La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, la entidad que representa a jueces, defensores, fiscales y funcionarios judiciales, prepara un pronunciamiento en torno a dos casos que han conmovido a Tribunales: el pedido de jury por supuesto mal desempeño al juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, y el planteo de recusación contra dos vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Schumacher y Miguel Giorgio, que deben pronunciarse en torno a un recurso de queja presentado por la defensa del exgobernador Sergio Urribarri, condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio.
Ya hubo una primera declaración de la Asociación de la Magistratura respecto del pedido de jury de la titular del Juzgado de Familia Nº 1, Rosario Moritan. «La disconformidad con las resoluciones judiciales no son causales de jury», dijo la entidad que preside el juez Alejandro Cánepa y se relaciona con un planteo que ha hecho a la Legislatura: la necesidad de reformar la Ley de Jury.
Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos observaron que «la generalización y/o naturalización de pedidos de enjuiciamiento fundados en la disconformidad con resoluciones judiciales respecto de las cuales se cuenta con los remedios recursivos que las mismas leyes procesales otorgan, desnaturalizan la finalidad del jurado de enjuiciamiento, afectando la independencia de quienes ejercen la magistratura y la función judicial».En ese marco, aspiraron a «una necesaria y pronta reforma de la Ley de Jury que permita, entre otras modificaciones y aggiornamientos, salidas alternativas y tempranas a la apertura del proceso para evitar presiones indebidas por sobre quienes ejercen la magistratura y/o la Función Judicial».
Pero hay otro pedido de jury que involucra al juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, y tiene que ver directamente con la causa por supuesto sobreprecio que involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, esposo de la senadora provincial Patricia Dìaz (PJ), sospechada junto a su marido en una causa por enriquecimiento. Díaz fue designada al frente del Jurado de Enjuiciamiento, el organismo que debe juzgar a Carballo. Y por eso la Asociación de la Magistratura pidió a la Legislatura que la legisladora sea apartada de esa función ante el temor de parcialidad.
Rossi gobernó Santa Elena entre 2015 y 201. Lo sucedió su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, en 2016 Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
Pero los empresarios quedaron al margen del proceso. En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano.
Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Justamente, Menéndez presentó la denuncia al juez Carballo ante el Jurado de Enjuiciamiento por haber otorgado la probation a los empresarios.
El último eslabón es el planteo recusatorio a los dos vocales del STJ que deben resolver una queja del exgobernador Urribarri en la causa por el megajuicio.
«La recusación es ridícula por extemporánea -dijo una fuente de la Justicia-. Hace un montón de tiempo que está constituido el tribunal, así que se perdió la oportunidad de hacer este planteo. No hay ninguna posibilidad de que prospere».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora