Los abogados Guillermo Mulet y Carlos Reggiardo salieron a hablar de las denuncias que formularon, por separado, contra el Procurador General Jorge Amílcar García y la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche.
García y Goyeneche fueron acusados por mal desempeño por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Primero, la Procuradora Adjunta fue denunciada por Reggiardo, defensor del actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, investigado por enriquecimiento ilícito; luego, ambos, García y Goyeneche, fueron denunciados por el mismo hecho por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Ambos expedientes fueron acumulados.
Esta semana se terminó por confirmar que el Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir un jury contra Goyeneche y ello generó preocupación por parte del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, que hicieron conocer su “más profunda preocupación por la situación generada en la Provincia de Entre Ríos a partir de la denuncia incoada contra el Procurador General Dr. Jorge García y la Sra. Fiscal Adjunta Dra, Cecilia Goyeneche con la evidente pretensión de lograr obstaculizar la investigación de hechos gravísimos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial”.
Este jueves, en una entrevista en el diario La Nación, Goyeneche se defendió y vinculó a los denunciantes con el urribarrismo. «No puedo tener una lectura completa; obviamente, el uribarrismo está detrás de esto. Los denunciantes del jury pertenecen al estudio jurídico que defiende a uno de los principales recaudadores de los contratos en la Legislatura. Es ese mismo estudio el que formula la denuncia. El gobernador (Gustavo Bordet) no se ha manifestado cuestionando esta situación a pesar de la enorme gravedad institucional que tiene el caso. No puedo pensar que es ajeno a esto. Está en juego la independencia del Poder Judicial en la provincia. Es además un mensaje a todos los que vienen después, esto tiene un significado claro de cual es el precio que tienen que pagar los que atreven a investigar».
Ante las manifestaciones públicas de diferente índole, los letrados emitieron dos escritos en los que, cada uno a su tiempo, rechaza las acusaciones de ser parte de un complot para derribar a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y, así, beneficiar a los acusados de la causa Contratos y al exgobernador, quien está siendo juzgado.
El descargo de Reggiardo
En un comunicado enviado a Entre Ríos Ahora, Reggiardo rechazó se parte de un complot contra la fiscal anticorrupción. «En el día de la fecha se conoció el resultado del pedido de enjuiciamiento que realicé y se acumuló con el de los colegas Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, con causales bien concretas y desarrolladas en el marco de sus actuaciones como fiscal anticorrupción. Debo decir ,en primer lugar, para evitar todo tipo de suspicacias, que la Dra. Goyeneche es fiscal Anticorrupción mediante un procedimiento irregular de Jorge Amílcar Luciano García, cargo que creó la Constitución de 2008 y el Procurador ocupó con una persona de su más extrema confianza sin cumplir el único requisito que la Carta Magna exigía que era la intervención del Consejo de la Magistratura, por lo que fue designada para semejante rol sin legitimación, solo por el dedo y la voluntad de García de poner ahí alguien de su más íntimo entorno».
En ese sentido, dijo que tras la denuncia fue expuesto «a las operaciones periodísticas de medios amigos de la Procuración, donde se ponía más en el ojo en la persona del denunciante, que en los graves hechos denunciados. De las cuestiones personales que se me endilgan no voy a referirme ya que uno en este grado de exposición no está exento de ninguna infamia, pero no voy a tolerar que se emparente mi denuncia con la “mafia” o con “corruptos” que pretenden desestabilizar al Ministerio Público Fiscal».
Enseguida, enumeró una serie de denuncias que, sostuvo, nunca fueron investigadas. «Personalmente patrociné una denuncia que fue archivada en tiempo record donde alertaba que se utilizaba dinero de la legislatura mediante ‘contratos truchos’ para financiar actividades ilegales, sin si quiera mandar un oficio a la HCD el MPF dispuso el archivo in limine de la denuncia. También denuncié convenios entre el Iosper y una gerenciadora de Santa Fe que le reportan al Estado una pérdida millonaria en intermediarios; denuncié el enriquecimiento ilícito del empleado del Senado que sacaba fotocopias y luego de su paso por el Iosper se volvió en un millonario con caballos de carrera de miles de dólares; denuncié funcionarios, a un innumerables hechos de corrupción en toda la provincia que ni si quiera se le dieron curso; denuncié a una administración que dio energía eléctrica a particulares del alumbrado público para hacer una fiesta millonaria (aun a pesar del precedente Erro, García ni si quiera imputó a los funcionarios), entre otras muchas denuncias por lo que vincularme a círculos de poder que pretenden impunidad no solo es una falacia sino que no resiste el menor análisis».
Luego, planteó que con el jury se abre una «oportunidad histórica de mejorar el servicio de justicia, que la gente vuelva a creer en sus jueces y fiscales. Si la justicia no se aggiorna como la política corre peligro, ya que la sociedad que no cree en sus jueces y sus sentencias, va camino a no creer en sus instituciones y es la génesis de la ruptura del contrato social».
«García no solo es responsable por la designación de Goyeneche -agregó Reggiardo-, sino que además es responsable del fracaso del Ministerio Público Fiscal, de su fracaso como Procurador, en 15 años la gente cree menos en la justicia, los perejiles fueron perseguidos para darle impunidad al poder (como pretendió hacerlo con José Allende), y hoy el Jurado de Enjuiciamiento además de declarar la competencia para investigarlo debe resolver quién es el acusador y ahí se abre un nuevo capítulo donde se deben buscar alternativas democráticas que garanticen el derecho de defensa pero también un órgano acusador imparcial».
