La “primera escuela vial del país” fue inaugurada en Paraná el 5 de noviembre de 2014, pero a poco de abrir sus puertas un informe del Tribunal de Cuentas reprochó que se hayan utilizado fondos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). El mentor del establecimiento educativo fue Jorge Rodríguez, extitular del organismo en tiempos del gobierno de Sergio Urribarri. Actualmente ostenta un cargo donde la exposición pública es menor: es subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).
Sobre la construcción de la escuela se posó primero la mirada de Nanci Vinagre, asesora jurídica del organismo de control, quien en 2015 emitió un dictamen que cuestionaba el uso de fondos de la DPV para crear una escuela.
Luego el caso fue motivo de una investigación periodística más amplia, y más tarde la historia llegó a las puertas del Ministerio Público Fiscal (MPF), que tomó medidas al respecto: imputó a Rodríguez y otros funcionarios por el supuesto delito de peculado. Es decir: desvío de fondos de Vialidad para hacer un establecimiento educativo.
La escuela en cuestión es la Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, de nivel primario,y se encuentra ubicada en un predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad. La escuelita casi pasa desapercibida en calle Brasil Nº 1050, a una cuadra de la terminal de ómnibus de Paraná, justo detrás de la Escuela República de Chile.
La titularidad de la institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, cuya comisión directiva integraba Rodríguez (era secretario) y presidía el entonces Director de Mantenimiento y Suministro, Néstor Kemerer.
Como se dijo, la institución fue creada en 2014 a instancias de Rodríguez y otros funcionarios del DPV, que en pocos meses enfrentarán un juicio por el manejo del dinero de dicha repartición. En el banquillo de acusado, también imputados por peculado, serán sentados Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y el ex director de esa área, respectivamente.
La fiscalía también les imputa que con el fin de cumplir las exigencias del Consejo General de Educación –que aprobó la creación del establecimiento-, en agosto de 2014 “Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro de lo que es la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”.
La causa penal se inició tras la demanda presentada a fines de septiembre de 2015 por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.
En la audiencia de remisión de la causa a juicio, que se llevó a cabo el 17 de febrero, ante el juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, la fiscalía adelantó que solicitará 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; en tanto que para Heyde, pedirán la pena de 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua.
En esa oportunidad, la fiscal Yedro señaló que para sostener la escuela, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) pagó, desde su creación, 3 millones de pesos a personal docente y 900 mil pesos en obras de refacción y construcción de la escuela.
En tanto,los defensores de Rodríguez, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, pidieron el sobreseimiento de su defendido. Lo mismo solicitó Javier Martínez, abogado defensor de Kemerer y Heyde.
El juez Ruhl se declaró incompetente para resolver los pedidos de sobreseimiento. No de acuerdos con esa decisión, este martes los abogados de Rodríguez presentaron un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones, que debe resolver en tres días si aceptan o no el planteo.
En el juicio desfilarán una gran cantidad de testigos ofrecidos por las dos partes, entre los que resaltan, la comisión de padres de la escuelita y los nombres del ex ministro de Educación, José Lauritto; el ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora