Marta Humbert, Jorgelina Zubillaga, Dora Galli, Dora Salcerini, Marta Candioti y Graciela Trufe están, desde hace dos meses, sin poder trabajar.
Se desempeñaban, hasta agosto, en el área del Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE) de la Dirección Departamental Paraná de Educación. Pero allí había una empleado, de mayor jerarquía que ellas, Juan Rito Vera, con quien empezaron a tener problemas. Los problemas fueron situaciones de violencia.
Como la convivencia no encontraba un punto de equilibrio, fueron al área de la Mujer de la Provincia, y pidieron asesoramiento. Les recomendaron ir con una denuncia por violencia laboral, y el caso cayó en manos de la jueza Viviana Murawnik, titular del Juzgado Laboral Nº 2.
Aunque no era violencia laboral, sino violencia de género, el caso se resolvió en el fuero del Trabajo, y el 22 de agosto la jueza Murawnik firmó una resolución en la que dispuso “que se distribuya al personal involucrado” en distintas áreas del edificio de la Departamental de Educación, de modo que no haya más roces ni situaciones de violencia entre ellos.
Aunque aclaró que ese distribución del personal –para evitar el trato diario y los roces—no debería implicar “coartar el derecho de ascenso en la carrera administrativa de las partes”
“Tal distribución –firmó la jueza en su resolución—se hará a fines que no haya ningún tipo de contacto entre las partes ni durante la ejecución de tareas ni al ingreso y egreso de los mismos y deberá ser arbitrada” por la directora departamental de Educación, Stella Maris Salas de Foti.
El 26 de agosto, Salas de Foti firmó la disposición Nº 365 en la que ordenó la redistribución del personal involucrado en los hechos de violencia. Puso a trabajar a cada una de las seis denunciantes en distintas áreas, en labores totalmente distintas a las que venían cumpliendo desde hace una década.
Igual orden llegó para los tres hombres que también trabajaban. Aunque ahora, tampoco ellos tienen tarea asignada.
Pero las seis mujeres se negaron a notificarse, y así quedaron en una situación de desobediencia judicial. Exigen que se las mantenga en la tarea que siempre cumplieron, pero Educación se los niega.
El conflicto está lejos de resolverse: Vera, el acusado por las mujeres por hechos de violencia, ocupa ahora una oficina al ingreso de la Departamental de Educación, en Belgrano 29, y las mujeres, una oficina posterior, que antes fue de SAGE y que ahora parece una barca a la deriva.
Les han cortado el teléfono, les han vuelto inoperantes las computadoras y ellas, las seis, sólo cumplen horario: resisten la redistribución que ordenó Salas de Foti e iniciaron una medida gremial de retención de servicios en el lugar que alguna vez fue su oficina laboral, pero que ya no.
“Las perjudicadas somos nosotras, que después de 10 años de estar al frente de SAGE, nos vemos perjudicadas porque nos sacaron todo el trabajo –dicen–. La persona que denunciamos, en cambio, sigue como si nada. La obligación del Estado es garantizarnos trabajar tranquilas y sin agravios. No pedimos la renuncia de nadie. Solamente trabajar. Somos mujeres grandes, que tienen antigüedad, que han sabido responder al trabajo. No es una cuestión política. Acá somos de distintas lineas, de distintos partidos. Lo único que queremos es trabajar y volver al trabajo sin que nadie nos falte el respeto”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.