En un inusual pronunciamiento, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el Jurado de Enjuiciamiento, y que tramita el pedido de apertua de un jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, emitieron una fuerte declaración en la que condenaron lo que entienden como «operaciones mediáticas» para desfavorecer su actuación.

Los vocales Claudia Mizawak, Martín Carbonell y Daniel Carubia, de ellos se trata, integran el Juado de Enjuicimiento y por lo que trascendió -de momento, no hay resolución firme con los votos de los 7 integrantes- ya votaron y lo habrían hecho inclinándose por dar acogida favorable al pedido de jury, con la apertura de una causa por supuesto mal desempeño de su función a Goyeneche.

La Fiscal Anticorrupción, que coordinó en sus inicios la investigación penal por los contratos truchos en la Legislatura y de la que debió apartarse por haber tenido relación comercial con uno de los acusados -el eje de la acusación en su contra en el Jurado de Enjuiciamiento- y lleva adelante la acusación en el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri por cinco hechos de corrupción de su gobierno, acusó al «urribarrismo» por su situación actual y sembró dudas respecto de la oportunidad de la apertura de un proceso en su contra.

«Creo que la apertura del jury se decidió hace tiempo por la causa que estábamos llevando adelante contra Urribari y algunos de sus ministros por cinco casos de corrupción. Avanzó el caso con el juicio oral y la acusación y eso aceleró los tiempos. Y definió algunos de los votos. Pero esencialmente la apertura del jury tiene que ver con la necesidad del sistema político de la provincia de interferir en el avance de las causas de corrupción. De eso no tengo ninguna duda», dijo Goyeneche.

Goyeneche y el jury: «El urribarrismo está detrás de esto»

 

Ahora, le respondieron los vocales del STJ en el Juado de Enjuiciamiento. Mizawak, Carbonell y Carubia firmaron una declaración en la que aluden «a recientes operaciones mediáticas y declaraciones corporativas carentes de objetividad y veracidad relativas a la tramitación de denuncias respecto de las cuales aún no se ha dictado siquiera resolución de admisión de ellas y apertura de causa, y resultando atentatorias contra la credibilidad de las instituciones vigentes y que menoscaban la propia ´independencia´ del Poder Judicial que declaman defender, nos vemos obligados a efectuar la presente aclaración a fin de ilustrar e informar debidamente a la ciudadanía sobre el particular”.

Respecto a una eventual resolución en el caso Goyeneche, señalaron: «En todos los casos en que éste deba intervenir, si se adopta la decisión de suspender al/a magistrado/a o funcionario/a acusado/a, el Poder Judicial o, en su caso, los Ministerios Públicos disponen de las herramientas necesarias para proveer lo pertinente a fin de no entorpecer, dilatar ni impedir el trámite y decisión de las causas donde intervenga la persona acusada, como tampoco la trascendencia de estas causas podrán entorpecer, dilatar ni impedir la libre actuación del órgano constitucional de control ni el dictado de la resolución definitiva fundada en los hechos y en las pruebas legalmente incorporadas al enjuiciamiento con pleno control y absoluto respeto del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.) ejercido dentro del proceso y conforme a las reglas del procedimiento legalmente establecido».

 

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De la Redacción de Entre Ríos Ahora