La situación judicial de Patricia Teresita Díaz, actual concejal del PJ de Santa Elena, exdiputada provincial y esposa del intendente Domingo Daniel Rossi, se ha complicado en las últimas semanas en virtud de los datos que reúne la Justicia en la causa por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Análisis Digital, el cruce de información entre Argentina y Uruguay dejó al descubierto que la edila tiene bonos en el exterior por 906.290 dólares, además de otras cuentas en el vecino país. Y cuando la llamaron desde el organismo recaudador nacional para preguntarle al respecto, tuvo que reconocer que se había olvidado de declarar tales bonos externos por semejante cifra, que a precio actual del dólar blue sería el equivalente a 167 millones de pesos argentinos. 

El detalle al que accedió Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), indica que Patricia Díaz de Rossi tiene bonos en el Republic of Brazil, adquiridos el 16 de julio de 2009; en el República Oriental del Uruguay Global, comprados el 20 de enero de 2010; en el Republic of Chile, el United Mexican States y también en el Rou Global, en estos tres últimos casos, todos ellos adquiridos el 4 de diciembre de 2014. Es decir que siendo diputada provincial -entre 2007 y 2011, primera administración de Sergio Urribarri- compró bonos externos en dos lugares y luego amplió su inversión tres años después de finalizado su mandato, en que Domingo Daniel Rossi fue su principal asesor legislativo. La administración de tales bonos las hizo la empresa Jenkins & Keane Limited, con sede central en el Reino Unido y creada en Inglaterra en el 2000.

A raíz de esta situación es que la UIF (Unidad de Información Financiera, dependiente del gobierno nacional) habría dispuesto abrir un expediente para investigar a la actual concejal de Santa Elena, porque al hacer el análisis de sus ingresos estaría determinando que no surgen indicios de que posea capacidad económica financiera y operativa, ni que haya desarrollado actividad comercial alguna en los últimos tres años, más allá de declarar actividades de cría de ganado bovino y venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir hasta septiembre de 2017. 

Según se pudo saber, en su declaración jurada de bienes personales en 2015 y 2017 no hizo constar la existencia de bonos personales por 906.290 dólares ni los saldos de las cuentas de dos cajas de ahorro en el Uruguay, también en dólares. Por eso fue que cuando la inspeccionaron tuvo que reconocer rentas en el exterior por 163.510,64 dólares, otros saldos en el vecino país y recién allí blanqueó los bonos por más de 900 mil dólares. 

Pudo saberse además que en los próximos días, la actual concejal Díaz sería citada por el fiscal Alvaro Piérola para que justifique tales inversiones en bonos externos en Uruguay, Chile, Brasil y México y luego se dispondría su indagatoria, como paso previo para la elevación a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito.

Qué hay en la Justicia

Las causa por enriquecimiento ilícito que alcanza a Díaz y a su esposo, el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, ha tenido una trayectoria compleja en Tribunales.

En febrero último, el juez Pablo Andrés Vírgala rechazó, por sexta vez, un pedido de sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2016 sobre el exvicegobernador y actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y su esposa, la exdiputada provincial Patricia Díaz. Vírgala tampoco hizo lugar al segundo planteo que formuló el defensor: el beneficio de la prescripción de la acción penal.

«La situación de los investigados es hoy un poco más comprometida», resumió Virgala al dar a conocer su resolución a la petición que había formulado el viernes 20 de diciembre de 2019 el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo. «Lo único nuevo es una prueba que, lejos de favorecer la postura de los investigados, no hace sino comprometerlos», evaluó el magistrado al citar la documentación remitida, vía diplomática, por el Scotia Bank de la República Oriental del Uruguay, que certificó que la esposa de Rossi tiene una cuenta de 300 mil dólares.

Esa información, conseguida después de una «engorrosa tramitación», según Vírgala, aporta nuevos elementos para dilucidar la responsabilidad de Rossi y su esposa, Patricia Díaz, en el delito que se les endilga, enriquecimiento durante la función pública. En todo momento, Vírgala hizo notar la situación de «investigados» de Rossi y de Día, quienes de momento no están ni imputados en la causa.

Al respecto, el defensor Carlos Reggiardo apuntó: «Esta es una cuenta abierta en 2002, por 300 mil dólares, siendo que Rossi fue condenado en 2006 por una cuenta de 5 millones de dólares. Acá no se puede hablar de enriquecimiento. Por otra parte, esos 5 millones nunca aparecieron. Fueron elucubraciones de la Fiscalía. Lo quieren juzgar dos veces por la misma causa».

El último revés ocurrió el viernes 22 de noviembre. Ese día, el juez de Garantías Nº2, José Eduardo Ruhl, le dio la mala nueva a Rossi: rechazó por quinta vez el pedido de sobreseimiento. Los argumentos del juez al rechazar la petición defensiva fueron similares a los vertidos en otras oportunidades: que se trata de una causa compleja y que no existe “certeza negativa” para impedir que la Fiscalía siga investigando.

En la última decisión, el juez Ruhl tomó un nuevo argumento del fiscal Piérola, quien dijo en base a informes del sistema bancario uruguayo conseguido vía judicial se supo que Rossi y Díaz tendrían un depósito de 300 mil dólares en el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay.

A Rossi y a su esposa, la exdiputada provincial Patricia Díaz, la Fiscalía le enrostra el manejo de cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay bajo la sospecha de que el dinero allí depositado había sido producto del paso de ambos por la función pública. En la audiencia del 12 de noviembre, el fiscal Álvaro Piérola negó que se trate de una persecución política contra Rossi ni un ensañamiento de parte del jefe de los fiscales, Jorge García, y aseguró que cuenta con elementos suficientes que acreditarían la existencia de esas cuentas. Puntualmente, presentó un informe llegado vía la Cancillería en el que el Scotiabank accedió a brindar información, luego de un proceso judicial en el Uruguay, en el que admite que Rossi y Díaz poseen una cuenta con 300 mil dólares.


El 5 de febrero de este año, el juez de Juicio y Apelaciones Pablo Vírgala rechazó el pedido de sobreseimiento en esa causa por supuesto enriquecimiento ilícito que formuló la defensa del exvicegobernador  Rossi; y su esposa, la exdiputada Patricia Díaz.

La petición había sido presentada por los abogados Carlos Reggiardo y Marciano Martínez. Sin embargo, la solicitud no tuvo buena acogida por parte del juez Vírgala, quien confirmó la resolución del juez de Garantías José Eduardo Ruhl de fecha 17 de diciembre de 2018.

La resolución de Vírgala fue el cuarto revés para Rossi y Díaz que hace dos años buscan ser sobreseídos y que se le ponga punto final a la investigación. Anteriormente, formulaciones similares fueron rechazadas por el juez de Garantías Ruhl. Primero lo hizo el 15 de septiembre de 2017, luego el 14 de marzo de 2018 y en una tercera oportunidad el 17 de diciembre de 2018.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito a Rossi y su esposa -la segunda; ya tuvo condena por una primera investigación judicial- se abrió en 2016, y a pesar de que el exvicegobernador viene batallando por conseguir su sobreseimiento, la pesquisa judicial sigue en pie. El último martes 5 de febrero, el juez de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, rechazó  el pedido de sobreseimiento.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.