Finalmente llegó el día. Este martes, a las 8, el juez Correccional N°1 de Paraná, Pablo Vírgala, dará su veredicto en el sonado juicio que puso en el banquillo de acusado al empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público.
El juicio oral y público se desarrolló el lunes 15 y martes 16 en los Tribunales de Paraná. El primer día del debate el fiscal Alejandro Cánepa formuló la acusación: haber introducido, el 1° de octubre de 2012, la aseveración de que no era funcionario provincial en una declaración jurada ante el Registro de Proveedores de Entre Ríos, a pesar de que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como coordinador, ad honorem, de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo.
El Ceicer estaba bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Báez, hoy diputado provincial del FPV.
La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite de registración omitió decir que era funcionario provincial.
El 7 de noviembre, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el decreto Nº 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó.
Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012, su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial $220.000 por haber llevado estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Lo curioso del caso fue que a la licitación realizada por la Dirección de Turismo Social, dependiente del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, sólo se presentó un oferente: Barreiro.
La investigación judicial en torno a esa falsedad de datos aportados al Estado por el empresario conocido como Jardinero K se inició en 2013, tras la denuncia del abogado Guillermo Mulet, quien se apoyó en artículos periodísticos que dieron cuenta de la presencia de Barreiro en el Gobierno de Urribarri.
Barreiro fue procesado en 2014 y la causa fue elevada a juicio en noviembre de 2015 por la fiscal Viviana Ferreyra, quien, además, descartó ampliar la imputación a negociaciones incompatibles con la función pública. Para el letrado denunciante, esa decisión anuló la posibilidad de investigar si la licitación fue direccionada por funcionarios del gobierno de Urribarri.
Barreiro tiene 60 años –los cumplió el pasado 18 de mayo-, y es un empresario del transporte y turismo, licenciado en Administración de Empresas y docente en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Pero se lo conoce por sus vínculos con la familia Kirchner.
El lunes pasado declararon en el juicio el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, el ex ministro de Turismo y hoy representante de Entre Ríos en Buenos Aires, Hugo Marsó; y el ex titular del Ceicer, Sebastián Lorenzo. Báez admitió que firmó el decreto de designación de Barreiro pero aseguró que no le informó de ello a Lorenzo, ni a Marsó.
En tanto, Lorenzo aseguró que pidió un cargo para su amigo de militancia para que realice gestiones a nombre de la provincia ante funcionarios nacionales, pero dijo que creyó que nunca se había concretado el nombramiento.
El fiscal Cánepa consideró como una “ofensa a la lógica” esas justificaciones de Lorenzo y Marsó y tildó sus declaraciones de mentirosas.
La defensa de Barreiro, a cargo del ex diputado nacional peronista y ex convencional constituyente, Raúl Barrandeguy, y su socio Candelario Pérez, pidió la absolución del empresario bajo el argumento de que no falseó datos en el Registro de Proveedores por cuanto no conocía de su designación como funcionario.
En el turno de los alegatos, Barrandeguy atacó a la prensa por el mote de “Jardinero K” que se le puso a su cliente y consideró que el proceso contra Barreiro tuvo motivaciones políticas.
En sus últimas palabras ante el juez Vírgala, Barreiro dijo que cree en la democracia y en la justicia y pidió que “esto no se transforme en un circo romano o en la Inquisición, donde se acusa con un dedo y se ejecuta con otro dedo”.
Tras las palabras del empresario imputado, el magistrado le aclaró: “Quiero que sepa que si mi sentencia es condenatoria o no se va a basar en los hechos. Me parecen despreciables los calificativos de `El Jardinero K´; para mí, es absolutamente irrelevante, yo no lo juzgo a usted por quien dicen que es”. El veredicto se conocerá a las 8 este martes.
Especial para Entre Ríos Ahora.