Todo se disparó a partir de una presentación que hizo a mediados de diciembre el entonces presidente del bloque de senadores de Cambiemos, Raymundo Kisser, ante el procurador general de la Provincia, Jorge Amílcar García.
Con el patrocinio del abogado Guillermo Mulet, presentó una denuncia penal y una “urgente medida de no innovar” en el marco del llamado a licitación que había lanzado la tarjeta Sidecreer, en procura de incorporar capital privado que la auxilie a salir de la asfixia financiera en la que quedó después de dos gestiones de Juan José Canosa, entre 2009 y 2015.
Kisser planteó a García una denuncia penal contra las autoridades de Sidecreer, por los posibles delitos de administración fraudulenta y tráfico de influencias –incluyó a Juan José Canosa– así como que “se suspenda el proceso licitatorio” impulsado por la administración provincial. Dijo que “es público y notorio el proceso de vaciamiento y posterior intento de privatización de la empresa”, por cuanto de concretarse la proyectada incorporación de capital, “las participaciones en los derechos, obligaciones, costos y gastos” serán “el 70% para el nuevo socio y el 30% para Sidecreer».
La “privatización” de Sidecreer no avanzó, la administración del gobernador Gustavo Bordet desechó el proyecto, aunque la situación judicial de Canosa se complicó sobremanera: a partir de la presentación de Kisser, se abrieron dos causas: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública.
Lo primero se afianzó tras la presentación judicial de un grupo de diputados de Cambiemos –Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola—cuando se empezó a hablar del altísimo nivel de vida del ahora funcionario de la Cámara de Diputados. “Disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus dos hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”, dice la presentación que hicieron los legisladores ante el procurador García.
Las negociaciones incompatibles es la causa que más rápido avanza: estando al frente de Sidecreer, Canosa negoció contratos con su hermano, con la suegra de su hermano, con la esposa de su hermano, y la cuñada de su hermano. También, con el marido de la cuñada de su hermano. Por esa causa, hasta allanaron la casa de Sofía Montefiori, la madre de la esposa del extitular de Sidecreer, la defensora oficial Paula Montefiori.
GRENÓN.
Pero todavía no se ha tirado lo suficiente de la otra punta de la madeja que denunciaron desde Cambiemos: la incursión de financieras en el negocio de Sidecreer.
Kisser ya había advertido la injerencia de Red Mutual, del empresario santafesino Walter Grenón, exdueño de El Diario, de Paraná. Los diputados de Cambiemos habían apuntado también en su presentación judicial a Grenón. Así, señalaron que el principal rubro de consumo de los socios de la tarjeta oficial “no son los alimentos sino las ayudas económicas”, préstamos de dinero en efectivo otorgado por asociaciones mutuales.
Para recibir préstamos es obligatorio para el socio asociarse a la mutual, y está obligado a aportar a ésta al menos hasta que haya pagado la totalidad de las cuotas y además, luego, expresamente renuncie a la asociación por escrito, dice la denuncia. Respecto de Grenón, señalaron: “Aprovechó la amistad con uno de sus empleados en Red Mutual de Santa Fe que era oriundo de Concordia, y que conocía al entonces gobernador Jorge Busti por relaciones sociales de años en la Capital del Citrus. Esta persona no estaba ligada al gobierno, pero fueron recibidos por su amistad por Busti y Urribarri que era su ministro por entonces. Allí les presentó a Grenón que comenzaría a entrar en juego con la Mutual Urquiza a mediados de 2004, cuando ya había fallecido en febrero de 2004 quien los presentó en 2003. Cuando se formalizó el convenio entre Sidecreer y la Mutual, propiciado por Urribarri, la tasa era del 23% anual y la cuota societaria era de $10. Grenón estaba al frente de la Red Mutual (farmacias) era Vocal primero de la Confederación Argentina de Mutuales, Presidente de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales, padrino del “Teatro Municipal de Santa Fe”, distinción otorgada por el municipio de Santa Fe y Titular del Nuevo Multiespacio Jockey Club Sur de Santa Fe, con vinculaciones y contactos dentro de la Cooperativa BICA de emprendimientos múltiples con sede en Santo Tomé. A partir de 2016 propietario del banco Voii”.
Ahora, Kisser suma a Grenón y al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
El legislador tiene en sus manos un informe del Tribunal de Cuentas que, asegura, reafirma sus denuncias sobre los manejos irregulares durante la gestión Canosa. Frenado el proceso de privatización, dice Kisser, ahora “Sidecreer ya está dando ganancias. No sé si serán suficientes para pagar a todo lo que se le debe a Grenón, que es casi el único acreedor. A Grenón se le estarían debiendo $70 millones. Imagínese, si la tarjeta está dando ganando ganancias de entre $4 a $5 millones por mes, en un año o año y pico, se le paga a Grenón. Pero, ojo, a la deuda que tiene Sidecreer con Grenón habría que hacerla revisar por el Tribunal de Cuentas, porque se le pagaron intereses excesivos. Creo que habrá que pedir también una revisión judicial de esa deuda. Hay que pagar, pero lo que no se puede dejar de hacer es investigar”, asegura el senador Kisser.
FISCAL DE ESTADO.
En los asuntos a investigar, el senador por Cambiemos involucra también al actual fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
“Tengo una gran preocupación, porque en esto está metido el actual fiscal de Estado, porque es síndico de Sidecreer –asegura Kisser–. Por la Constitución, hay cuatro organismos que están por fuera de los tres poderes, que son Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Contaduría y Tesorería General. Estos cuatro organismos tienen que controlar a todo el Estado. Pero resulta que en Sidecreer, que es uno de los organismos que se debe controlar, se está autocontrolando Rodríguez Sigues. Yo creo que es un exceso. Dicen que hay un decreto, firmado por Urribarri, que lo autoriza, pero es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el fiscal de Estado, por la propia Constitución, no puede recibir órdenes de nadie”.
En ese marco, teorizó con la idea de que pueda surgir una denuncia contra el fiscal de Estado que podría derivar en un “juicio político” (en rigor, jury de enjuiciamiento, que es lo que corresponde, NdelR).
“No sé si alguien le puede hacer una denuncia a a Rodríguez Signes por todas estas irregularidades, y termina en un juicio político, que es la única forma de destituirlo –planteó Kisser–. Hasta ahora, nadie lo ha metido, pero no quita que alguien pueda por ahí plantearlo. Es un signo de interrogación. Yo no me quiero expedir, porque puedo llegar a ser eventualmente parte de la corte de justicia que lo tenga que juzgar a Rodríguez Signes”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.