El Senado comenzó a trabajar en comisión este miércoles dos proyectos de ley que no logran aunar posiciones. Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos abordaron el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se reforma la Ley del Consejo de la Magistratura.
Pero además se trató el proyecto de ley que impulsa la senadora Patricia Díaz (PJ) por el que se modifica la Ley N° 9283 de Jurado de Enjuiciamiento, que “responde a la necesidad de adaptar y modernizar el marco normativo existente, garantizando la transparencia, la eficiencia y la justicia en los procesos de enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios públicos”, como detalla la legisladora en sus fundamentos.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que fue invitado por los senadores –junto al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela- habló sobre esas dos iniciativas legislativas durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Dieron media sanción al proyecto que reforma la ley del Consejo de la Magistratura
Cánepa recordó que la Asociación de la Magistratura “había hecho observaciones en la Cámara de Diputados cuando se debatieron estos dos proyectos. Observaciones similares presentamos ahora en el Senado. Cuando l reforma del Consejo de la Magistratura se trató en Diputados, nuestra posición se la acercamos a los diputados, al secretario de Justicia –entonces ocupaba esa función Martín Acevedo Miño- y al gobernador (Rogelio Frigerio). En todo este periplo, que ya lleva algunos meses, hemos ido conversando con distintos actores institucionales de la provincia sobre la posibilidad de avanzar en algunas modificaciones al proyecto que tiene media sanción. Afortunadamente, el Senado nos ha convocado y expusimos nuestras observaciones. Son varias esas observaciones que presentamos. Las más importantes tienen que ver con este tema de los concursos anticipados que se proponen. Entendemos que, ante la situación actual, con más de una centena de cargos vacantes, carece de toda razonabilidad proponer realizar concursos para cargos que no están vacantes y cuya vacancia se desconoce cuándo sucederá. Y por otro lado, también hablamos de la eliminación del recurso directo ante el Supremo Tribunal, porque entendemos que hoy a los concursantes esa instancia les otorga un recurso judicial y la opción que otorga el proyecto con media sanción es no darle recurso alguno, con lo cual entendemos que eso genera una merma de derechos de aquellos que concursan. Más allá de que la propuesta de la Asociación es un recurso diferente, es algo más similar al amparo, lo que entendemos es que si no se va a avanzar en aquella propuesta que venimos haciendo desde el año 2022, por lo menos se deje el recurso que está para que aquellos que tengan alguna diferencia con los puntajes que el Consejo les otorga en las diferentes etapas del concurso, puedan discutirlos judicialmente de manera ágil en vez de estar años pasando por distintas instancias judiciales o incluso recurriendo a medidas cautelares que pueden frenar los concursos por tiempo indefinido”.
-En Diputados dijo la diputada Gabriela Lena que se buscaba evitar el dedo, la discrecionalidad del dedo del STJ al designar funcionarios judiciales en forma transitoria. ¿Usted piensa que esto soluciona ese tema?
-No, de ninguna manera. En primer lugar, la designación de los suplentes por parte es absolutamente constitucional ante la tardanza del Poder Ejecutivo en nombrar a los titulares. Esa tardanza se da justamente porque el Consejo de la Magistratura no está funcionando. Acá la solución está dada por un concurso ágil, que, de manera pronta, determine una terna para elevarla al Gobernador y que el Gobernador designe quién es el que tiene que designar. Y ahí se van a acabar las designaciones de suplentes. Pero en la medida en que estemos años y años y años para finalizar un concurso, bueno, lamentablemente se tiene que utilizar esta vía excepcional, porque el Poder Judicial tiene que seguir funcionando.
-¿El número de 100 concursos frenados es así?¿Se está esperando la aprobación eventualmente de la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura o qué está pasando en el medio?
-Claro, porque en su momento, en el año 2022, se modificó el sistema de evaluación. Era un sistema que ya tenía varios años, que era a partir de tres jurados que presentaban un caso y se rendía en función de esos casos. Se modificó por un sistema de banco de casos en donde se requerían 100 casos para cada concurso. Esos 100 casos nunca se pudieron obtener, con lo cual los concursos no se pudieron realizar. Y ahí es donde se frenó toda la actividad del Consejo. Por eso nosotros decíamos que la parálisis del Consejo de la Magistratura se solucionaba sacando el banco de casos. Esa era la única modificación urgente que había que realizar, cambio que contaba con el consenso unánime de todos los consejeros. Se optó por un proceso de modificación más ambicioso y bueno, estamos hoy proponiendo observaciones como para obtener la mejor ley posible Yo veo que por lo menos hay un cambio de actitud en esta instancia en el Senado. y se ve una voluntad de construir de manera conjunta, en este caso una ley tan importante, más allá de los consensos a los que se arriben. Veo una voluntad de construir en conjunto, que por lo menos antes no la advertía.
-También se trató la reforma a la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.
-El proyecto es de la senadora Díaz. Ahí nos comprometimos a emitir un documento y presentarlo ante el Senado, e hicimos una presentación formal que tenía que ver con que el proyecto no terminaba solucionando distintas cuestiones que se fueron suscitando a lo largo de todo este tiempo. Planteamos el problema de la situación del Ministerio Público Fiscal cuando no hay acusación en un jury; también la división de las distintas etapas del proceso: una etapa de investigación a cargo de un tribunal, otra etapa de juicio a cargo de otro tribunal. También queremos que se aborde una cuestión que hemos impulsado: que se introduzca la posibilidad del rechazo in límine de todas aquellas denuncias absolutamente infundadas. Nos parece una buena base para empezar a discutir en este ánimo de construcción conjunta, que advierto o advertimos que se está dando. Pero además, la realidad impone que hay que cambiar.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora