El juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem, fue sometido a un Jurado de Enjuiciamiento desde el 15 al 18 de marzo en los Tribunales de Paraná. A más de un mes de las audiencias, aún no se dio a conocer su veredicto. Las opciones son dos: destitución o absolución.
El magistrado fue acusado de violencia de género, maltrato y hostigamiento laboral en perjuicio de la secretaría Dolinda Sabina Almada y la escribiente María Carolina Almeida. Ambas se presentaron en el jury y relataron los hechos de violencia que sufrieron.
El Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por el senador provincial Armando Gay; e integrado por el vocal del (STJ), Daniel Omar Carubia; la vocal de la Cámara de Casación Penal, Marcela Davite; el vocal de la Cámara Tercera Sala II, Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni. Actualmente, ya han emitido su voto seis de los siete integrantes. El plazo para dar el veredicto termina los primeros días de mayo.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el abogado Campos descartó que exista una demora para resolver en la causa: “Los vocales están elaborando los votos”, afirmó.
“No hay nada que no esté dentro del procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento. Estamos todos dentro de los plazos legales de enjuiciamiento de magistrados. No hay ningún tipo de cosa fuera de lo común”, agregó.
En cuanto a cómo se realiza el proceso de votación, explicó: “Hubo una serie de deliberaciones sucesivas en las que discutimos distintos aspectos. La mayoría estuvimos en la reunión de forma presencial y dos vocales lo hicieron por Zoom. Luego comenzamos a elaborar cada uno su voto, pero hasta ahí puedo comentar”.
Mientras el jurado define su veredicto, el juez Salem aún se encuentra suspendido de sus funciones. Esa decisión se tomó el 11 de noviembre de 2020, cuando el organismo juzgador resolvió avanzar con la denuncia.
Qué dice la Ley sobre el plazo para el veredicto
Según el artículo 36 de la Ley 9.283, que reglamenta el Jurado de Enjuiciamiento, el jurado «deliberará en Sesión Secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de las libres convicciones resolviendo sucesivamente todas las cuestiones planteadas por mayoría. Los Jurados emitirán sus votos sobre cada una de las cuestiones».
«La sentencia será dictada dentro de un término perentorio de treinta (30) días corridos desde que la causa quedare en estado y deberá ser fundada resolviendo la absolución o destitución del acusado», se especifica.
Enseguida, se precisa que «en el primer caso el funcionario quedará rehabilitado en su cargo sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que correspondan en la instancia respectiva; y en el segundo, separado definitivamente del mismo y sujeto a la Ley ordinaria, poniéndose los antecedentes a disposición del Juzgado de Instrucción competente si correspondiere. Asimismo el Jurado comunicará la destitución a la autoridad de nombramiento para que proceda a la designación del reemplazante».
Vencido el término legal sin que medie pronunciamiento del Jurado, «tal omisión crea una presunción que no admite prueba en contrario en favor de la inocencia del acusado, quien se reintegrará a su cargo sin que se puedan oponer los efectos de una condena dictada con posterioridad, aunque quedará sujeto a la responsabilidad disciplinaria que corresponda».
Finalmente, al Ley aclara que contra el fallo de absolución o destitución «no cabe recurso alguno, salvo la aclaratoria que podrá interponerse dentro de los tres días y será resuelto dentro del mismo término».
El juicio
En los alegatos finales, el titular del Ministerio Público Fiscal, el procurador general Jorge Amilcar García afirmó que el magistrado enjuiciado “ha provocado su propia destitución” y dijo que su “abuso y desvío de poder en términos de violencia laboral” son los que determinan “nuestra postura de mal desempeño en las funciones”.
El procurador marcó a su vez que “el mal desempeño en las funciones supone un piso de lesividad. Toda falta de idoneidad es a la vez mal desempeño”, indicó y opinó que Salem ha tenido respecto de las denunciantes “una actitud expulsiva” que resultan “quebrantadoras del deber positivo de prudencia y razonabilidad”.
“La cuestión de género solamente aparece aquí vinculada con la violencia laboral. No es un seminario sobre violencia de género. Es una discusión sobre maltrato laboral. Tiene particularidades de género porque las dos víctimas son mujeres”, diferenció.
«Tengo la conciencia tranquila», dijo el juez sometido a jury
Por su parte, Ladislao Uzín Olleros, abogado defensor de Sebastián Salem manifestó la plena convicción de la inocencia que sostiene el pedido de absolución de su defendido. Sobre la cuestión de violencia de género, se apoyó en el testimonio de una testigo, que sostuvo que jamás presenció ningún acto de violencia contra las denunciantes (trabajando en un espacio reducido) y cuando se quedó sola trabajando con Salem tampoco sufrió ningún trato indecoroso ni de violencia hacia ella.
Y finalizó su alegato afirmando que «en estos días no basta solo con demostrar la verdad, parece q además es necesario destruir la mentira», con toda la prueba que «está en el expediente, creemos haber demostrado la verdad y destruido la mentira como para poder solicitar con absoluta convicción de inocencia, la absolución de Salem, su reinstalación inmediata en el cargo y el pago de los salarios que le han sido retraídos. Por eso les pido que obren en conciencia y con justicia, concediendo la merecida absolución para que él recupere su honor, pueda volver a su casa en paz y transferir esa paz a su familia, y pasado mañana sentarse nuevamente en su despacho y prestar servicio como está acostumbrado desde el primer día que ingresó al poder judicial».
En su defensa, el juez Salem sostuvo: «No hice nada de lo que se me denuncia. Me dediqué a hacer lo que me gustaba, a tratar de dar solución a la gente. Reconozco que pude haber cometido errores, pero hasta llegué a pensar si no eran provocado. Gualeguay es una comunidad muy chica, nos están mirando todos. Me angustia la situación pero tengo la conciencia tranquila, no obré mal, y creo que lo avalaron 18 abogados de la matrícula».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.