Los abogados Ladislado Uzín Olleros y Franco Azziani Cánepa se mostraron satisfechos con la resolución del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Alejandro Cánepa quien este miércoles falló de forma parcial a favor de sus peticiones en la causa contra de Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y su esposa, Lucrecia Zuttión, fiscal del Tribunal de Cuentas, denunciados en 2016.
En primer lugar, el juez consideró prescripta la acción penal contra Erbes en cuanto a la denuncia por exacciones ilegales, el supuesto pedido de sobornos o «aportes» a empresarios de la construcción. En este punto, Cánepa cuestionó que la Fiscalía no haya realizado ninguna medida de prueba durante 5 años y 7 meses, ya que recién el 4 de abril de este año citó a tres testigos. Por ello, consideró que se violó la garantía de un juzgamiento en plazo razonable.
Por otra parte, el juez rechazó el pedido de sobreseimiento para Erbes y su esposa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En este caso, concedió 30 días hábiles para que la Fiscalía se haga de una pericia contable solicitada a perito del Superior Tribunal de Justicia.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el abogado Uzín Olleros manifestó: «Estamos conformes con la resolución porque se entendió que el plazo razonable no es una cuestión caprichosa, como pretende la Fiscalía. No es que esté tarifado el plazo, es decir que son tantos meses y días. Acudimos al sentido común y el justiciable tiene la garantía establecida en el artículo 65 de la Constiución. Una persona no puede estar abrochada a un proceso penal indefinidamente, maxime cuando durante seis años no se lo ha imputado».
En ese sentido, destacó que «el juez le ha marcado la cancha a la Fiscalía, ya que sólo le consiente un plazo de 30 días para que concluyan la pericia contable. Si en 30 días hábiles no se produce el informe, podemos pedir nuevamente el sobreseimiento».
Juez Alejandro Cánepa,
Uzín Olleros cuestionó en este punto que la investigación se extienda en el tiempo en el sistema acusatorio. «Este procedimiento nuevo se suponía que iba a ser era más moderno, dinámico y eficaz, pero advertimos que con el anterior sistema Erbes y su señora ya habrían estado sobreseídos hace años. Ahora retomamos los valores de la Constitución, la garantía de las personas y el principio de inocencia. Estamos satisfechos con la resolución porque marca un antecedente».
Por su parte, Azziani Cánepa sostuvo: «Si bien Erbes fue sobreseído por uno de los hechos, tambén hay que dejar bien aclarado que si bien se ha rechazado el pedido de sobresiemiento sobre el segundo hecho, se ha vuelto a insistir respecto de la pericia que falta. La pericia debe ser evacuada dentro un plazo no mayor a 30 días y la Fiscalía debe tomar una postura desincriminante o imputativa. Si eso no sucede, podemos volver a pedir el sobreseimiento».
Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros, defensores de Erbes.
Al igual que su colega, el defensor valoró la resolución del juez en cuanto a que «puede servir para otras casuas de esta naturaleza que están tramitando en la Justicia provincial o Federal».
«Existe la garantía de la razonabilidad del plazo en el proceso penal y ahora los letrados nos vemos obligados a plantear estas cuestiones porque el paso del tiempo está jugando su papel. Esto muchas veces no se planteó proque el paso del tiempo no era tan elongado como ahora», completó.
La investigación penal preparatoria se inició en agosto de 2016 tras una publicación de Daniel Enz, director de la Revista Análisis, en la que informó el repentino crecimiento patrimonial de la pareja, quienes únicamente tienen como ingreso dineros de la administración pública provincial, donde trabajan hace unos años.
Tras la publicación, la denuncia en la Fiscalía la formularon los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los letrados son conocidos por haber realizado diferentes denuncias contra el exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y figuras de su gestión.
En su artículo, Enz sostuvo que Erbes vivió primero en un complejo habitacional del Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas (IAPV), y que luego compró una casa ubicada a la vuelta, en Uranga 575, en proximidades de la Escuela Privada Nuestra Señora del Luján de Paraná, entre otras adquisiciones que llamaron la atención.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.