“Empezamos juntos una nueva etapa en la Provincia”, dijo, en el arranque de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio.
Y agregó: “Todos tenemos una gran responsabilidad por delante. Nunca antes hubo un quiebre tan grande entre la dirigencia y la sociedad. No solo en la provincia, sino en el país. No se generó solo. Fueron muchas décadas de mala política. Fuimos los políticos que profundizamos esta grieta, quizá la peor de todas. Se destruyó el contrato moral con la sociedad. Hubo políticos más preocupados en sus privilegios que en solucionar los problemas de la gente”.
Frigerio no diseñó un discurso esperable. Fue, primero, por otro sendero. Habló del ajuste en la política y de culpas pasadas no expiadas a tiempo, como la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura.
Dijo que la clase política habló más de lo que pudo hacer “y destruyeron el valor de la palabra, viviendo de espaldas a la sociedad, Mintiendo. En esta misma Legislatura saben a qué me estoy refiriendo. Ganar una elección era la puerta de entrada a un mundo de privilegios y no a un mundo de enormes responsabilidades”.
Pero enseguida aclaró que “esta concepción de la política como botín de guerra no es patrimonio de un partido, es parte de una cultura política que llegó el momento de desterrar para siempre”.
“Por eso quiero convocarlos a la acción. Empezó el tiempo de hacer las cosas de otra manera. La sociedad ya lo entendió y expresó con contundencia la necesidad de un cambio. Nos queda a nosotros recoger el guante, resolver problemas concretos de la gente, que llevan décadas sin resolverse”, aseguró Frigerio ante la Asamblea Legislativa.
Pidió ser “austeros y eficientes” y les pidió a funcionarios y legisladores que “escuchen a la gente, a ellos nos debemos. Trabajemos en medidas concretas para hacer realidad el cambio que nos pide la sociedad. Así vamos a reconstruir la confianza perdida”.
Insistió con un anuncio que ya hizo antes: reducir a la mitad los cargos políticos en el Estado. Nuestra provincia está estancada hace demasiados años para que haya funcionarios despilfarrando recursos. La mitad de los funcionarios no generan beneficios para la sociedad, sino para ellos”.
“Vamos a terminar con el nepotismo, los acomodos y los amigos y familiares del poder”, sostuvo. Y habló de la necesidad de que los funcionarios de los organismos descentralizados “no cobren más de un sueldo”.
“Empieza una Entre Ríos donde se va a revisar cada peso gastado”, prometió el Gobernador. “Se terminan los gastos reservados, los autos oficiales para cuestiones personales y otros lujos que pagamos todos con nuestros impuestos”, destacó. Aseguró que los vehículos oficiales que sean utilizados por los funcionarios para fines personales serán destinados a las fuerzas de seguridad.
“Todo va a ser auditable”, planteó y dijo que enviará a la Legislatura una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Ética Pública para que las declaraciones juradas de los funcionarios tengan carácter público. “Cualquier vecino va a poder ver con cuánto entra el funcionario y con cuánto se va”, destacó.
También anunció la redacción de una Ley del Arrepentido, la Ficha Limpia y la Ley de Extinción de Dominio, “para recuperar bienes apropiados por la corrupción”.
Además, adelantó que presentará un proyecto de reforma política. “Fue la última elección de manera arcaica. Vamos a mandar una ley para votar con boleta única. Así vamos a ahorrar cientos de millones de pesos a los contribuyentes, generando un sistema más ágil y transparente”, puntualizó.
Y completó que va a poner “fin a los personalismos” y de ese modo no habrá retratos del Gobernador en cada oficina pública.
Frigerio quiere recuperar lo «robado» en la causa Contratos Truchos
Contratos truchos
Habló luego de la “escandalosa” causa de los Contratos Truchos en la Legislatura. La calificó como la causa de corrupción más “obscena” en medio de la cual “la política decidió mirar para otro lado”.
“Más allá del curso que siga el caso en la Justicia, hay cosas que sí dependen de nosotros y que podemos hacer. Ni siquiera se revisó el presupuesto de la Legislatura, aún cuando es un hecho probado”, señaló. Y anticipó la “reducción” de la planta de asesores de los legisladores.
Se trata de una investigación penal que indagó sobre el accionar de una «asociación ilícita» en la Legislatura entre los años 2008 y 2018 y que según el cálculo del Ministerio Público Fiscal distrajo recursos por aproximadamente $1.235.000.000, cuyo destino se desconoce.
Esa investigación penal, que tiene pedido de remisión a juicio oral, está en discusión: la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un conflicto de competencia, y dictaminar si la competencia es de la Justicia ordinaria o de la Justicia Federal.
La investigación penal se abrió en septiembre de 2018. Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry remitieron la causa a juicio -en medio ocurró el planteo de competencia- y señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan: “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.
Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.
¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47.
Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $ 4.961.988.609”, apunta.
“De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan: “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales; la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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