Cuatro dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), tomaron la palabra en el cierre del juicio en su contra por supuestas coacciones agravadas en perjuicio de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.

Quienes dirigieron la palabra al tribunal integrado por Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala, fueron Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN; María Ester Santamaría, Zunilda Suárez y Fabián Monzón, secretario adjunto del sindicato y director del Iosper. A su vez, también habló el exministro de Salud Ariel De la Rosa.

Pero fue Monzón quien dio la nota en el cierre de la extensa jornada que se desarrolló este lunes, que empezó a las 17,30 y concluyó pasadas las 21. Y es que el dirigente se desbordó ante los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, quienes formularon las acusaciones. “Ustedes tienen un mandato, a ustedes les pagan con nuestros impuestos y como les pagan con nuestros impuestos, también deben cumplir con nosotros, que también necesitamos ser defendidos”, lanzó el dirigente, que se dirigió de frente a los acusadores.

Esa actitud intempestiva le valió un rápido llamado de atención por parte del presidente del Tribunal, Alejandro Grippo, quien le recordó que sus últimas palabras debían ser hacia el Tribunal que lo juzga y no hacía los fiscales. Monzón, advertido de su desborde, pidió disculpas y retomó su discurso.

Unos minutos antes hablaron otros de sus compañeros enjuiciados. La primera en tomar la palabra fue Carina Domínguez, que defendió el trabajo sindical y negó que su gremio que actúa de modo patoteril.

“Los señores fiscales han visto en esa situación una directora de hospital que siente diversas emociones en razón de lo relacionado con el sindicato UPCN. Nosotros los que vemos es a una trabajadora que ha quedado sin trabajo y que estaba en estado de desesperación y nosotros no podemos permanecer aparte. Si las organizaciones sindicales no estamos para ver esto me pregunto para qué estamos. Qué es lo que tenemos que hacer como sindicato cuando se decide en forma injusta en relación a la actividad sindical que desarrollaba –por Yanina Migueles-: ¿quedar esperando y mirando a ver qué es lo que sucedía?”, se preguntó Domínguez.

Por otro lado, planteó: “He escuchado que mi sindicato ha actuado en forma violenta o patotera. Niego que mi sindicato sea eso. Mi sindicato es otra cosa: es una organización que ha logrado tener una escuela secundaria propia para los empleados públicos, que impulsó la ley de violencia laboral para proteger a los trabajadores de los abusos de poder que había en la administración pública; es una organización que impulsó la ley del empleado público y las convenciones colectivas de trabajo. No puede ser mi sindicato lo que acusan los señores fiscales”.

Luego tomó el micrófono Noemí Ester Santamaría, quien, con la voz entrecortada por los nervios, sostuvo: “No pensé en ningún momento que podíamos llegar a esta situación. Esta práctica para nosotros no es patoterismo, sino totalmente un trabajo gremial”, dijo y agregó que “si tenemos que estar enjuiciados por eso tenderemos que estar enjuiciados todos los días, depende como lo tome la persona que está frente a nosotros”.

En ese marco, la dirigente reflexionó que si el Tribunal llega a condenarlos, se podría marcar un antecedente complicado para las organizaciones sindicales: “Si se toma una determinación como pretenden los fiscales el sindicato no podría obrar porque todo sería coacción. Me parece que deberíamos ver las situaciones de los compañeros, uno hace una actividad gremial en defensa de los trabajadores”.

Asimismo, se refirió a Yanina Migueles, al enfermera y delegada gremial por la cual arribaron al hospital en junio de 2017 para reclamar su reinroporación: “De nuestro lado vimos una compañera que perdía su trabajo, que lloraba, que quiso suicidarse, que se fue del país porque después de que fuimos enjuiciados, la compañera fue sometida a un montón de circunstancias. Ella ahora vive en Perú. Qué justicia tenemos, cómo vamos a defender a un trabajador si tenemos que pedir permiso”, analizó.

Por último, reiteró: “Estos sentaría un precedente donde los sindicatos deberían dejar de funcionar porque todo sería coacción. Toda defensa al trabajador seria coacción”.

En tercer lugar habló Zunilda Suárez, otra de las sindicalistas acusadas de coacciones. “No la conozco a la señora Trossero, no conozco su despacho, nada. Sólo sé que el señor que está enfrente mío –por el fiscal Laureno Dato-, el señor (Gilberto) Robledo – fiscal de Diamante- y otra señorita que no sé cómo se llama (la fiscal Mariana Darrichón), dieron la orden de que estaba detenida. Estuve tres días detenida, incomunicada y no sabía por qué”, manifestó casi entre lágrimas.

Enseguida tomó la palabra el exministro de Salud Ariel de la Rosa, que reafirmó que entiende que no apretó a la directora Trossero, y que actuó cumpliendo su deber de funcionario público. El exfuncionario sostuvo que sólo se molestó con su subalterna porque pensó que lo estaba grabando o que había puesto en alto voz su llamado del martes 6 de junio de 2017.

Finalmente, tomó la palabra Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y director del Iosper. A diferencia de sus compañeros, el dirigente tomó otra actitud hacia los fiscales, a quienes se dirigió con una actitud de orden.

“Acá el Ministerio Público Fiscal ha querido de todas las maneras posibles hacer ver que la acción llevada adelante, que hace muchísimos años bregamos por los derechos de los compañeros, era una actitud reprochable”, arrancó.

Y enseguida tomó las palabras del abogado de Julio Federik, quien minutos antes había afirmado que en el caso no se observa que haya existido un delito. “Señores fiscales, ustedes tienen un mandato. A ustedes le pagan con nuestros impuestos y como le pagan con nuestros impuestos también deben cumplir con nosotros, que también necesitamos ser defendidos”, les reprochó.

Al advertir la actitud de Monzón, el presidente del Tribunal, Alejandro Grippo, le advirtió que debía hablar hacia el frente de la sala, es decir, hacia los tres jueces que lo juzgan. Acto seguid, el dirigente pidió disculpas y cerró su alocución refiriendo que sólo defendieron a la enfermera Miguelez, y que nunca entorpeció el trabajo de los agentes de policía que lo detuvieron a él y sus compañeros gremialistas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.