Un mediodía de verano, finales de enero, la policía llegó al barrio privado Santa Cándida, un loteo con ínfulas, en medio de una calle polvorienta y estropeada, Gobernador López Jordán y un barrio pobre, Nueva Ciudad, e interrumpió el almuerzo de los vecinos.
No todos estaban. Uno de los primeros habitantes de Santa Cándida, Carlos Canosa, veraneaba en Punta del Este, y había dejado a su madre al cuidado de la casa. En eso estaba la mujer, cuando llegó un grupo de policías, golpeó a su puerta, y le exhibió una orden de allanamiento firmada por la jueza Susana María Paola Firpo. Quedó de una pieza al momento de enterarse por qué estaban ahí, qué buscaban:  en vano trató de explicar la ausencia de su hijo.
Los policías ingresaron a la casa, revolvieron todo: los muebles, las habitaciones, el baño, adentro y afuera, y en algún momento hasta abrieron una cajonera donde había ropa interior: también la revisaron. Aturdida por la situación, la mujer puso al corriente a su hijo de lo que pasaba. Su hijo estaba en Punta del Este.
Le mandó varios audios de whatsapp: que los policías habían ingresado, que había un vecino, a quien habían llamado como testigo de la operación de requisa, que qué hacía porque estaban revisando toda la casa, que debía volver urgente de Punta del Este, qué es lo que están buscando los policías, por qué estaban allanando el barrio.
“No te preocupes, dejalos que revisen, que ya sacamos todo”, le contestó el hijo por audio de whatsapp. El audio, en alta voz, sonó en toda la habitación en la que estaba la mujer, y llegó a oídos de los policías que en ese momento realizaban el allanamiento. Después, la historia de ese audio, y el dato sensible que se oyó en esa conversación de whatsapp, llegó a conocimiento del fiscal Juan Malvasio.
¿A qué lugar había ido a parar todo lo que se sacó de esa casa del barrio Santa Cándida?
La madrugada del domingo 15 de enero, el departamento de Sofía Montefiori, en calle Buenos Aires al 400, recibió un extraño equipaje: documentación relativa a la empresa Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer).
Eso dice el dato que aportó a la Justicia el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), y que derivó en un allanamiento, el jueves 26 de enero, en el marco de la investigación por la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En esa causa, Juan José Canosa, extitular de Sidecreer entre 2009 y 2015, está imputado como “autor material”.
El allanamiento fue en el departamento de Sofía Montefiori. Se trata de la madre de Paula Montefiori, defensora oficial del Poder Judicial, esposa de Canosa. El abogado de Canosa, Raúl Barrandeguy, explicó durante una audiencia que se desarrolló en Tribunales el 2 de febrero, que se trató de documentación que Canosa llevó al departamento de su suegra, y que era parte de lo que tenía para ejercer su defensa.
Canosa, Juan José, está imputado como autor material del delito de negociaciones incompatibles con la función pública; Canosa, Carlos, su hermano, como partícipe necesario. No son los únicos involucrados. Canosa, Juan José, que presidió Sidecreer durante el urribarrismo, entre 2009 y 2015, y que ahora está a las órdenes de Sergio Urribarri en la Cámara de Diputados, contrató desde el Estado con su hermano, con la familia política de su hermano, y con un amigo.
Le compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.
También, negoció con su cuñada, Alicia Susana Cuestas, la esposa de Carlos Alberto Canosa, y con la hermana de su cuñada, María José Cuestas, y el esposo de la hermana de su cuñada, Diego Aníbal Urba –amigo de Juan José Canosa–, a través de Excelcom SA, otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.
Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima.
Todo eso está en manos de la Justicia, bajo investigación. Canosa ya prestó declaración indagatoria el viernes 10 de febrero; el resto del clan empezará transitar por Tribunales desde este viernes 2 de marzo. Las pruebas que se acumulan en la causa son contundentes, dicen en la Justicia, y dejan en muy incómoda situación a Canosa, el abogado hijo de un kiosquero y una docente que se convirtió en hombre rico en el período que, casualmente, ocupó cargos en el Estado, desde 2003 hasta ahora.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.