«Espero que hoy la resolución sea el inicio de un camino de más justicia, que oficialismo y oposición se hagan cargo del problema que traviesa el sistema penal entrerriano, y pueda avanzarse en nuevas leyes que doten de credibilidad, fortaleza y sobretodo honestidad al sistema penal entrerriano», finalizó.
El descargo de Mulet
Este jueves, a través de un comunicado, Mulet realizó un extenso descargo en el que aseguró que no busca beneficiar a corruptos. «Desde hace algunos días se viene escribiendo sobre un supuesto complot para asegurar la
impunidad del ex Gobernador y actual Embajador, Sergio Urribarri, en tanto se produciría la apertura del jury de Enjuiciamiento a la Dra. Cecilia Goyeneche, actual Procuradora Adjunta en funciones de Fiscal Anticorrupción de E. Ríos, quien según algunos sería tan imprescindible en la lucha contra la corrupción y las mafias, que si metiera sus manos en balde lleno de agua dejaría huellas», arrancó.
«Algunos fundamentan sus sospechas, porque los miembros del Jury que votaron en el proceso de apertura fueron nombrados por gobiernos justicialistas o son justicialistas. A ellos les informo, por si acaso, que tanto Jorge García, nuestro Procurador, fue designado por el gobierno justicialista de la mano de José Carlos Halle, siendo Gobernador Jorge Pedro Busti, como que la Sra. Goyeneche, ingreso a la función judicial también en épocas de gobierno justicialista, aunque por concurso ante el CM y donde uno de los Jurados Técnicos -que le otorgó el más alto puntajefue el Dr. Rubén Pagliotto, a quien hoy muchos convidados de piedra consideran su enemigo, aliado a los funcionarios y funcionarias que están siendo juzgados por graves actos de corrupción», añadió.
Otros, marcó, » entre ellos los propios acusados o denunciados, ven un furibundo ataque a las instituciones, al servicio de justicia, a su valentía y osadía de llevar adelante las causas de corrupción en la provincia, cuando a decir verdad en todos estos años desde que Urribarri dejó el poder sólo han juzgado a “perejiles”, como que en la mega causa de los Contratos truchos en la legislatura, no existen imputados y remitidos a juicio más que personajes de tercera y cuarta línea. Porque convengamos en algo sensibles defensores de sendos Procuradores denunciados: Juan Pablo Aguilera tiene el gran (y creo que único) “mérito” de ser el cuñado del ex gobernador».
Más adelante, asveró que «si el Procurador o la Procuradora adjunta cometieron una falta o no cumplieron acabadamente con sus deberes, pueden y deben ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, porque así lo manda la Constitución y las leyes reglamentarias. Luego se verá, si es culpable o inocente».
En esa línea, resaltó que «tenemos la más plena convicción, que no nos equivoquemos, pues no se trató de un simple error, de una equivocación, de la que nadie está exento y que forma parte de la condición humana. Aquí existió una conducta dolosa, deliberada, de callar una relación entre imputado e investigadora que generaba una objetiva incompatibilidad, y luego una segunda (in) conducta de negar expresamente los hechos que daban pábulo a esa cuestión que debilitaba el deber inexcusable de objetividad y generaba temor de parcialidad, con el mayúsculo e inexcusable agravante que ello se realizó y tuvo lugar ante una audiencia pública, que además
quedó viedograbada oficialmente, formando parte del legajo de la investigación penal preparatoria».
Descargo de Mulet by Entre Ríos Ahora
A su vez, subrayó que «nada hubiera pasado, absolutamente, si la Sra. Procuradora Goyeneche hubiera reconocido antes de que se lo enrostren desde las defensas de los imputados, ser condómina de dos propiedades, cobrar conjuntamente un alquiler con uno de los imputados y apartarse oportunamente de la investigación. Tampoco se trata de “machismo” el hecho de señalar la amistad de su esposo con algunos de los imputados de la causa “Contratos Truchos”, que sería suficiente a mi entender –poniéndome en su lugar- para apartarme de la investigación, pero de ninguna manera por ser el macho alfa, sino porque lo haría a la inversa en caso de que mi esposa estuviera relacionada con imputados que debo investigar. Sí interesa y mucho, que no solamente habría sido amigo de los imputados, sino que prestaba sus servicios profesionales en el mismo estudio contable que se utilizó para perpetrar la mega defraudación».
En otro párrafo, refirió que la Fiscalía tuvo un trato distinto con los imputados de la causa, «pues todos aquellos que no integraron el estudio contable de esposo (NdlaR: se refiere a Sebastián Orlando Bertozi) sufrieron prisión preventiva, mientras coimputados por los mismos delitos, pero que pertenecían al Estudio Contable que integraba su marido, transitaron el proceso en uso de la libertad; y aclaro, por las dudas algún progre de ocasión pretenda redoblarme la apuesta, que no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas indiscriminadas y como adelantos de pena; aunque la súper fisca, algunos son más merecedores que otros».
Tras enumerar otras circunstancias del caso, Mulet cerró diciendo: «La independencia y objetividad en la función judicial son valores que deben ser irrenunciables y defendidos a capa y espada, aun cuando se caiga en la ingrata tarea de denunciar a los funcionarios que no cumplieron con sus deberes, mal que les pese a quien sea, y el supuesto temor que genere ese hecho, de la denuncia y su juzgamiento en magistrados y funcionarios, no puede ser óbice para llevar adelante tal tarea. No se trata de que los jueces o funcionarios no puedan sentir presiones o miedos, sino de que éstos están obligados a fallar conforme a derecho más allá de sus temores o cualquier otra presión; y por ello gozan de los privilegios y la protección que le da la Constitución y las Leyes. Eso sí, mientras dure su buena conducta».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.