El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó que investigarán una posible usurpación de las tierras que fueran propiedad de la Escuela Agrotécnica Nº 151, ubicada en el paraje El Quebracho, y si el establecimiento perdió terrenos a manos de la familia Etchevehere.
Concretamente, se indagará sobre documentación que muestra cuántas hectáreas pertenecen a la escuela rural y cuántas a Las Margaritas SA, que preside Leonor Barbero Marcial, viuda de Luis Félix Etchevehere, firma que también integran los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Aturo Sebastián.
En este caso particular aparece nuevamente la estancia Casa Nueva, ubicada a 12 kilómetros de Santa Elena, y que es lindera a la escuela. Ese mismo lugar fue, desde el 15 de octubre, noticia nacional por el ingreso al campo de Dolores Etchevehere -única hija del clan- y el Proyecto Artigas, conflicto que terminó en la Justicia por una causa de usurpación.
La investigación sobre las tierras de la escuela fue anunciada este martes por el gobernador Gustavo Bordet, en el marco de su visita a la ciudad de Santa Elena. «Como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que le pertenecen a la escuela provincial Nº 151 Agrotécnica Paraje El Quebracho que es su legítima propietaria y a los alumnos que realizan allí sus prácticas”, dijo.
“Quiero ser muy claro en este sentido, nosotros como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que nos pertenecen y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quienes usurparon esas tierras las devuelvan a la escuela que es su legítima propietaria y a los alumnos que son los que hacen allí su prácticas y tienen una posibilidad de futuro”, afirmó ante la comunidad de Santa Elena.
«Hubo un hecho de usurpación, con lo cual quedan dudas acerca de si la situación dominial de la superficie de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena se regularizó o no. Por esta razón los organismos competentes del Estado van a realizar los estudios correspondientes para determinar la legalidad o ilegalidad de esta situación», agregó.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el fiscal de Estado amplió: “Nosotros vamos a hacer una investigación administrativa para ver qué es lo que pasó. En toda esa zona, el Frigorífico Santa Elena tenía muchas propiedades y cuando cerró, esas superficies pasaron al Frigorífico Santa Elena Residual. Como había sido estatizado en la época de Sergio Montiel, eran de la provincia de Entre Ríos entonces se empezaron a vender esos terrenos, que eran objetos de la liquidación”.
En ese sentido, señaló que “se han vendido terrenos que están al lado de la escuela, entre ellos a Etchevehere, que parece ser que hizo un plano de mensura y se apropió indebidamente de superficie que correspondería a la Escuela”.
En esa línea, Rodríguez Signes recordó que esa situación se judicializó. “Esto ameritó una causa penal por usurpación, pero Luis Felix Etchevehere murió en el trayecto y no siguió con el juicio penal”, rememoró.
“Ahora, el Gobernador quiere saber si hay perjuicio sobre la escuela o no. Entonces, nosotros, a través de Escribanía Mayor de Gobierno y Fiscalía de Estado, haremos la investigación correspondiente”, aseveró.
En cuanto a los primeros pasos de la investigación, explicó que “ahora necesito saber hasta donde llegó el proceso penal por usurpación: voy a pedir antecedentes, no es que voy a hacer una denuncia”. “Sobre la base de estos antecedentes vamos a ver qué hacemos”, finalizó.
Historias de las tierras enajenadas
La historia de la compra de tierras del exfrigorífico de Santa Elena por parte de los Etchevehere arranca en septiembre de 2004, y se extiende a lo largo de dos expedientes administrativos del Gobierno provincial (el 611127 de la Secretaría de la Producción y el 531991 del Ministerio de Economía) y tiene su punto más alto el 8 de junio de 2007, cuando finalmente se firma el acta (Nº 12.199) de compra venta de los inmuebles.
Tal como lo contó Entre Ríos Ahora a mediados de octubre, la empresa de los Etchevehere, Las Margaritas SA, adquirió tres lotes: uno de 55 hectáreas, otro de 246 y el restante de 68 hectáreas. El monto total de la operación se estableció en $945.179,94. La entrega fue del 10%, por lo cual Las Margaritas desembolsaron sólo $94.517 al contado. El saldo ($850.662,94) se pactó que iba a ser cancelado en 10 cuotas semestrales con un año de gracia para la primera (que debió abonarse en junio de este año) y un interés del 12%.
