Cecilia Andrea Goyeneche, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción que desde el 30 de noviembre de 2021 está suspendida en su función por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que le abrió un proceso de jury al receptar sendas denuncias en su contra, la primera del abogado Carlos Reggiardo, la segunda, de los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, ambas centradas en fuertes reproches a su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura y su relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, sabía, desde antes de ser acusada, que iba a ser acusada. Sabía, también, que iba a ser suspendida. Sospechaba, además, que podría ser destituida.
Supo, antes de saber todo lo demás, que el urribarrismo, cuya cabeza sentó en el banquillo de los acusados el 27 de noviembre de 2021, estaba detrás de la acusación en su contra. Lo dijo públicamente, sin embages.
«No puedo tener una lectura completa; obviamente, el uribarrismo está detrás de esto. Los denunciantes del jury pertenecen al estudio jurídico que defiende a uno de los principales recaudadores de los contratos en la Legislatura. Es ese mismo estudio el que formula la denuncia. El gobernador (Gustavo Bordet) no se ha manifestado cuestionando esta situación a pesar de la enorme gravedad institucional que tiene el caso. No puedo pensar que es ajeno a esto. Está en juego la independencia del Poder Judicial en la provincia. Es además un mensaje a todos los que vienen después, esto tiene un significado claro de cual es el precio que tienen que pagar los que atreven a investigar», dijo en noviembre de 2021 al diario La Nación, antes de que el Jurado de Enjuiciamiento la suspendiera en el cargo y le abriera el proceso de jury.
Había puesto en la mira a los tres vocales que integran la estratégica Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el tribunal que colecta todas las causas penales -las de corrupción, claro- y que marca qué está dentro de la ley, qué no, como última instancia de juzgamiento en Entre Ríos. Apuntó directo sobre Daniel Carubia y Claudia Mizawak, los integrantes más longevos de la Sala Penal: «La verdad que la intervención de estos vocales claramente es determinante de la evolución de este proceso de enjuiciamiento hacia mí. No me cabe ninguna duda: las pujas lamentablemente, generalmente tienen que ver más con miserias personales que con otra cuestión. Pero lo cierto es que sí ha sido determinante la intervención de estos vocales. Y a mí me pone en una situación muy particular porque estos vocales han tenido una intervención previa en la causa contratos, (en la) que ya nos mostraron el nivel de interés que tienen en favorecer la situación de los imputados», dijo a comienzos de diciembre, cuando su suerte ya estaba echada.
Goyeneche fue puesta en la mira por su participación en la causa de los contratos.
«En la causa por los contratos de la Legislatura hay 32 imputados. Se cobraba dinero de contratos simulados con personas a las que les daban el 5 % del contrato y el resto del dinero lo cobraba la organización. Para cobrar los contratos necesitaban que estas personas fueran monotributistas. Así contrataron un estudio contable — al tanto de lo que pasaba- para tener al día a estos monotributistas, que eran entre 300 y 600 y llegaron a 800. Una de las personas era compañero de la facultad de quien luego fue mi esposo. Se conocieron y en 1999, cuando se recibió trabajó seis meses con ellos. Luego, se fue a vivir 10 años a Estados Unidos y España. Casi 20 años antes de esta causa. Y al regresar trabajó en un estudio de arquitectura que formó un fideicomiso para hacer edificios. Intervinimos comprando el 50 % de un departamento y la otra mitad era de uno de los de imputados, antes de esta causa. Le compramos su mitad. Luego me desprendí y cedí los derechos de ese fideicomiso a mi sobrina, que tiene mi mismo apellido. Pero cuando se hicieron los allanamientos y se dispusieron embargos, en el registro de la propiedad seguía figurando el contador. Me recusaron, yo me excusé en abril de 2019 pero entiendo que esta circunstancia no afecta mi objetividad», ha dicho al respecto.
Goyeneche se lió con un exjuez, Enrique Máximo Pita, y un experimentado penalista, Leopoldo Lambruschini, para armar su defensa ante el jury.
De momento, le ha puesto peras a varios aspectos de la acusación pero en casi todos los casos se topó con una posición cerrada del Jurado de Enjuiciamiento.
En su descargo, señaló que en el proceso de jury en su contra se configura «un caso de gravedad institucional». Reprochó la integración del Jurado de Enjuiciamiento, sin los representantes de la sociedad civil, tal cual ordena la Constitución, lo cual «constituye un óbice absoluto e insalvable a la posibilidad de un pronunciamiento válido con relación a las denuncias formuladas». Compara con la situación planteada en el Tribunal de Cuentas, cuando el exgobernador Sergio Urribarri designó presidente a Guillermo Smaldone -hijo del vocal del STJ Juan Ramón Smaldone- y ese nombramiento fue cuestionado por anticonstitucional. El caso llegó a resolucióndel alto cuerpo de justicia pero, antes de que el caso se resolviera, Smaldone hijo renunció. «La situación guarda notoria similitud con el presente en tanto se pretende prescindir de la expresa previsión constitucional con el argumento de que la Legislatura ha omitido regular al respecto», dice el escrito.
Reiteró su cuestionamiento respecto del modo cómo se sumó a la recién designada vocal de la Sala Civil y Comercial del STJ, Gisela Nerea Schumacher, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento. Sobre ese punto, planteó que «la selección de la Dra. Schumacher para integrar la Vocalía en cuestión, fue anunciada el 27 de diciembre de 2021 -casi un mes después de la apertura del presente enjuiciamiento- por el Sr. Gobernador de la provincia. A raíz de lo cual el pleno del STJER seleccionó discrecionalmente a la Dra. Gisela Schumacher para ocupar interinamente en ese cargo».
Dijo al respecto: «La decisión es flagrantemente violatoria de mi garantía de ser juzgada por un tribunal existente previamente al proceso, y pone en crisis la garantía de independencia e imparcialidad de la Jurado, ya que se utilizó un mecanismo de designación de representantes ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento que no es derivación de un sorteo (…) , entre las personas habilitadas y existentes al momento en que se efectiviza, sino que significó la posibilidad de que el STJ (o incluso el propio Gobernador al formular la propuesta de designación y solicitar el acuerdo al H. Senado) determinara quién sería la concreta persona que en definitiva ejerza este concreto juzgamiento (por otra parte, único enjuiciamiento abierto en el HJE de Entre Ríos)».
El dardo más pesado es contra el vocal Juan Ramón Smaldone, cuyo trámite de jubilación quedó frenado en la Caja de Jubilaciones «Sin perjuicio de saberse integrante de este Jurado de Enjuiciamiento, el Dr. Smaldone intervino luego como Vocal del STJER en la acción de amparo promovida por esta parte, siendo uno de los tres votantes» en el planteo de Goyeneche qu al alto cuerpo declaró inadmisible. «En dichas actuaciones, luego de haber tomado conocimiento en plenitud de todo lo actuado por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, el tribunal integrado con el Dr. Smaldone resolvió -con su voto concurrente al de los Dres. Carlomagno y Giorgio- el día 09/02/2022, revocar la sentencia de la Jueza de Feria Dra. Elena Beatriz Albornoz de fecha 25/01/2022 y rechazar por inadmisible la acción de amparo individual interpuesta por la suscripta contra la decisión del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos del 30/11/2021».
Ha dicho, además, que el proceo en su contra contiene una «manifiesta ilegalidad». Y que es nula también la acusación del fiscal ad hoc Gastón Justet «por cuanto la misma se apartaba manifiestamente del objeto procesal fijado en el auto de formación o apertura de causa -ampliándolo a nuevos hechos-. Asimismo, planteó su falta de autosuficiencia y su indefinición en relación al hecho. Claramente, los defectos antedichos, no solo resultan violatorios del debido proceso sino también del derecho defensa».
Goyeneche dice que desconoce de qué se la va a acusar en el jury porque ese punto será resuelto una vez que finalice el proceso, según definió el Jurado de Enjuiciamiento. Al respecto, señala que «el objeto procesal no lo define el fiscal, sino el propio Jurado de Enjuiciamiento en la resolución de apertura de causa». Así, «lo inconcebible de la resolución que cuestionamos es que sostiene, en prieta síntesis, que se nos va a decir qué se va a juzgar en el juicio, después del juicio. Dicho en otras palabras, se nos va a informar cuál es el hecho por el que se nos va a juzgar al momento de la sentencia».
Este lunes, a las 9, será la hora de la verdad en este proceso. El Jurado de Enjuiciamiento que analizará su caso está conformado por la presidenta Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; los jueces Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone, que integran el Superior Tribunal de Justicia; el senador Armando Lusi Gay y el diputado Gustavo Zavallo, del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. La acusación estará a cargo del fiscal ad hoc Gastón Justet.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora