Por Graciela Bar (*)

 

Desde el año 2006 rige en nuestro país la Ley 26.150, que establece que todos los alumnos que asisten a escuelas de gestión estatal y privada, tienen el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Crea el Programa Nacional de ESI sustentado en numerosa legislación de protección integral de niños, niñas y adolescentes, entre otras, la ley 23.179 que aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU 1979), la ley 23.849 de ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU 1989), la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La Ley 26.150 presenta como objetivos: incorporar la educación sexual integral en las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados; promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

En este marco y en la Ley de Educación Nacional 26.206, el Consejo Federal de Educación, aprueba los Lineamientos curriculares nacionales para la ESI (Resolución 45/08) explicitando los propósitos formativos y los contenidos como espacio transversal organizados por ciclo de cada nivel, reconociendo los derechos y obligaciones que asisten a las familias como primeros educadores de sus hijos/as.

Diez años después, incorpora los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (Resolución 340/18) con cinco ejes conceptuales: Cuidar el cuerpo y la salud, Valorar la afectividad, Garantizar la equidad de género, Respetar la diversidad y Ejercer nuestros derechos, norma que el Consejo General de Educación adhiere en su totalidad (Resolución 5063/06) y por la cual designa el equipo provincial y la Coordinación Pedagógica Departamental.

En el año 2022, El Consejo Federal reafirma que la ESI, en tanto política de Estado, constituye un aporte necesario y fundamental para la construcción de una sociedad diversa, justa e igualitaria y ratifica el compromiso de las máximas autoridades educativas de la República Argentina, para fortalecer, extender y profundizar la implementación del Programa, comprometíéndose a promover y garantizar acciones de actualización docente (Resolución 419).

El abordaje de esta temática favoreció el intenso trabajo entre diferentes instituciones para la redacción y aprobación del “Protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil” (Decreto 2405/10 y ley 10.629), que tiene como objetivos “evitar el proceso de revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual” y “promover redes de trabajo territorial, interdisciplinario e interinstitucional” a través de la actuación conjunta para una intervención oportuna y eficaz.

La ESI se ha desarrollado en todo el territorio provincial, con un importante compromiso por parte de las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes. Ha asegurado condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo, garantizando el respeto de los niños, las niñas y adolescentes, a través de conocimientos y valores que fortalecen la formación integral de una sexualidad responsable.

Lamentablemente, desde el gobierno nacional las políticas de género sufrieron fuertes embestidas, desfinanciándose la inversión en la conformación de equipos de formación, la producción de materiales de uso didáctico, inclusive eliminando los del portal Educ.ar.

Esta política que pretenden imponer, no tiene cabida en la escuela porque esta institución educativa es un espacio institucional con capacidad de generar condiciones que igualan el acceso a la información y a la formación de todos los alumnos y alumnas en lo que hace a la construcción de su identidad, autonomía, inviolabilidad y dignidad.

La ESI continuará porque es un derecho, porque tiene un sustento legal, porque los docentes se han formado y tienen experiencia en la contextualización de contenidos y estrategias, porque conocen la idiosincrasia de la comunidad en la que se desempeñan.

 

 

(*) Graciela Bar fue senadora nacional y presidenta del Consejo General de Educación (CGE).

Foto portada: Gentileza La Lucha en la Calle