Así, la empresa de la familia Etchevehere compró, nominalmente, a $2.500 la hectárea de la estancia El Quebracho, aunque para hacerse con la propiedad solo tuvo que poner sobre la mesa $250 por hectárea.
Los terrenos de El Quebracho pertenecieron originalmente a Establecimientos Argentinos de Bovril Limitada, sociedad de capitales ingleses que explotó el Frigorífico Santa Elena desde 1903 hasta 1973. Ese año transfirió la planta y sus propiedades a la Bovril Argentina Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera que a su vez vendió el complejo en 1977 a la firma Frigorífico Regional Santa Elena, empresa que fue estatizada en 1984 durante el primer gobierno de Sergio Montiel (1983 – 1987) y fallidamente privatizada en las postrimerías del primer mandato de Jorge Busti (1987 – 1991) en una operación en la que intervino el City Bank y el grupo Huancayo (Frigorífico Rioplatense) bajo la denominación Euromarche.
Pero cuando los Etchevehere tomaron bajo su mando las tierras adquiridas en El Quebracho se encontraron con una situación de hecho que resolvieron a punta de pistola, y que llegó para su resolución en la Justicia, que terminó con una condena civil por daños y una probation en la causa penal.
La causa penal
La causa por la presunta usurpación de 117 hectáreas de la escuela tramitó en el Juzgado de Instrucción de La Paz, a cargo de Carlos Tajtemberg. Por su despacho desfilaron siete testigos, que sirvieron para procesar al exdirector de El Diario de Paraná y a su hijo Juan Diego.
Tras las exposiciones de los testigos y de los peones, que declararon ser empleados de Las Margaritas SA, Trajtemberg decidió el 7 de noviembre de 2007 “diferir por razones de economía procesal” la situación judicial de los peones y solicitarle a la Fiscalía que “meritúe si la conducta del Sr. Luis Félix Etchevehere no es constitutiva de ilícito penal”.
Probation Juan Diego Etchev… by Entre Ríos Ahora
El 3 de marzo de 2008, dicha notificación ingresó en la Fiscalía y recayó en manos del fiscal suplente, Juan Francisco Malvasio, quien a los tres días requirió las indagatorias a Luis Félix y Juan Etchevehere. El 12 de marzo, Trajtember los citó a declarar a fines de abril, fecha que luego se correría al 6 de mayo, según reflejó el sitio Valor Local
En este expediente, el exgobernador Jorge Busti presentó un escrito con su declaración sobre cómo se realizó la venta de las tierras en conflicto. Además, dieron testimonio Luis Miguel Etchevehere y su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. A estos se sumaron dos funcionarios de la administración pública: el integrante de la comisión liquidadora del Frigorífico Santa Elena, Guillermo Chervo; el escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi (fallecido en 2017); Jorge Oscar Zabalegui, ex director de Catastro, y Daniel Welschen, ex secretario de la Producción.
El liquidador afirmó que los Etchevehere, a través de la firma Las Margaritas SA, presentaron un proyecto agropecuario ante la Secretaría de la Producción, cuya viabilidad debía ser estudiada y que fue el organismo en manos de Welschen el que evaluó positivamente el ofrecimiento y en función de eso se decidió la venta. Pero el ex secretario aseveró, por el contrario, que los empresarios presentaron la iniciativa ante la comisión liquidadora, y que fue este organismo quien pidió a Producción una opinión sobre la viabilidad de la propuesta.
Luis Miguel Etchevehere relató que tomó contacto con Producción al saber que las tierras saldrían a la venta y que recién después de que el proyecto original que habían presentado llegó a su forma definitiva (buscaban adquirir 900 hectáreas y terminaron adquiriendo en total sólo 369) habló con la liquidación del ex – frigorífico.
También recordó una reunión en la Casa de Gobierno en la que se definió la operación en la que participaron, además de ellos dos, el propio gobernador Busti, Welschen y Luis Félix Etchevehere. El ex director de Catastro mencionó también la presencia del ministro de Economía Diego Valiero en el encuentro
La notificación a Fiscalía no llegó sino hasta el 3 de marzo del 2008, y no recayó en manos de Martínez, sino del Fiscal suplente, Juan Francisco Malvasio, quien a los tres días requirió las indagatorias a Luis Félix y Juan Etchevehere. El 12 de marzo, Trajtember dispone que padre e hijo deberían comparecer a fines de abril, fecha que luego se correría al 6 de mayo. A la hora de definir ocupación, ambos usaron la fórmula: “abogado, productor agropecuario y periodista”.
Finalmente, el 20 de diciembre de 2010 la causa terminó con una probation para Juan Diego, en el que se le ordenó realizar tareas comunitarias no remuneradas consistente en asesoramiento legal para las personas que asisten al Centro Integrador Comunitario, dependiente de la Municipalidad de Paraná. El plazo que se le fijó fue de dos horas mensuales durante dos años y el aporte mensual de cien litros de nafta súper , durante dos años, para la ambulancia del Hospital de Santa Elena. La probatión fue cumplida y fue sobreseído en 2014.
La causa civil
Esa otra parte de la historia está contada en un fallo del 27 de abril de 2020 dictado por la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná.
El fallo lo firman los vocales Valentina Ramirez Amable y Virgilio Alejandro Galanti, con la abstención de Andrés Manuel Marfil.
José María Morcillo interpuso una demanda contra los socios de Las Margaritas, el hoy difundo Luis Félix Etchevehere y su hijo, Juan Diego Etchevehere en la que pidió un resarcimiento económico por los daños producidos por un valor de $359.960. La Justicia le dio la razón.
El productor contó en el expediente que el 12 de julio de 2007, se apersonó en el predio arrendado a la Escuela Provincial de Nivel Medio Nº 151 Agrotécnica Paraje Quebracho a fin de controlar la evolución del cultivo de lino que allí había sembrado, y se encontró con el campo tal cual lo esperaba: todo normal. Sin embargo, dos días después vuelve al predio y al intentar ingresar nuevamente, no lo pudo hacer “dado que terceras personas, por ese entonces desconocidas, habían procedido a colocar candados y cadenas en los accesos. Requirió a un escribano que lo constate”, según se lee en el documento judicial.
No cedió en su intento por retomar el control del campo arrendado. Volvió el 18 de julio “y comprobó que se habían afincado tres personas quienes le impidieron el acceso intimidándolo con escopetas portadas por cada uno de ellos, situación que lo llevó a formular una denuncia penal”.
En su relato en la Justicia, Morcillo cuenta que “resultó despojado de la tenencia de los campos e impedido de llevar a cabo su proyecto productivo hasta la finalización de la campaña 2009/10 como estaba pactado en el contrato vigente, habiendo sido la parte demandada -el difunto Luis Félix Etchevehere como presidente de la sociedad anónima accionada y Juan Diego Etchevehere como accionista de dicha sociedad- quien impartió la orden a los Sres. Franco y Robirosa para que rompiesen primeramente y colocasen luego puertas, cadenas y candados en el campo que arrendaba el actor y su co-arrendatario Tyrrel”.
En su relato, dijo que “a consecuencia del despojo, los demandados destrozaron el lino que estaba sembrado, lo que fue constatado por escribano público”, y afirmó que en la escritura de compraventa del inmueble en cuestión, un predio mayor dentro del cual se encontraban las parcelas arrendadas a Morcillo y Tyrrel, se aclaró que “la vendedora conjuntamente con el Superior Gobierno de Entre Ríos, se obligaban a realizar el trámite de lanzamiento de los intrusos y/o ocupantes por cualquier título que se encontrasen en los inmuebles, mostrando ello que la Compradora tenía conocimiento, aceptaba y autorizaba los procedimientos de lanzamiento que serían efectuados en forma conjunta y mancomunadamente por los contratantes”.
En vez de un trato diplomático, los Etchevehere ingresaron a punta de pistola y “se apropiaron de los insumos que el actor guardaba en el predio, destrozaron la vivienda existente, arrancándole puertas y ventanas y demoliendo parte de la construcción, lo que motivó que Luis Félix y Juan Diego Etchevehere fueran procesados por el delito de usurpación y daño”.
El 27 de abril de este año, los jueces Ramírez Amable y Galanti confirmaron la condena en contra de los Etchevehere, al exigirle el pago de $359.960 a favor de Morcillo, como un resarcimiento económico por haber destrozado su sembrado.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora