Si no hay una novedad de última hora, este miércoles, a las 9, el expresidente de Sistema de Crédito Entre  Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, se sentará en el banquillo de los acusados, en la apertura del juicio oral en su contra por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El 14 de septiembre de 2017, cuando se realizó la audiencia de remisión a juicio de la causa Canosa, el fiscal Juan Malvasio dijo: “Se ha agotado la investigación penal preparatoria y existen elementos de convicción suficientes para dar por acreditados los hechos”.

No sólo acreditados los hechos: también la autoría del delito por parte de Canosa. “Se le atribuye que, como presidente de Sidecreer, desde el 21 de diciembre de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015, vulneró el principio de imparcialidad, al contratar insumos informáticos” con la firma Excelcom SA, de la cual forman parte la esposa de su hermano, Carlos Canosa,Alicia Cuestas, la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Y que contrató con la empresa de su hermano, Carlos Canosa, y la suegra de éste, Mirta Gueler, Texmer.

Con Excelcom contrató en “15 oportunidades”, por montos de 936.695 pesos, y 716.059 dólares.
Con la firma Texmer contrató Canosa desde Sidecreer “7 veces”, por un monto de $1.127.286.

Y con la constructora JDR, de José Daniel Romero, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa, y por lo tanto su tío político), contrató “9 veces”, por 107.949 pesos.

“La Fiscalía entiende que estos hechos encuadran en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, evaluó Malvasio, y por eso consideró que a Canosa le correspondería, una vez concluido el juicio oral y hallado culpable, “la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

Por estas horas se está al aguardo de que la Justicia confirme la integración del tribunal que juzgará a Canosa. En principio, fue conformado por Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Alejandro Cánepa. Pero este último fue recusado por los defensores de Canosa, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, con le argumento de que antes fue fiscal coordinador, y en esa función fue jefe directo de los acusadores, Juan Malvasio y Santiago Brugo.

Como fuere, una vez abierto el juicio oral -que en Tribunales afirman que comenzará este miércoles a las 9-, será la etapa del debate y el desfile de los testigos. Uno de los que está citado es el senador provincial Raymundo Kisser (Camiemos), cuya denuncia en la Justicia, a finales de 2016, abrió dos causas contra Canosa: una por negociaciones incompatibles con la función pública, y otro por enriquecimiento ilícito.

Kisser rechazó ampararse en los fueros de legislador y poder así declarar por escrito.

«Renuncié a los fueros. Quiero ir a la Justicia como un ciudadano común, y dar la cara. Me expongo a que me interroguen todas las partes», dice a Entre Ríos Ahora.

El legislador dice que está «en contra de los fueros», y por eso reclamara que la Cámara de Diputados haga lugar a los pedidos formulados desde la Justicia para quitar los fueros a los diputados oficialistas Sergio Urribarri y Pedro Báez.

«Si se hicieron mal las cosas, hay que responder ante la Justicia. No se pueden amparar en los fueros, y más cuando hay denuncias y pruebas suficientes en la Justicia», opina Kisser.

Habrá otros testigos citados.

En el listado de testigos que presentó el fiscal Malvasio están, además, la delegada judicial Constanza Bessa, que fue quien encabezó el allanamiento a la casa del extitular de Sidecreer, Carlos Canosa, en el barrio privado Santa Cándida; Fernando Ferrari, del gabinete de informática forense; Silvia Kupervaser, actual vicepresidenta de Sidecreer; Federico Tomas, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos; Horacio Bechara, extitular de Sidecreer; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; Aurelio Miraglio, contador general de la provincia; Alberto Fernández, director de Ceremonial; el actual presidente de Sidecreer, Tomás Proske; y los periodistas Martín Carboni, Horacio Barrionuevo y Ricardo David.

La defensa pidió que se citen como testigos a Pedro Raiteri, exgerente general de Sidecreer; Luis César Sonnaillón y Alfredo Muzachiodi, síndicos de la tarjeta; y, entre otros, María Gabriela Vergara, gerente general de Sidecreer.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.