Jorge Gamal Taleb, fiscal coordinador de las jurisdicciones Victoria, Nogoyá y Gualeguay, denunciado por supuesto mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento por una ciudadana de nombre Giovana Magalí Leizza, esposa Julio Fabricio Alva, condenado por abuso sexual con acceso carnal, cuyo abogado defensor es Carlos Guillermo Reggiardo, letrado a quien el integrante del Ministerio Público Fiscal señala como autor intelectual de la presentación ante el Jury.
Taleb presentó su descargó este lunes ante el Jurado de Enjuiciamiento y después fue recibido por parte de la conducción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gaspar Reca, Elisa Zilli, Noeli Ballhorts y Rafael Cotorruelo.
Taleb fue recibido este lunes por la Asociación de la Magistratura.
«Al tomar contacto con la denuncia y su documental, no sólo su contenido disparatado, su precaria sintaxis y sus giros lingüísticos me confirman la autoría intelectual que he venido afirmando; también lo hacen, ya sin margen a dudas o especulaciones del entendimiento, de un lado, el admitido vínculo personal de la denunciante con su pareja condenada por abuso sexual con acceso carnal, el Sr. Julio Fabricio Alva, y del otro, el vínculo personal y profesional de éste con su abogado defensor: sí, Carlos Guillermo Reggiardo», dice el escrito de Taleb.
La condena al esposo de la denunciante tiene fallo de primera instancia y confirmación en Casación y, dice el fiscal, nunca intervino en ese caso por lo cual le resulta incomprensible el citado mal desempeño. «Así pues, el conflicto de intereses es inocultable: el Dr. Reggiardo es el abogado del condenado por violación Julio Fabricio Alva; ambos, junto con la pareja de este último, la denunciante Giovana Magalí Leizza, tienen interés en que se revise mi (no) actuación funcional en dicha causa ¡que tiene condena y confirmación dictadas por Tribunales de nuestra Provincia! Por otro lado, el Dr. Reggiardo es abogado personal de la Senadora Díaz en la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue a ella. Asimismo, Díaz y Reggiardo tienen una común relación de filiación política dentro de una facción del Partido Justicialista, que ha denunciado con persistencia la inverosímil existencia de una ´Mesa Judicia´” (variante: han dicho mafia también), sea lo que sea que ello pueda buenamente significar en el uso del (así castigado con hipostatizaciones absurdas) lenguaje público», agrega el descargo de Taleb.
Así, da intervención a un nuevo actor en la escena: en realidad, una nueva actora, la senadora Patricia Díaz, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), ambos investigados por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
En su descargo, Taleb recusa a la senadora Díaz -que no se apartó y dio curso a la denuncia contra el fiscal-, que se declare «la nulidad de lo actuado por ella»; y el rechazo ´in límine´de la denuncia.
Taleb cita a Jorge Luis Borges para señalar que detrás del escrito de recusación está el abogado Carlos Reggiardo, que ya ha denunciado al fiscal Álvaro Piérola, cuyo planteo fue rechazado ´in límine´y por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento. Así, sostiene el fiscal que el texto de la denuncia en su contra «lleva la firma de quien en verdad resulta ser instrumento fungible – pero no por ello menos responsable, en un mundo de personas libres- de su autor mediato (de escritorio, en el mejor de los casos), mismo que ha ´despachado´ una nueva presentación ante el jury, o, en términos más borgeanos, quien ha cometido la denuncia; me refiero, claro, al Dr. Carlos Guillermo Reggiardo. Y, tal como suele suceder con los escritos y alocuciones de este letrado, la denuncia entrelaza, en forma enrevesada y sin consistencia jurídica, difamaciones, calumnias, tergiversaciones, hechos jurídicamente irrelevantes y enojos con decisiones judiciales que, en cada caso invocado, tienen o fuerza de cosa juzgada o, al menos, doble conforme convencional, encontrándose en trámite la vía extraordinaria. Junto con ello, se me pretenden atribuir acciones u omisiones – sin dudas, legítimos – de terceros, por los cuales no puedo ni debo responder. Parafraseando a Borges, el responsable intelectual del escrito de denuncia se empeña en ´fatigar la infamia´”.
Taleb justificó la recusación de la senadora Díaz. Al respecto, subraya que «en consecuencia, la Senadora y Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Sra. Patricia Díaz, se encontraba en situación de tener que inhibirse, toda vez que aquél era, al mismo tiempo, su abogado personal en una causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue a ella. En la medida en que se había impulsado el proceso estando inmersa en tal circunstancia que la obligaba a apartarse desde el minuto uno del procedimiento, mi petición tenía como objetivo garantizar el deber de imparcialidad del órgano encargado del juzgamiento de magistrados y funcionarios, y trataba de precisar con el acceso a tales piezas si efectivamente era el caso que la Senadora debía excusarse». Pero la senadora no se apartó. Le respondió que su plantea era «improcedente».
Fuerte condena de la Asociación de la Magistratura a los pedidos de jury y recusaciones
Taleb cita causas en trámite en las que interviene Reggiardo como defensor, da vueltas en torno a la situación judicial de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento y concluye: «Esto sólo debió mover a la Senadora Patricia Díaz a resolver su inhibición, ante el grave señalamiento de que estaba en juego el deber de imparcialidad. No obstante, a pesar de que se hubo de poner de manifiesto que existían tales indicadores de riesgo sobre su falta de objetividad debido al mentado vínculo suyo con el Dr. Reggiardo, ella misma resolvió per se, sin dar intervención al pleno del Cuerpo como fue requerido, e instó el impulso del procedimiento con una celeridad que no he visto (en menos de dos días ya había ordenado que se me corriera vista). Esto por sí sólo es una nueva muestra de que ella carece de la imparcialidad requerida por el sistema interamericano de protección a los derechos humanos al momento de evaluar y juzgar a los magistrados y funcionarios judiciales, conforme lo explicaré más abajo».
El escrito desgrana después los argumentos que desacreditarían cada uno de los cargos que se le imputan en la denuncia, y que mezcla actuaciones judiciales con asuntos de la vida privada de funcionarios judiciales.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora