“Fue una decisión mía denunciar. No es que me usaron. Fue el único medio que consideré más rápido para terminar con todo esto”.

Eliana Berón, empleada del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), habló este jueves por última vez frente al juez Rafael Martín Cotorruelo, que tramitó, desde el lunes último, las audiencias de una querella por injurias que le inició el director obrero del Iafas, Gabriel Abelendo, luego de que la mujer formulara una serie de cargos en contra suya, durante una conferencia de prensa que se desarrolló el 20 de octubre de 2016 en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Entonces, la empleada habló de una serie de situaciones de violencia laboral, acoso y maltrato, que, dijo, tenían como víctimas primordialmente a las mujeres.

De aquella conferencia de prensa participó, además, de Eliana Berón, Norma Alonso, de la comisión directiva de ATE. Enterado del tenor de las imputaciones que se le hicieron, Abelendo, hombre del riñón de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), envió sendas cartas documento: a Berón, a Alonso y a la conducción provincial de ATE. Y después fue a la Justicia, pero sólo apuntó a Berón.  Abelendo le inició una querella por calumnias e injurias, y le reclamó el pago de un resarcimiento de $50 mil, pero después desistió de la indemnización económica. Sus abogadas, Vanesa Visconti, titular del Registro Civil y Capacidad de las Personas, y Candela Bessa,  integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, pidieron hoy, durante los alegatos, que se le imponga a Eliana Berón el pago de la multa mínima, $1.500, más el pago de honorarios y costas y que la obligue a pedir disculpas públicas.

El miércoles pasaron por el salón de audiencias de Tribunales varios testigos.

Yesica Flores, la primera testigo, reveló que «fui afectada por los abusos de poder de Abelendo», pero también fue «testigo» de lo que le ocurrió a Eliana Berón.

Gabriela Hereñú recordó cómo el director obrero de Iafas «me presionó y apretó cuando estaba embarazada».

«Quería que yo trabajara para él y como me negué, empezó a inventar cosas de mí: que tomaba alcohol en la sala de juegos, me cuestionaba hasta la forma de vestirme. Yo en ese momento estaba embarazada, y me decía que mi hijo iba a nacer con una discapacidad», señaló.

La mujer, entonces, soltó un llanto en medio de la sala de Tribunales.

El testimonio más contundente resultó el de Adriana Beber, con 12 años de trabajo en Iafas, que luego de sucesivos enfrentamientos con Abelendo, terminó trasladada de lugar de tareas y con sueldo reducido. «Me decía ´puta de mierda´, trataba a otros compañeros como ´drogadictos´o también a una compañera la llamaba como ´esa negra petera´», alcanzó a mencionar antes de quebrarse.

Relató que debió acudir a un psiquiatra y medicarse por la afectación psicológica que tuvo producto del hostigamiento de Abelendo. «Perdí 12 años de carrera. En el Iafas todos saben lo que es Abelendo, pero nadie hace nada. Yo misma tenía miedo de venir acá -dijo, de frente al juez Cotorruelo- por medio a las represalias».

Beber recuerda la recomendación que le hizo un superior cuando quiso ponerlo al tanto de los hostigamientos que soportaba de Abelendo: «Contra el poder no se puede».

Ulises Machado, empleado de Iafas en Federación, hizo notar que las presiones y la violencia, aunque la soportan las mujeres primordialmente, también alcanza a los hombres. Lo mismo contó Miguel Holotte, que reveló que los cuestionamientos hacia Abelendo fueron puestos en conocimiento del expresidente de Iafas, José Spinelli, quien lo despidió con un tajante: «No me vengan con cuentos».

Norma Alonso, miembro de conducción de ATE, contó que «la situación de la mujer es difícil, pero en el Iafas es peligrosa», y justificó que nunca se haya hecho la denuncia judicial de los hechos de violencia que se atribuyen a Abelendo en función del temor «a represalias. Hacer la denuncia deja a la mujer en situación de debilidad. Se las traslada, se las baja de categoría, se les reduce el salario. El salario es usado como elemento para el ejercicio del poder».

Después de la etapa de los testigos, fue el turno, este jueves, de los alegatos.

Vanesa Visconti, en representación de Abelendo, dijo que se trató de una cuestión “personal”,  y por eso cabía la querella por injurias. Que la empleada de Iafas no fue a denunciar las situaciones de violencia que decía soportar del director obrero a los organismos que correspondían ni tampoco fue a la Justicia. “Esto es una cuestión personal y no de interés público”, afirmó.

“No hay ningún abuso de poder acá, como se dijo. A Abelendo lo votó el 44% del padrón de afiliados al Iafas para ser director obrero. Eran 1.156 empleados que votaron en 2016 entre cinco candidatos. Hay una gran equivocación entre estos empleados que vinieron a declarar como testigos. Antes de que Abelendo fuera director obrero eran todos amigos y esto era una comunidad; cuando Abelendo asume como director obrero parece que se transformó en un demonio”, subrayó.

La abogada Candela Bessa sostuvo que la “querella se constituye porque se publica el nombre y el apellido de Abelendo, diciendo que es responsable de distintos delitos, que es el encargado de motivar todo un aparato de represión, de amenaza, de abuso de poder, de vulneración de derechos de hombres y mujeres, pero más de mujeres, adentro del Iafas. Yo soy militante por los derechos de las mujeres desde los 10 años. Acá, la señora Berón fue utilizada. No utilizó para hacer la denuncia los mecanismos de protección de los derechos de la mujer que hemos conquistado después de años de lucha. En todas las publicaciones que hubo –de la conferencia de prensa en ATE, NdelR- se muestra la foto de Abelendo. El nombre y apellido de Abelendo. Se lo hace cargo de hacer y decir un montón de cosas que son reprochables jurídicamente, socialmente, y que afectan el honor de esta persona. Pero no se hacen las denuncias, no se siguen los protocolos, no se toman las medidas judiciales que se debieron tomar. Entonces, no habiéndose utilizado los mecanismos que hemos utilizado, da lugar a la querella”.

“Lamento que este debate se esté haciendo en estas condiciones –planteó Bessa-. Considero que no queda otra que se haga una querella. Todos tienen que denunciar, pero denunciarlo en el lugar que corresponde. Me quedé afectada por las cosas que escuché (en el juicio). A algunos testigos les creí más que a otros, de las dos partes. No podemos dejar que un abuso sea tomado por los gremios para pelearse entre ellos. O para hacer expresiones públicas que después terminan en nada. Por más que se hagan escrache o conferencias de prensa, no es un mecanismo idóneo para proteger los derechos de las víctimas. Y por eso prospera la querella”.

Pero al momento de pedir la condena, la letrada no fue lo suficientemente clara: el abogado de la denunciada, Marciano Martínez, le pidió precisiones; también se las reclamó el juez Cotorruelo. Bessa finalmente dijo que la pena que pedían es el pago de la multa mínima, que pague los honorarios y se haga cargo de todas las costas.

Gabriel Abelendo.

 

A su turno, Marciano Martínez consideró que “parece que hubiera un cambio de roles. Abelendo no está acusado. Él es el acusador. Entonces, el acusador se transforma en acusado. Pero hace bien en sentirse acusado. Porque esto es consecuencia de una acción de la patronal contra un empleado, una patronal dura, arbitraria, autoritaria”.

Contradijo a los representantes de la querella, que señalaron que no querían hacerle pagar una multa excesiva por tratarse de una empleada. “No es así. Pidieron 50 mil pesos. Está escrito. No hay bondad, como habla la abogada de Abelendo, que dicen que no piden pena porque no se animan a ir contra una trabajadora. En la demanda está que son 50 mil pesos. Varios sueldos. Esa es la actitud represiva de Abelendo”, sostuvo.

“Quería todo: calumnias, injurias, más la acción civil de 50 mil pesos. Y dijo que iba a donar esa plata. Esa es la bondad. El juez de Garantías (Mauricio Mayer) bajó la acción por calumnias. No hay ningún delito imputado. El delito debe ser claro y preciso. Y se olvidaron de la demanda civil. No la hicieron. No probaron el daño. El daño hay que probarlo. Lo que quedó probado, sin embargo, es la personalidad de Abelendo, que es autoritario”, afirmó.

Martínez negó que se tratara de una cuestión privada. “Esto es de interés público.  Es un hombre que representa al Estado, por eso es público. Las críticas son por ser funcionario público, no por ser  Abelendo; es por su función. Es una contradicción: Abelendo es un director obrero, que tiene que estar al servicio de obrero. Pero acá hemos escuchado a mujeres que se han quebrado, que contaron el sufrimiento que han pasado, perseguidas por el director obrero. Qué contradicción. Mi defendida tuvo el coraje de decir lo que dijo sabiendo que iba a tener represalias, que todavía siguen. Lo hizo en rechazo a esta conducta arbitraria, antidemocrática. Mi defendida no dijo que era ella sola la víctima; también habló de otras víctimas. Hay un interés público”, apuntó.

Reprochó el abogado la pasividad de los organismos del Estado, que no actuaron aún cuando estaban al tanto de las denuncias en Iafas. “¿Quién lo controla a Abelendo? A las mujeres siguen matándolas, violándolas. Tenemos una mentalidad machista y autoritaria. Pensamos que el funcionario público es un funcionario indemne”, aseguró.

Al final, pidió que se absuelva a su clienta de culpa y cargo: que se dé por terminada la acción penal. “No quiero sobreseimiento –aclaró-. Quiero que se rechace la querella, porque no hay delito, y se la absuelva de culpa y cargo”.

El juez Coturruelo dará a conocer su veredicto el próximo jueves 5, a las 12.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.