El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, recogió el guante del planteo que hiciera el Colegio de Abogados de Entre Ríos, que reclamó el fin del estado d emergencia y el funcionamiento pleno del servicio de justicia, y contestó que desde el inicio de la cuarentena el Poder judicial adoptó “medidas tendientes a garantizar la prestación del servicio de Justicia, resguardando la salud de los ciudadanos”.
En la contestación que dirigió al presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio, Carbonell destacó que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos con la implementación del módulo de subida de escritos; como el aumento promedio de sentencias publicadas que aumentó de 12 a un promedio de 200 por semana, en igual período. “Vemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos”, sostuvo Carbonell.
El magistrado hizo notar también que a partir de las normas establecidas por el gobierno nacional y por la Ley 27.541 que declaró la emergencia pública en materia sanitaria, por la cual luego se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, el STJ ha dictado numerosos acuerdos y resoluciones, y ha implementado un número importante de medidas -muchas de las cuales han sido previa deliberación, participación y consenso con el propio Colegio.Y destacó que las mismas fueron en orden a asegurar la prestación efectiva del servicio de Justicia para toda la ciudadanía entrerriana.
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Carbonell recordó que el STJ ha dictado seis acuerdos especiales desde la declaración de emergencia y un número importante de resoluciones, pautas, anexos, protocolos y reglamentos tendiente a adecuar paulatinamente la prestación del servicio a un escenario de pandemia que registra más de 6.500 casos confirmados de coronavirus en el país y más de 300 personas fallecidas.
También, hizo mención que implementar un proceso de gestión de apertura paulatina en un lapso inferior a los dos meses -que, además, ha implicado un cambio radical en las modalidades de trabajo con expresas pautas sanitarias de aislamiento, restricciones en la circulación y en el uso de papel- ha supuesto un desafío administrativo sin precedentes en la historia reciente del Poder Judicial de Entre Ríos, “y cuyos detalles el Colegio de Abogados conoce”.
En el documento enviado a Canavesio, se dieron a conocer datos concretos que demuestran categóricamente cómo se ha avanzado sin pausa hacia una apertura del servicio de justicia, manteniendo el delicado equilibrio que impone el respeto a las pautas sanitarias.
Es así que se consignaron los movimientos procesales, que surgen de la base de datos de los órganos judiciales de la provincia, extraídos por el Área de Informática, y procesados por el Área de Estadística al 12 de mayo de este año.
Carbonell, destacó que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 durante la modalidad de receso judicial extraordinario al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos bajo la modalidad de habilitación administrada con la implementación del módulo de subida de escritos.
Al hacerse una comparativa, los movimientos registrados en los meses equivalentes al 2019: en abril hubo 23.737 y en mayo 28.287.
Estos datos son significativos porque da cuenta no sólo de que la apertura se concreta efectivamente, sino porque además demuestra que los organismos se encuentran atendiendo un volumen similar a los de un período normal, pero con equipos de trabajo afectados por pautas sanitarias, lo que sólo resulta posible por las inversiones realizadas en infraestructura tecnológica, adecuación edilicia, capacitación del personal, en claro compromiso con la abogacía y la ciudadanía entrerriana.
Carbonell, afirmó así que “en ese orden, resulta demostrativo de la no paralización de la justicia en nuestra provincia “.
A modo de ejemplo, señaló que al inicio de la cuarentena (receso judicial extraordinario), el promedio de sentencias publicadas fue de 12 y en las etapas posteriores, debido a la apertura establecida por el STJ, se llegó a un promedio de 200 por semana.
Asimismo, Carbonell señaló que sin perjuicio de lo contundente que resulta la información aludida, no es la única fuente de datos con la que cuenta el Poder Judicial para referirse a parámetros de actividad, sobre todo frente a una afirmación de tal gravedad, realizadas por autoridades del Colegio, como que las decisiones del Alto Cuerpo afectan a la ciudadanía entrerriana, cuestión que por responsabilidad institucional los operadores del derecho no se pueden permitir.
Dio cuenta que los organismos judiciales que integran el Poder Judicial, han librado más de ciento siete millones de Pesos ($ 107.000.000) en Órdenes de Pago Electrónicas, correspondiendo un gran porcentaje a honorarios profesionales, y el restante, a capital para los justiciables que han percibido lo que por derecho les corresponde.
Carbonell también hizo mención, al funcionamiento del módulo de presentaciones electrónicas aprobado por Acuerdo Especial del 27.04.20; recordando que se trata de un desarrollo propio de este Superior Tribunal de Justicia.
En este contexto, y frente a los datos brindados, el presidente del STJ sostuvo que la decisión de prórroga, que el Colegio cuestionó, luce no sólo razonable, sino responsable y necesaria. Determinar una mayor apertura sin considerar qué supone en términos de funcionamiento de los sistemas implementados, capacidad de equipos de trabajo y respeto de medidas sanitarias es, como se dijo en el Acuerdo que se discute, prematuro e innecesariamente riesgoso.
“Vemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos”, sostuvo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora