Los representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante el Jurado de Enjuiciamiento -3 sobre un total de 7- fueron recusados por la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche. También recusó al senador Armando Gay (PJ) y a la abogada Sonia Rondoni, todos integrantes del jury que votaron abrirle causa y suspenderla en la función a partir de sendas denuncias por supuesto mal desempeño presentadas, primero, por el abogado Carlos Reggiardo; y luego, por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Todos ellos le reprochan no haberse excusado en la causa de los contratos truchos en la Legislatura por su vínculo con uno de los imputados, Pedro Opromolla.

La recusación supone que otros jurados, los suplentes, resuelvan el planteo de Goyeneche. Pero el STJ se encuentran con una situación insólita. Los tres vocales sulpentes designados y con juramento ante el Senado son Miguel Giorgio, Bernardo Salduna y Emilio Castrillón, expresidente del alto cuerpo. Pero Castrillón, con un pedido de juicio político abierto en la Cámara de Diputados, logró zafar de ese compromiso y consiguió una oportuna jubilación otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones el 7 de mayo último. De modo que el Poder Judicial debe designar un reemplazo de Castrillón, y luego prestar juramento ante la Cámara de Senadores. Recién entonces el Jurado de Enjuiciamiento podrá comenzara a tratar la recusación de Goyeneche a 5 de los 7 miembros del cuerpo.

Jury: Goyeneche recusó a 5 jurados y los acusó de «parciales»

 

En su escrito de recusación, la Procuradora Adjunta  sostiene que el jury en su contra obedece a una acción que tiende a “interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal ante el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de corrupción que se siguen en la Provincia. Esta acción deliberada tiende tanto a obstaculizar esas investigaciones concretas (…) como de infundir temor a jueces y fiscales, para de esa manera onseguir resultados más favorable a los investigados y acusados”.

Y resalta que esa “interferencia en la independencia del Ministerio Público Fiscal se concreta a tavés de un procedimiento de remoción que se encuentra condicionado por intereses de algunos actores del sistema político provincial, en particular por la amplia influencia que tienen o pueden tener personas imputadas en causas de corrupción, o allegadas a las mismas, en quienes ejercen la función de jurados”.

Luego de recusar a 5 de los 7 miembros del Jurado de Enjuiciamiento, Goyeneche pidió que se suspenda todo  trámite procesal “hasta la resolución de los apartamientos” pedidos respecto de Carbonell, Mizawak, Carubia, Gay y Rondoni. Ante esa petición, el secretario del Jurado de Enjuiciamiento solicitó al STJ “la designación de nuevo integrante suplente para intervenir en la presente causa” por lo cual el planteo recusatorio queda así “en reserva” hasta que se resuelva ese entuerto.

Abren causa a Goyeneche y la suspenden en el cargo: cómo votaron

 

El martes 14, Rodríguez Vagaría firmó un escrito junto a la secretaria del STJ, Elena Salomón, dirigida al área de Acuerdos del máximo tribunal para solicitar “que con la mayor celeridad posible se proceda a la designación de un representante –suplente- del Alto Cuerpo ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en la presente causa”.

Mizawak, Carbonell, Carubia (titulares); Salduna, Castrillón (jubilado) y Giorgio (suplentes).

 

Salduna, el hablador

Aún cuando no fue recusado, la situación del vocal Bernardo Salduna -que integra como suplente el Jurado de Enjuiciamiento- quedó en situación peculiar. El magistrado, que suele tener bajísimo perfil, ha mostrado en los últimos días una inusual verborragia en torno al procedimiento de jury. «Está buscando que lo recusen para no intervenir», observó alguien del Poder Judicial consultado por Entre Ríos Ahora.

“Lo que puedo decir es que el sistema por el que se tramita todo esto, en sí, es malo. El sistema que tenemos en la ley de enjuiciamiento es malo. Debiera ser un medio ágil, rápido, eficiente y que se resolviera en un plazo que no pudiera superar los sesenta días como máximo. Acá tenemos, por ejemplo, que mandan suspender a la fiscal por un término de seis meses. Y a lo mejor se prolonga por más tiempo antes de resolver si es culpable o no. A eso, hay que sumar el tiempo anterior que ya lleva. El sistema es malo, debiera resolverse en no mas de sesenta días. No se puede tener en la parrilla a un funcionario o magistrado tanto tiempo, eso causa un enorme daño, personal, y, más importante, institucional”, declaró Salduna al programa radial El colectivo (Mitre Concordia 101,1).

Dijo más todavía: “Es una situación anómala, y yo la he señalado cuando a mi me tocó presidir, por dos años, el Jurado de Enjuiciamiento. Yo revisaba las denuncias que entraban y, en algunos casos, las rechazaba in limine, es decir, por un decreto de Presidencia, sin dar intervención al resto de los jurados. Esto lo hacía cuando veía que las supuestas denuncias no tenían mayor asidero, no podíamos tener a un juez, que un abogado porque le fallaban en contra, metía una denuncia ante el jurado, y con el sistema que tenemos pasaban varios meses, a veces un año o más con un jury abierto. En ocasiones ocurría que esto le quitaba puntaje, por ejemplo, para presentarse a un concurso. Algunos me criticaron , pero yo estoy convencido que hice bien”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora