El Procurador General de la Provincial, Jorge Amílcar García, ya firmó su dictamen, un pronunciamiento clave en la etapa final del proceso de jury por mal desempeño que se sigue al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi.

Rossi está suspendido en su cargo desde el 7 de diciembre último, y se le retiene el 30% de su salario, luego de la resolución dividida que adoptó el Jurado de Enjuiciamiento que dispuso formar causa en su contra, por supuesto mal desempeño y falta de idoneidad.

Fuentes de la Procuración explicaron a Entre Ríos Ahora que el dictamen de García es “sólo un procedimiento fomal”, porque en realidad el proceso ya se abrió al juez Rossi. “Esta decisión que dictó el Jurado de Enjuiciamiento por mayoría ya es un antejuicio. La Ley del Jury establece que el Procurador tiene la obligación de acusar; pero esa ley es anterior a la reforma de la Constitución. Y el texto de la Constitución establece que la Procuración tiene autonomía y no recibe órdenes. Si se entendiera literalmente el espíritu de la ley, el Procurador tendría la obligación de acusar. Pero se lo estaría obligando a mantener acusación en desmedro de lo que la Constitución establece, que da autonomía al Ministerio Público Fiscal, en su artículo 27”, explican desde Tribunales.

El dictamen del Procurador, entonces, buscó resolver esa “paradoja”, y lo que hace es no acusar, pero tampoco oponerse a la resolución por mayoría del Jurado de Enjuiciamiento.  “El dictamen de la Procuración abre una llave formal que permite ir a plenario, y llevar la causa a juicio. Pero el tribunal, en este caso el Jurado de Enjuiciamiento, es soberano para decidir si condena o absuelve. Ya tomó una primera decisión: encontró que hay elementos para llevar a Rossi a juicio. El Procurador lo que hace es no oponerse a ese juicio. Aunque no tiene ninguna obligación de acusar en esta instancia. Así pues, la postura del Procurador se conocerá durante el plenario en sí, en el momento del juicio”, señaló la fuente consultada.

“Independientemente de cuál sea la postura del Procurador, la ley impone el deber de no obstaculizar la llegada de la causa a juicio. Ese es el punto central del dictamen”, subrayan.

Ahora, lo que sigue es el traslado del expediente del jury a la defensa del juez Rossi, a cargo e los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, que tendrán un plazo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento.

La audiencia formal del juicio al juez Rossi será el momento en el que cada una de las partes hará pública sus posturas, el ofrecimiento de pruebas y la discusión en torno si el magistrado incurrió o no en mal desempeño.

Concluidas esas dos instancias, el Jurado deberá admitir las pruebas de las partes y fijar las audiencias para el juicio que será oral y público, según se desprende de la Ley N° 9283 que reglamenta el Jurado de Enjuiciamiento. No obstante, la norma también prevé que el Tribunal decida realizar las audiencias a puertas cerradas “cuando así convenga por razones de moralidad y orden público”. El proceso será largo: seis meses hasta que el Jurado dé un veredicto por la absolución o la destitución del magistrado.

 

El caso Rossi

Rossi fue denunciado por mal desempeño y falta de idoneidad por haberle otorgado la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner,  el 1º de julio de 2016, y quien en abril de 2017 asesinó a Micaela García en Gualeguay.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió, el 7 de diciembre, abrir causa contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi.  La resolución implicó, además, correrle traslado al Procurador Jorge Amilcar García para que en 15 días formule la acusación; y la suspensión del magistrado en su cargo, más la  retención del 30% de su sueldo.

El magistrado tiene siete denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de una decisión polémica: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. Si Wagner seguía en prisión recién iba a salir a las calles el 16 de julio de 2018.

Nueve meses después de la resolución del juez Rossi, el 1° de abril de este año, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. El caso conmocionó al país, y sobre todo al movimiento de mujeres que se movilizó bajo la consigna #NiUnaMenos. En Entre Ríos, el rostro del juez fue parte de las pancartas que se exhibieron en el Poder Judicial, junto al rótulo de “cómplice”. El 17 de octubre pasado, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”. Su jefe Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.

Suspendido en su cargo y sometido a jury, el juez Rossi enfrenta ahora el proceso central: la acusación del Procurador. Una de las siete denuncias en contra del magistrado la formuló la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, que este viernes hizo una petición:  la necesidad de incorporar a “testigos de contexto”, es decir expertos en el tema de violencia de género quienes podrán aportar datos sustanciales en el proceso de jury iniciado al juez Rossi.

La abogada Candela Bessa dijo que obtuvieron una respuesta positiva del procurador García. “En su acusación, el procurador tiene la facultad de pedir testigos. Esos testigos van a aportar todos los datos sobre las necesidades que la ciudadanía reclama para el accionar de las instituciones”, indicó. Al respecto, Bessa indicó a Entre Ríos Ahora que son dos los expertos propuestos: Rita Segato, que es antropóloga y trabaja mucho sobre la punibilidad y contrasta sus estudios sociales con las teorías del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y Enrique Stola es médico psiquiatra y psicólogo. Ambos son expertos en violencia de género, y han participado como peritos en juicios.

El Jurado de Enjuiciamiento que votó abrir un proceso contra el juez Rossi no tuvo una postura unánime sino que hubo disidencias. Uno de los que se mostró en contra fue el presidente del Jurado, Daniel Omar Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien opinó que la decisión de Rossi fue coherente y fundamentada. “Ese resolutorio se constata seria y calificadamente fundamentado y la decisión adoptada deriva coherentemente de las razones invocadas por el juzgador, las cuales responden a las concretas constancias comprobadas de la causa y a una interpretación de los hechos y el derecho aplicable que no se revela irrazonable sino, por el contrario, conteste con criterios jurisprudenciales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y otros”, escribió.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.