Cinco gobernadores quedaron entrampados en la estafa que se sospecha cometió la influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín, entre ellos el titular del Ejecutivo entrerriano Rogelio Frigerio.

Pero en el caso la influencer oriunda de Santiago del Estero no sólo se apropió ilícitamente de la CUIT del gobernador de Tucumán. También utilizó las claves de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de San Juan, Marelo Orrego; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.Los investigadores de la Justicia Federal de Tucumán llegaron a Valentina Olguín. La santiagueña primero se justificó asegurando que había superado su propio cupo de compras al exterior y que obtenía la información fiscal de Internet. Sin embargo, el fiscal Chuit considera que existen pruebas suficientes para determinar que la cantante e influencer actuó con conocimiento y voluntad de defraudar, por lo que quedó imputada por el delito de contrabando simulado.

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De acuerdo a la investigación, Olguín utilizó los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores para realizar compras vía Courier, un sistema de importación menos estricto en controles. De esa manera logró sortear el cupo personal impuesto por Aduana de cinco compras anuales de hasta 5 mil dólares.La investigación se abrió el 28 de octubre de 2024, a cargo de la Fiscalía Federal Nº  2 de Tucumán. Todo se desató cuando el gobernador tucumano se percató de compras hechas a su nombre en el exterior.“Esas compras habían sido realizadas por una persona que se identificaba como Valentina Olguín y efectivamente había hecho las compras. El domicilio de entrega era de la Capital Federal -explicó a Entre Ríos Ahora el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes-. De la investigación surge que no solo había hecho compras a nombre del gobernador de Tucumán sino también a nombre del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio: del gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto; del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; y del gobernador de la provincia San Juan, Marcelo Orrego”.Desde la Justicia Federal, añadió Rodriguez Signes, “se le requirió declaración testimonial y por escrito a todos los gobernadores, a consecuencia de la investidura que tienen. Contestaron que no tenían ningún conocimiento de esas compras. Por lo tanto, se los consideró damnificados, víctimas de esas operaciones realizada por esta persona”.

El paso siguiente fue que el fiscal federal de Tucumán “entendió que era competente para el caso de la estafa que perjudicaba al gobernador Jaldo, pero se declaró incompetente para el resto y ofició a las fiscalías federales de las distintas provincias para que tomaran intervención. Por esa razón, remitió el caso a cada una de estas jurisdicciones. En Entre Ríos, el gobernador es damnificado”.

El fiscal de Estado explicó que “todavía no ha recibido una notificación acerca de la radicación de la investigación en la provincia de esta causa. Está evaluando cuáles serían los pasos a seguir de acuerdo al consejo del fiscal federal. Pero lo que tiene que quedar claro es que estos gobernadores están como víctimas de este delito de contrabando”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora