El Poder Judicial de Entre Ríos divulgó este lunes una estadística sobre realización de jucios por jurados en toda la Provincia y un detalle de los debates por venir, con dos datos significativos: el costo económico que tiene la realización de cada proceso y la falta de estructura y de personal que existe.
En los fundamentos de la Ley 10.746 de Juicios por Jurados, la Legislatura expresó que la implementación del juzgamiento por jurado popular era “estructuralmente posible y económicamente viable”, debido a que se calculaba que se llevarían a cabo alrededor de 10 a 15 juicios por año. No obstante, observó la Justicia, las estadísticas demuestran que un período anual conlleva la realización de casi 40 juicios en toda la provincia, lo cual torna sumamente complejo cumplir con las exigencias, ya que no se cuenta con la estructura ni los medios necesarios, señalan desde la Justicia.
Y agregó un dato: desde la implementación del sistema de juicio por jurados sólo fueron creados dos cargos para atenderlo, apuntaron.
El 1° de julio, el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia, envió una nota al secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, en la que transmitió “la preocupación de este Tribunal para hacer frente estructural y presupuestariamente a la totalidad de juicios por jurados que se encuentran pendientes de realización”.
Luego de dar una serie de números sobre la realización de juicios por jurados, Carubia hace notar que “este Poder Judicial ha debido extremar todas las medidas tendientes a garantizar la concreción de la mayor cantidad de juicios posibles, readecuando al máximo los recursos técnicos y humanos existentes, incluso reasignando funciones”.
El supremo hizo notar que el artículo 46° de la Ley de Juicios por Jurados establece que cada jurado debe percibir una compensación, que por día y por los 16 jurados equivale a la suma de $1.527.364,48.
Al respecto, y para hacer frente a esas erogaciones pidió “un urgente abordaje conjunto en aras de continuar garantizando el real y efectivo servicio de justicia, por lo que cabe a este tribunal, por medio de la presenta, instar a una pronta y eficiente solución legislativa”.
Este martes se reúne en la Cámara de Diputados la Comsión de Asuntos Constitucionales para tratar un proyecto del Poder Ejecutivo que apunta a reformar el artículo 2° de la Ley de Juicios por Jurados. Entre otros, han sido invitados el presidente del STJ, Leonaro Portela, que no asistirá; tampoco estará presente el penalista Damián Petenatti, que representa a la Asociación Pensamiento Penal, entidad que también fue convocada; y está en duda la participación de María Marta Simón, presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Sí lo hará el presidente de la Sala Penal del STJ, Daniel Carubia, y los titulares de los Ministerios Públicos, Jorge García, por la Procuración, y Maximiliano Benítez, por el Ministerio Público de la Defensa.
Juicio por jurados: los fiscales ponen reparos en abusos y violencia de género
Hay un sector de la Justicia que apoya el cambio legislativo que impulsa el Ejecutivo sobre la Ley de Juicios por Jurados, y lo justifican en la necesidad de descomprimir el sistema y que no haya tanta espera. «Cuando sancionaron la ley, lo advertimos: si no ponían una pena en abstracto de más de veinte años, se les haría un embudo imposible de solucionar. Según nuestros números, son 182 los casos pendientes de juicio por jurados, y se hacen más o menos 20 por año. Aunque aumenten significativamente el trabajo, ello genera un efecto bola de nieve, con nueve años de espera . La necesidad de sacar aquellos casos de veinte o menos permitiría excluir los abusos sexuales agravados, que tienen ese máximo de veinte años, y que hoy tiene gran cantidad de casos en espera , además de las tentativas de homicidio. Es decir, es una buena descarga para la manda convencional de juicios en plazo razonable, sobre todo en casos de violencia contra la mujer donde siempre existe el riesgo de femicidio. No tiene nada que ver con una política criminal antijurados, si no al contrario, de garantizar el éxito de ese sistema que como en todo el mundo coexiste con el juicio tradicional con magistrados», dicen.
Críticas al proyecto del Ejecutivo
La reunión de comisión hoy en Diputados es parte del análisis del proyecto que envió el Poder Ejecutivo por el cual pretende una modificación de la Ley N° 10.746 que regula el funcionamiento en Entre Ríos del sistema de juicio por jurados. La idea apunta sólo a la modificación del artículo 2°.
La nueva redacción de ese artículo dice: «Competencia. Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de más de 20 años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, cuando al menos uno de ellos tuviere prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable, sin perjuicio de que son
admisibles las formas alternativas de resolución de los conflictos hasta la audiencia del artículo 25° de la Ley 10746”.
La idea, según reprocharon desde la Asociación Pensamiento Penal, de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados y del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, genera «profunda preocupación» por cuanto «se busca restringir de manera abiertamente inconstitucional la competencia del juicio por jurados». Al respecto, señalan: «La propuesta, originada en un sector minoritario del Poder Judicial, es flagrantemente inconstitucional, ya que limita el derecho de la ciudadanía a participar en la administración de
justicia penal que reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Canales (2019) y porque afecta el derecho de víctimas e imputados a ser juzgados por los jueces naturales establecidos por la Constitución
Nacional: los jurados populares».
«La única opción que tiene el legislador, en ese caso, es seguir ampliando la competencia, como recientemente decidió la Legislatura de Mendoza. De ser aprobada, la ´solución´ que proponen el Poder Judicial y los Ministerios Públicos será, paradójicamente, repudiada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación», plantean y agregan: «La Constitución prohíbe tres veces a los jueces profesionales tener la última palabra en los juicios criminales (…). La tradición inquisitorial heredada de la Colonia de España demoró más de un siglo la plena vigencia de este mandato constitucional. Pero hoy en día, gracias a las 11 leyes sancionadas en la última década, más del 75% de la población del país vive en una provincia en donde los jurados son una realidad. Además, el
Congreso Nacional se apronta a tratar una Ley Federal de Juicio por Jurados obligatorio para los delitos graves con apoyos transversales de todos los bloques legislativos y del propio Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, el proyecto presentado a la Legislatura entrerriana no sólo va a contramano de la Constitución, sino también de la Historia».
Qué dice el proyecto del Ejecutivo
La redacción actual de ese artículo 2° que el Gobierno planea cambiar, dice: «Competencia.-Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de 20 o más años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, cuando al menos uno de ellos tuviere prevista una pena máxima en abstracto de 20 o más años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable, sin perjuicio de que son admisibles las formas alternativas de resolución de los conflictos hasta el momento inmediatamente antes de la fijación de la audiencia de voir dire para seleccionar al jurado».
Juicio por jurados: tildan de «inconstitucional» proyecto del Ejecutivo
La modificación, aunque semántica, tendrá consecencias. «La modificación -explicó un conocedor del sistema de juicios por jurados- es que en la competencia se elimina el ´20 años o´, y queda entonces para los delitos de más de 20 años». Y agregó: «Con esa modificación queden solo de competencia de jurados los homicidios simples y los agravados consumados».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora