El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, sostuvo que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de abrir causa por supuesto mal desempeño a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y además apartar a todo el Ministerio Público Fiscal del Proceso de jury que se le inició, constituye “un quiebre muy importante” en la marcha de las investigaciones por delitos de corrupción en Entre Ríos.
García dijo que el proceso de jury es consecuencia de dos investigaciones clave contra la corrupción: la causa de los contratos truchos en la Legislatura, que tiene pedido de remisión a juicio oral pero que está en un brete por una cuestión de competencia sobre lo que tiene que expedirse la Corte, y el megajuicio por cinco causas de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, que se inició el 27 de septiembre último.
Al respecto, sostuvo que “son las que detonan esta embestida que se hace a través de algo que yo nunca vi en más de 40 años en Tribunales, que se haga a través de un organismo constitucional que es el jury de enjuiciamiento. Un organismo que ha cometido respecto de la fiscal Cecilia Goyeneche una grosería legal, inconstitucional que no he visto nunca y que mis colegas de la Asociación de Procuradores y Fiscales de la República Argentina no han visto en ninguna parte. Esto es realmente gravísimo, no sólo ilegal, sino que podría inclusive configurar un delito penal”.
García recusó a 4 de los 7 integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que resolvió abrirle causa a Goyeneche a partir de las denuncias presentadas por los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después, por su desempeño en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Le reprochan su vínculo comercial con uno de los investigados, Pedro Opromolla.
Pero el Jurado de Enjuiciamiento le respondió sin furia ni pasión y se lo rechazó. “Una respuesta realmente desacertada. Porque me dicen en una línea que, como el jury ha declarado la incompetencia del Ministerio Público Fiscal para el juzgamiento nuestro, entonces yo carezco de interés. El Ministerio Público Fiscal es un órgano sustancial del jury, está en la Constitución, en la Ley de Jury, en la Ley del Ministerio Público Fiscal, en el Código Procesal, pero sobre todo, el jury de enjuiciamiento, que no es un tribunal que sólo se forma con tres ministros de la Corte suprema local, dos legisladores y dos abogados, se forma solamente pare decidir si un juez o si un fiscal de Estado u otros organismos que están equiparados allí, ha incumplido sus funciones o no. Esa sola es su competencia, puede decir que no las cumplió, un mal desempeño en las funciones, y entonces queda desplazado de ser funcionario. Ahí termina”.
Abren causa a Goyeneche y la suspenden en el cargo: cómo votaron
El Procurador General realizó esas declaraciones al programa Cuestión de fondo, que se emitió este miércoles por la noche por Canal 9 y dijo que ya recurrió la decisión del Jurado de Enjuiciamiento. “Entonces eso va a ser una de las posibilidades, más allá de que yo he interpuesto una revocatoria contra esa denegatoria de la recusación donde le digo esto, “yo no vengo como acusado a recusarlos a ustedes, venimos en la calidad y el rol constitucional del titular del Ministerio Público Fiscal”, afirmó.
Para García, la resolución del Jurado de Enjuiciamiento constituye “una maniobra para desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público. Yo lo dije en el otro juicio, este es el segundo juicio político que me hacen a mí, en la defensa del primero que fue rechazado y en este segundo también en los descargos lo decimos. Esto es una maniobra para desestabilizar y domesticar al Poder Judicial, no está dirigido al fiscal, sino a los jueces para domesticarlos, para que vean que toman riesgos si desean condenar estos ilícitos que son gravísimos, son un Derecho Humano básico, esto ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de 2019, es un derecho social básico. Lo que se roba en materia de corrupción son menos hospitales, menos educación, gastos de salud, etcétera, de las prestaciones básicas del Estado y además terminan en hechos muy luctuosos, recordarán la tragedia de Once. En Entre Ríos hace muchos años hubo uno muy pequeño, pero sin embargo es una muestra: en unos caminos que son un cruce de rutas en el norte entrerriano, hubo un accidente terrible donde murieron muchas personas y se descubrió que faltaban torres de iluminación que estaban pagas, entonces esto que a veces suena muy escandaloso, la corrupción mata, es verdad”.
Causa Contratos II y retiro
El Procurador General ponderó la tarea de los fiscales que llevan adelante la causa de los contratos truchos en la Legislatura, que dijo, es “la primera parte de la investigación que son 32 acusados, 500 fojas tiene la remisión de la causa a juicio de los fiscales con enorme cantidad de pruebas y con 54 millones de dólares de perjuicio. Entonces ¿qué dicen los defensores? Sugieren que faltan los otros integrantes, entonces esto quiere decir que hasta que no llegue al último, no. Voy a hacer un símil muy fácil: cuando se juzgó a la Junta, los defensores pudieron haber dicho: ´No, no pueden juzgar los comandantes hasta que no se juzgue quién fue el autor de cada uno de los mil casos que se llevaron en esa condena´. Esto es exactamente lo mismo, al revés. Porque ellos al mismo tiempo que sugieren que la plata se la llevó otro, los defensores dicen que los contratos son legales. Si los contratos son legales, entonces ¿para qué vamos a investigar a los que se llevaron la plata si supuestamente no se llevaron ninguna plata? Es obvio que es una chicana, una picaresca para tratar de prolongar el juicio y que el juicio termine dentro de 20 años o lo que fuera. Pero lo primero que hay que hacer es galvanizar a esta asociación ilícita, como han hecho los fiscales, que para eso incluso lo reconoció el mismo abogado de los imputados, que el MPF legalmente es quien diseña la estrategia y los jueces son los que la controlan. Hasta ahora los jueces han controlado toda esta estrategia y la han aprobado, nadie ha dicho que la causa es nula porque no se investiga a nadie, ningún juez lo ha dicho, entonces debemos respetar la Justicia, debemos respetar el jury de enjuiciamiento con las funciones legales”.
-¿Cómo analiza la resolución de la Sala Penal del STJ disponiendo el sobreseimiento de un imputado en la causa del exdiputado Troncoso al entender que se habían suspendido los plazos desde la indagatoria?
-Es un fallo lamentable, porque toda la vida en todos los procedimientos penales que tenemos, en el sistema acusatorio y antes también, los llamados plazos son ordenatorios, se les indica a los funcionarios que deben tratar de acelerar las cosas para tratar de acelerar determinados plazos, pero no quiere decir que cuando ese plazo termine la causa se cae, esto no lo dice en artículo 223, ni la práctica de toda la vida de Tribunales, pero sobre todo hay un fallo reciente, el caso Prais de la Corte Suprema de Justicia con una norma mucho más vehemente que es la norma de Chubut que establecía expresamente la caducidad, y la Corte fulmina eso de nulidad diciendo que el único que puede establecer los criterios de extinción penal es la legislación de fondo, no la legislación procesal.
-Queda claro que hay demasiado cortocircuito entre el Ministerio Público Fiscal y la Sala Penal del STJ ¿Esto cuándo se profundizó y a su entender por qué sucedió?
-En el derecho no hay verdades absolutas. Todas las verdades son contingentes y triunfa el mejor argumento, mientras las diferencias sean en orden a la lógica, al derecho, a la argumentación, a si está bien declarado culpable o inocente un imputado o lo que fuera, nosotros tenemos diferencias que so de derecho que los juzgará la Corte Suprema o los organismos internacionales, ahí no veo ningún problema, el problema muy concreto lo tenemos hoy con el jury de enjuiciamiento y el tratamiento ilegal de la situación de la doctora Goyeneche.
-Y de acuerdo a los hechos, en lo práctico ¿cuánto afectó las investigaciones por delitos de corrupción este distanciamiento con la Sala Penal del STJ?
-No, para nada, salvo esta última resolución que es realmente muy problemática porque los defensores, con total derecho, van a plantear en casi todas las causas situaciones similares, lo que va a generar un gran debate, grandes discusiones hasta llegar ala Corte, que va a darnos la razón.
-¿Cuánta incidencia tuvieron en toda esta historia de distancias entre el Ministerio Público Fiscal y el STJ los permanentes cuestionamientos del expresidente Emilio Castrillón, antes y después de su salida como jubilado?
-Hay personas que vale la pena referirse y hay personas a las que no vale la pena referirse.
-¿Usted está convencido que el plan contra ustedes es sacarlos de foco en medio del juicio a Urribarri y después reclamar por la nulidad de las pruebas, tal como se viene insistiendo o puede haber cuestiones posteriores que no las estamos viendo todavía?
-Creo que toda la táctica está orientada a eso, al descabezamiento del MPF y después de eso atemorizar a los jueces para que no fallen de acuerdo a derecho.
-¿Y las nulidades? Por cómo se está insistiendo con algunas pruebas clave en el juicio a Urribarri.
-No, las nulidades son patrañas, patrañas jurídicas muy respetables en la labor de los defensores, son generalmente falacias, que Aristóteles definía como un falso argumento que parece bueno, son falacias, está muy bien que lo hagan, pero no hay ninguna posibilidad de que eso triunfe. Por eso toda esta orquestación o vulneración de normas de la Constitución es para tratar de mandar mensajes de atemorizamiento, de amedrentamiento a los jueces y los fiscales que son probos y honestos, no va a ocurrir esto, no va a haber ninguna suerte en esta aventura. La seriedad y la contundencia de la causa de los contratos, uno de los tantos argumentos que tiene es que el propio gobierno se Bordet, a través de su representante legal, es actor civil en la causa de los contratos. No solamente no dice nada de lo que viene después, sino que él reclama el resarcimiento de los millones de dólares que están investigados. La seriedad viene desde varios lugares que no tienen nada que ver con esta maniobra de los acusados.
-¿Usted está decidido a terminar este mandato constitucional y luego retirarse o piensa continuar en el cargo, más allá de diciembre de 2023?
-Yo ya estoy en las postrimerías de mi función, en realidad ha alargado esta situación tan conflictiva y agravante en términos constitucionales y humanos, porque más allá de todas las vicisitudes nos encontramos en la calle todos los días, esta es una ciudad pequeña, o sea que tanto estropicio moral es realmente ridículo, pero bueno, en tanto y en cuanto estas causas de corrupción signa necesitando la presencia y el respaldo nuestro, voy a estar.
Foto: Gentileza Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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