Al presentarse ante los jueces Pablo Vírgala, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, la profesional especificó que está especializada en Auditoría y es Jefa de Trabajos Prácticos de esa cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, de Santa Fe.

Consultada por los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovani, Galuccio mencionó que en la auditoría que realizó durante los primeros meses de 2016 “halló déficit en el municipio, diferencias de fondos fijos, subsidios que se otorgaron y que no cumplían con una ordenanza de procedimiento de compras y contrataciones, entre otras cosas”.

Sobre la justificación de entrega de materiales, dijo que “no se verificó un informe socioambiental” que avale que las personas que solicitaban los materiales realmente los necesitaban. Además, advirtió que “se realizaron compras directas superando el límite permitido por la ordenanza 03/2003, que era de 3 mil pesos”. “Una vez superada este monto se debía informar al Concejo Deliberante”, subrayó.

El intendente y el empleado

Por la tarde también declararon el actual intendente, Darío Schneider (Juntos por el Cambio), quien recordó cómo se detectaron facturas que, a su entender, eran irregulares y provenían de conocidos corralones de la localidad.

“Cuando asumimos llegaron una cantidad de facturas a mi escritorio para la autorización del pago y me llamó la atención que eran por montos importantes. Llamaba la atención que eran todas facturas de compras de materiales. Algunas de ellas tenían escrito adelante la dirección a donde debía remitirse el material. Con esto, se investigó y caímos en la conclusión de que estas compras debieron hacerse respetando la ordenanza 03 de 2003, que indica que debe haber un informe social. No había ningún tipo de acto administrativo que entregara esos materiales a quienes lo recibían”, se explayó.

A su tiempo, Oscar Derfler, exempleado del área de Desarrollo Social –hoy en otra repartición del Estado municipal-, comentó que se ocupaba de la compra de los materiales en los corralones y precisó que tenía su propio cuaderno donde llevaba un registro de las operaciones: consignaba los nombres de los beneficiarios, fechas de entregas, montos de las compras y direcciones de domicilios y otros datos personales.

“En el tema de materiales, cuando la persona pedía la hacíamos ingresar a hablar con las asistentes sociales”, dijo el empleado.

Además, aseveró que las autorizaciones de compras de materiales llegaban a veces con la firma del exsecretario de Gobierno, José Waigel, o de la exsecretaria de Hacienda, Leonor Evangelina Winderholler.

“Las autorizaciones las imprimían los jefes. Después, del área de Suministros me las entregaban a mí para que vaya a comprar los materiales y, por último, el corralón distribuía a cada domicilio”, precisó.

Asimismo, al ser consultado por la Fiscalía, admitió que durante la investigación penal preparatoria sostuvo que “a fines de 2015 notó un crecimiento en las compras porque más gente pedía y más se entregaba” y que ello se dio “antes del cambio de gestión de gobierno”.

El tropiezo del contador del MPF

El último en declarar fue el contador de la Fiscalía, Héctor Enrique, quien dio cuenta de su informe técnico en el que concluyó que hubo un perjuicio al erario público de alrededor de $953.227 mil.

Lo más llamativo de su testimonio se dio cuando el abogado defensor Guillermo Vartorelli lo hizo tropezar ante el Tribunal:

– ¿La ordenanza 03 era aplicable para la entrega de materiales? -quiso saber el letrado.

-No -dijo Enrique.

A raíz de que su respuesta fue casi inaudible, por encontrarse lejos del micrófono, rápidamente, el abogado Miguel Ángel Cullen remarcó lo dicho al Tribunal. “Que conste que dijo que no”, se apuró. Al finalizar, Vartorelli volvió sobre el punto.

-Le pregunté hace minutos si se encuadraba la entrega de materiales en especie a la norma 03 y usted dijo claramente que no.

-No, usted me dijo si contemplaba. Que es totalmente distinto a la reformulación de su pregunta.

Con esa respuesta, que dejó más dudas que certezas, el letrado dio por terminado su interrogatorio y el juez Vírgala abrió un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora