Desde el viernes 5 la ciudad quedó sin servicio de transporte urbano de pasajeros y la situación se mantendrá así hasta por lo menos el próximo miércoles. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió aplicar la medida de fuerza, primero, por la falta de pago de un 30% de los salarios de junio, y, después, por la no cancelación del medio aguinaldo. Las empresas respondieron al primer reclamo el viernes, y prometieron que el miércoles 10 pagarían el resto de lo adeudado. Si el esquema se cumple, volvería el servicio.

Pero el problema parece mucho más complejo y no se agota en una mera demanda salarial de los choferes. La pelea de fondo la dan los empresarios de Buses Paraná -que tiene la concesión del servicio desde hace un año- por una una nueva recomposición de la tarifa. El último aumento, que empezó a regir el 16 de abril pasado -los empresarios lo habían pedido en octubre de 2018- supuso elevar el costo del boleto de $14,85 a $22,80, aunque una línea de subsidio municipal de $2,80 dejó el costo al pasajero en $20.

Ahora, Buses Paraná pretende llevar esa  tarifa a $28, aunque ese valor regiría en caso de que el Estado otorgue una nueva línea de subsidio de $11 millones al mes. De lo contrario, el valor que han calculado se ubicaría en torno a los $35,80. El planteo empresarial recién será debatido en la primera reunión del año del órgano de monitoreo y control del servicio, el Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU), que fue convocado a reunión para el miércoles 10. El concejal Enrique Ríos, del bloque del Frente para la Victoria (FPV), calcula que el Concejo Deliberante recién estaría analizando el pedido en la segunda quincena de agosto, con final incierto.

«Estamos en una situación muy compleja -admite el edil. Está claro que no es un problema exclusivo de Paraná sino que la crisis afecta a todo el transporte público del país como consecuencia de la política del Gobierno nacional de quitar los subsidios. Según la Ley de Presupuesto, los subsidios deberían pasar a ser responsabilidad de las provincias y de los municipios. Pero en Paraná se hace difícil afrontar esos subsidios por la situación financiera del Estado municipal. Aunque aquí hay otro condimento:  hay un incumplimiento de la empresa concesionaria en el tema de frecuencias. Y también el tema de los nuevos recorridos, que se aplicaron sin el consenso de los usuarios. Y frente a esto, hay una ausencia total del Estado como contralor y garante del servicio de pasajeros», plantea.

Ríos entiendo que «hay que rediscutir el contrato de concesión y el rol del Estado como contralor, para hacer cumplir la concesión. Además, hay que buscar vías de financiamiento del transporte público de pasajeros para que no necesariamente salga del bolsillo de los usuarios o del erario municipal un eventual aumento de la tarifa». Dice el edil que el planteo de los empresarios de una línea de subsidios del Estado municipal para sostener la tarifa en $28 es inviable por la situación financiera del Municipio. «Paraná está con todas sus partidas saturadas», asegura.

Hugo Ruiz, gerente de Ersa Urbano, admite que el reclamo por recomposición de la tarifa hace pie en la quita de subsidios del Estado Nacional. «El último pedido de aumento, que hicimos en octubre y recién lo obtuvimos en abril, fue hecho en función de los números de 2018, y eso hizo que arrancáramos con pérdidas. Además, se fijó una tarifa política. Tanto el SITU como las empresas habían llegado a un cálculo de $24,80, pero se terminó otorgando $22,80, aunque el usuario paga $20», aseguró.

En ese esquema de tarifa pedida de $24,80 se incluyó el pago del subsidio repartido entre Provincia, un 50%; Municipio, un 25% que se gestionaría ante Nación, y el 25% restante vía aumento. «El 25% que corresponde al municipio no se logró de Nación. La cifra era de $15 millones mensuales, de los cuales llegaron $5 millones mensuales. Ahí se produce el primer desfase», señaló Ruiz. «Encima, se aprobó una tarifa política y no la que resultaba de los análisis técnicos», apuntó.

«Ahora -resaltó- se hizo una nueva actualización de costos. Nuestro rubro se maneja casi en su totalidad a precio dolar. Este estudio nos da una tarifa de $35,80. ¿Nosotros qué hacemos? Somos concientes de que ese precio no lo pueden enfrentar los usuarios. Entonces, proponemos al poder concedente, la Municipalidad, una tarifa de $28 pesos, acompañada de un subsidio de $11  por kilómetro. Ese subsidio puede ser de la Nación, de la Provincia o el Municipio. Eso lo tiene que definir el poder concedente».

-¿Cuánto representa ese subsidio?

-Estamos hablando de $11 millones mensuales. Es una propuesta. Hay que destacar que venimos de una fuerte caída de pasajeros transportados en el primer trimestre del año de unos 100 mil pasajeros por mes. Cadas mes, tranportamos 2,4 millones de pasajeros en Paraná.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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