«Estamos empeñados en hacer de nuestra educación, una educación de calidad».

Eso dijo el miércoles 5 de octubre de 2011 el entonces gobernador Sergio Urribarri. Fue en un acto con pompa y circunstancia en el que dejó inaugurada la escuela del barrio de Empleados de Comercio, que demandó una inversión de $4,5 millones

«No nos resignamos a no tener una educación de calidad en Entre Ríos. Estamos trabajando muchísimo», insistió entonces Urribarri.

La obra que inauguró Urribarri ocupa un terreno de 14.707,04 m2 de superficie, está ubicado sobre calle Artigas, entre Ricardo Balbín y Juan B. Justo, y se ejecutó en el marco de un plan financiado por la Nación, con el sello del otro todopoderoso ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, hoy desaforado y en la cárcel.

 

La placa que tiene la escuela tiene el nombre, precisamente, del ahora reo De Vido.

A sólo seis años de su puesta en funcionamiento, presenta serios problemas de infraestructura y fue declarado en emergencia por su estado de deterioro, señala el sitio Río Bravo.

Una recorrida gremial por escuelas de Paraná puso nuevamente en evidencia los graves problemas de infraestructura que suman obstáculos a la tarea educativa.

En su muro de la red social Facebook, una docente reveló un dato de color sobre esta situación: “En la recorrida x las escuelas, algunas llamadas ‘nuevas’ de 7 años, nos encontramos con estas curiosidades. Tómese debida atención del ministro que figura en la placa”.

Las “curiosidades” a las que hace referencia la docente son los indisimulables daños en la estructura del edificio y el (ex) ministro que figura en la placa (ver foto) no es ni más ni menos que el arquitecto Julio De Vido, que condujo la cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la nación durante todo el período kirchnerista y hace dos días terminó de caer en desgracia con el desafuero en la Cámara de Diputados, que permitió su detención en el marco de la investigación de numerosos hechos de corrupción que se le imputan.

Una escuela nueva en emergencia

Las escuelas 83 y 210 “Empleados de Comercio” de Paraná funcionan en un edificio que terminó de construirse a fines de 2011 a través del programa nacional Más Escuelas, financiado con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Según un parte de prensa oficial de la provincia de hace seis años, se trata de un establecimiento para 452 alumnos, que ocupa un terreno de 14.707,04 metros cuadrados, ubicado sobre calle Artigas, entre Ricardo Balbín y Juan B. Justo, con una inversión de 4.469.495 pesos.

La empresa constructora fue Filip SA, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su presidente es Arturo Ricardo Filip y, entre los antecedentes de obras en la provincia, figuran el reacondicionamiento de los puertos de Ibicuy y Diamante.

«Estamos empeñados en hacer de nuestra educación, una educación de calidad», dijo el ex gobernador Sergio Urribarri el 6 de octubre de 2011, día de la inauguración, que resaltó la obra como «un símbolo del esfuerzo y el trabajo porque sólo a través del trabajo se logran resultados como éste (…) es un símbolo de esperanza y recuperación de la provincia y del país».

Sin embargo, “el símbolo de la esperanza” duró menos de lo previsto. “La escuela, teniendo pocos años de funcionamiento, está declarada en emergencia edilicia”, dijo a Río Bravo la docente Gilda Rodríguez, delegada de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Seccional Paraná.

Entre las averías -enumeró- se cuentan la caída de parte de la mampostería, que puede observarse en la imagen, rajaduras en los techos, problemas con el funcionamiento de los tanques y la bomba de agua, que debió ser reemplazada con fondos de la cooperadora de la escuela. Los días de lluvia, hay filtraciones de agua en las galerías y aulas, y humedad en el cielorraso de yeso.

A los problemas de infraestructura hay que sumarle la falta de aulas, el no funcionamiento de la sala de computación, que nunca fue equipada y donde hoy funciona un jardín.

No es la primera escuela de la provincia que, con pocos años de vida, exhibe fallas en su construcción. Como la mayoría de las veces, quienes más sufren las consecuencias del mal manejo de los fondos públicos y la falta de control en la obra pública son los trabajadores, sus familias y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Es un problema que no se agota en una defensa vacía de “las instituciones de la República” porque detrás de una obra mal hecha o con materiales de menor calidad, o detrás de la falta de insumos en hospitales, hay personas y familias de carne y hueso, las mismas que sufren las consecuencias de los incrementos de tarifas y de combustibles que llevan a las nubes el costo de vida.