El domingo 19, seis días después de haberse dictado el decreto Nº 2.817, a través del cual el Poder Ejecutivo dispuso que “para toda contratación o renovación del vínculo contractual de personal, designación o renovación de suplencias, recategorización, cambio de tramo, reconocimiento de adicionales o aumento de los existentes, y para la designación de funcionarios, autoridades superiores y/o personal fuera de escalafón” se deberá requerir “la autorización previa y expresa del Señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda y Finanzas”, se dictó una nueva directiva por la que se dejó al margen de esa disposición a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
La resolución ministerial Nº 167 que firmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, aclara que “la obligación de informar dentro de los 30 días hábiles” prevista en el artículo 2º del decreto Nº 2.817 “en el caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos es a los fines de tomar conocimiento”.
La disposición fija que “la Universidad Autónoma de Entre Ríos se encuentra expresamente exceptuada de solicitar la autorización establecida en el artículo 1º de la mencionada norma, no obstante, ello, sí existe una obligación de informar dentro de los 30 días hábiles las contrataciones y/o designaciones realizadas”.
Y añade que “la obligación de informar” debe realizarse “para toma de conocimiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas, no quedando la decisión comunicada sujeta a la aprobación o desaprobación del mencionado Ministerio, salvo violación expresa de otra normativa vigente. El recaudo de comunicar al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio Hacienda y Finanzas, tiene por objeto evitar incurrir en erogaciones y/o compromisos sin respaldo presupuestario”.
La resolución ministerial sostiene que “en virtud de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 269º de la Constitución Provincial, dicha casa de altos estudios goza de la potestad de autogobernarse, lo que le permite designar su personal y fijar su política académica, siempre que ello cuente con la correspondiente previsión presupuestaria”.
En ese marco, “entendiendo que la educación pública es una prioridad para esta gestión y siendo la Uader una universidad pública financiada con recursos del Tesoro Provincial, debemos entender que la propia norma lo que pretende es, entre otros, asegurar el funcionamiento de la propia casa de altos estudios, en un contexto marcado por la caída de recursos”.
Así, agrega la disposición, “corresponde entender que la Universidad Autónoma de Entre Ríos no se encuentra alcanzada por la obligación de requerir autorización previa, por lo que solamente cuenta con un deber de informar a los fines de garantizar la previsibilidad de las futuras erogaciones y la sustentabilidad de las cuentas públicas conforme ordena el Artículo 35º de la Carta Magna Provincial”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora