La Cámara de Casación Penal de Paraná deberá resolver el planteo de prescripción formulado a principios de agosto por los abogados defensores del cura Marcelino Ricardo Moya, con dos acusaciones en el fuero penal, por corrupción y abuso sexual de menores, en ambos casos agravados por su rol de miembro del clero.

El expediente llegó al tribunal el 14 de agosto, y el 28 del último mes fue notificada la Procuración, y lo que ahora resta es que se fije la fecha de audiencia de debate en Casación del incidente de prescripción. Los defensores de Moya pretenden llevar la causa por ese carril, y de ese modo retrasar la fijación de la fecha del juicio oral, tal como ya ocurrió con el cura Juan Diego Escobar Gaviria, que espera sentencia, y el cura Justo José Ilarraz, que será llevado a juicio el 13 de noviembre.

El recurso fue presentado por los defensores el viernes 4 de agosto. El sacerdote carga con dos denuncias en la Justicia: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. Desde finales de junio de 2015, cuando en Tribunales se comenzó a tramitar la causa penal por abusos, la Iglesia Católica lo suspendió a Moya en su función pastoral, y por eso mismo no puede oficiar misas en público.

Los abogados defensores de Moya, Rubén Darío Germanier y Néstor Fabián Paulete, confirmaron que fueron con la vía recursiva hasta la Cámara de Casación Penal, aunque por los antecedentes de ese tribunal, dijeron los letrados, no esperan otra resolución más que un rechazo. Esa vía, la de la prescripción, ya tuvo sentencias adversas en dos oportunidades en la causa Moya.  La última, de un tribunal de alzada en Concepción del Uruguay.

El 31 de julio último, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores de Moya, acusado penalmente por casos de abuso a menores en Villaguay. El camarista  Mariano Martínez confirmó la resolución  del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, que el 29 de junio rechazó la vía de la prescripción y elevó la causa a juicio.

Los abogados defensores del cura insisten, no obstante, con el mismo criterio: piden  la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote: dos abusos, ocurridos en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ahora radicado en Rosario, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso. Después, el caso recaló en los Tribunales de Villaguay. Allí, la fiscal Nadia Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria en mayo último e hizo el pedido de elevación a juicio, que resolvió el juez de Garantías a finales de junio.

El pedido de elevación a juicio fue ac0mpañado por los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso.

En resolución de rechazo a vía de la prescripción, el camarista Martínez consideró que “prima facie y al amparo de las evidencias mentadas durante la sustanciación del presente recurso -reconociéndoles la provisionalidad de la instancia- que el caso puede ser adscripto a la categoría en cuestión (violación a los Derechos Humanos de personas menores de edad)”.

Superado el trámite de Casación, señalan los letrados, esperan que, una vez que el caso llegue a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con nueva composición, allí la prescripción encuentre buena acogida. Dos jueces de la sala, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, ya se han manifestado a favor de la prescripción en el caso Ilarraz, y eso, consideran los abogados de Moya, es un antecedente a tener en cuenta.

Aunque para todo eso, habrá que esperar, primero, el fallo de Casación.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

 

 

 

 

 

 

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