Los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia y Claudia Mizawak, acudieron este martes a la reunión convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se  trató el proyecto de ley  del Poder Ejecutivo que propone modificaciones al artículo 2° de la Ley de Juicios por Jurados N° 10.746, sancionada en 2019.

En ese encuentro, Carubia adelantó que  no daría opinión alguna sobre el proyecto del Poder Ejecutivo ya que al hacerlo estaría adelantando su postura ante una eventual presentación por inconstitucionalidad. El magistrado aportó los datos estadísticos sobre los juicios por jurados que se han realizado desde el 2020 a la fecha en Entre Ríos. También hizo referencia a que en otras provincias dicho instituto está limitado en relación a los delitos a juzgar. Y destacó que hoy, en Entre Ríos, no existe la posibilidad de dar respuesta a la cantidad de legajos que ingresan.

Juicios por jurados: el malestar que hay en la Justicia

 

En ese sentido, describió que en Entre Ríos en solo en dos jurisdicciones, Paraná y Concepción del Uruguay, hay salas adecuadas para desarrollar los debates respetando lo que establece la Ley 10.746 en relación a la preservación  de la identidad de los jurados.

En la reunión en Diputados estuvieron en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales –que preside la diputada Gabriela Lena-, el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, y el Defensor General, Maximiliano Benítez; quienes acompañaron la propuesta de reforma  presentada por el Poder Ejecutivo que pretende reducir los delitos a ser juzgados en juicio por jurados.

En ese sentido, sostuvieron que continuar juzgando los delitos contra la integridad sexual por ese instituto es revictimizar a las víctimas, tal como lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación  (CSJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Argumentaron que esos casos deben ser juzgados por jueces técnicos quienes tienen una capacitación específica para abordar las cuestiones vinculadas a género y se evita así una mayor exposición de las víctimas.

 

Los representantes de los Ministerios Públicos recordaron que en 2019, cuando se debatía el proyecto de ley que finamente se aprobó, ya habían formulado tales objeciones.

Estuvieron también, el coordinador Legal y Administrativo de la Dirección General y Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, Cristhian Weber, quien fundamentó el proyecto presentado; la vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Andrea Saxer, y la titular del  Instituto de Derechos de la Mujeres, Géneros y Disidencias del organismo, María Ariadna Del Porto,

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora