Cada año en Entre Ríos muere una mujer por una práctica clandestina de aborto.
Esa es la estadística oficial del sistema sanitario entrerriano.

«Las muertes por aborto responden a prácticas en situación de clandestinidad, que llegan al hospital en situación desesperante, y los esfuerzos médicos no alcanzan para salvar la vida de la mujer», dice Lucy Grimalt, responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

«Una mujer muere por año. Es la estadística de muerte por aborto en Entre Ríos. Es real. Una sola muerte por causas evitables es ya una tragedia», agrega Grimalt.

Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Nación dice que el aborto no es un delito, y por tanto no es punible: a) en caso de peligro para la vida de la mujer; b) en caso de peligro para la salud de la mujer; c) en caso de violación; d) en caso de atentado al pudor de mujer “idiota o demente”.

Tuvo que pasar bastante tiempo, hasta que el 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación pusiera blanco sobre negro en ese asunto y pusiera fin a la práctica de judicializar el acceso de la mujer a practicarse un aborto no punible.

La Corte reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley, e instó a todas las provincias a dictar protocolos de procedimientos para sus sistemas sanitarios y así acabar con los mitos, los malos entendidos y la revictimización de las mujeres.

En Entre Ríos ello ocurrió a finales de agosto de 2017, cuando la ministra de Salud, Sonia Velázquez, aprobó una disposición que puso en vigencia un protocolo de actuación en casos de aborto no punible, que vino a reemplazar una normativa que había sido dictada en 2012 por el entonces titular de la cartera, Hugo Cettour, y que había sido reprochada por Amnistía Argentina por no respetar el fallo de la Corte.

El mismo año que la Corte corrió el velo del prejuicio, un senador entrerriano, César Melchiori, que presidió la Comisión de Salud de la Cámara Alta, presentó un proyecto de ley para prohibir la práctica del aborto.

Insólitamente, el proyecto tuvo despacho favorable a finales de 2015 y estuvo a punto de ser tratado en el recinto.

La esposa de Melchiori, la ahora diputada Carmen Toller, tiene un pensamiento parecido en materia sanitaria. «Estoy convencida de que las personas que proponen el aborto legal, piensan que esa es la solución al problema. Nosotros consideramos que nunca una injusticia puede ser la solución de otra injusticia. Todos buscamos soluciones. Un grupo la busca a través de quitarle la vida al niño por nacer y otro grupo dice que la solución a la pobreza, a la violencia, a la indigencia, a la soledad de las madres, tiene que ser a través de otros caminos”, sostuvo la legisladora.

Toller se sumó así al coro de voces de legisladores que reprocharon el dictador de un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles.

Los abortos, claro, ocurren, sólo que ocurren en la clandestinidad. Por eso, el sistema sanitario no registra estadísticas

 

«A partir de la implementación de la resolución ministerial 3616/ 17 sobre ILE (interrupción legal del embarazo), tal cual lo establece el Código Penal, nos permitirá llevar este año un registro más certero de estas intervenciones en el ámbito de salud pública», sostiene la titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia.

Claro que ahora hay un avance en la discusión pública:  el debate gira en torno de la legalización de toda práctica de aborto.

El presidente Mauricio Macri anunció a los jefes de bloque del oficialismo en el Congreso que dejará en libertad de acción a los legisladores de la coalición Cambiemos para que se pueda dar tratamiento legislativo a un proyecto de aborto legal, seguro y gratuito.

La diputada provincial oficialista Emilce Pross está abiertamente a favor del aborto legal: ha sido, de momento, la única legisladora entrerriana que ingresó al recinto de sesiones llevando envuelto en su cuello el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

«Si se legaliza el aborto no habrá más abortos: habrá menos muertes de mujeres» , dice Pross. «Seguir postergando este tema es seguir perjudicando a la gente, sobre todo a la más vulnerable, que no puede acceder a servicios pagos para la práctica de un aborto en condiciones seguras. Hoy, con los recortes que hay en los planes de salud, esa población está más desprotegida», sostiene.

«Ninguna mujer que se practica un aborto lo hace como ir a la peluquería: es un momento doloroso, difícil para la mujer, difícil la decisión y difícil la ejecución», asevera. Y pone a un lado al pensamiento católico sobre este asunto: «No hay una real conciencia de que somos un Estado laico. la Iglesia, la cultura de la Iglesia, son para la vida personal de cada uno, no para las cuestiones de Estado. Yo acepto a quienes defienden la vida, pero quiero que defiendan la vida en primer lugar de las mujeres», sostiene.

«Yo estoy a favor de la vida -aclara la diputada Gabriela Lena (Cambiemos). Pero en esto hay mucha hipocresía. Entiendo que la práctica del aborto es una cuestión de conciencia: la mujer que tiene decidido practicarse un aborto, lo va a hacer igual, exista o no exista la ley. El problema acá es que quien tiene dinero puede realizárselo con una práctica segura. Pero la mujer que no lo tiene, termina pagando con su propia vida. Tenemos un alto índice de mujeres que mueren por abortos mal realizados. Por eso es fundamental la educación sexual integral, de modo que no existan embarazos no deseados. Pero en el caso que existan, quiero una igualdad para quien tenga la necesidad o las ganas e hacerlo, lo pueda hacer en un lugar donde preserven su vida».

Claro que el proyecto de educación sexual integral que presentó Lena en la Cámara de Diputados en marzo de 2017 duerme el sueño de los justos.

El proyecto tomó estado parlamentario el 29 de marzo, y desde el 31 de marzo está en la Comisión de Educación, que preside la diputada oficialista Leticia Angerosa. En 2017, esa comisión se reunió una sola vez, para tratar la ley de ajedrez.

La actual ley de educación sexual fue sancionada en 2003, durante el gobierno del radical Sergio Montiel. Allí se previó un plan de desarrollo en las escuelas que nunca se aplicó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.