La ya tradicional pelea entre los seguidores del actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y los del exjefe comunal, su concuñado Silvio Moreyra, registró un nuevo capítulo: denuncias por la herencia recibida, de un lado; y acusaciones de persecución política y despidos de militantes, del otro.

La polarización entre ambos sectores es fuerte en la localidad de Santa Elena, ubicada a 150 kilómetros al norte de Paraná, en el departamento La Paz. En las elecciones de junio, Domingo Daniel Rossi se impuso a su concuñado, Silvio Moreyra, por 35 votos de diferencia. Lo que siguió fue una transición complicada.

La administración Moreyra no terminó del mejor modo. El dirigente peronista se despidió de la gestión con un grupo de contratados reclamándole el pago de sueldos adeudados, con protestas en el edificio municipal, como así también en uno de sus domicilios.

Al asumir nuevamente al mando de la ciudad, el quinto, Rossi divulgó una serie de fotos sobre el deteriorado estado en el que se encontraron diferentes dependencias del Municipio. Cuatro años antes, la administración Moreyra había utilizado la misma estrategia comunicacional.

Rossi y Moreyra fueron aliados en tiempos en que el primero fue vicegobernador de Entre Ríos, en la primera gestión de Jorge Busti. Más tarde, los caminos se bifurcaron y creció la interna por el control de la localidad.

La pelea política sin fin también se tradujo en denuncias judiciales cruzadas: ambos se acusaron por supuestos sobreprecios en obra pública. Sus causas tramitan en la Fiscalía de La Paz. Además, ambos son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. La causa de Rossi tramita en Paraná y se abrió tras una denuncia de la revista Análisis; en tanto, la de Moreyra está en los Tribunales de La Paz, y se inició por una denuncia de Rossi.

Nuevas acusaciones cruzadas

Ahora, la nueva disputa se originó en las redes sociales. Todo comenzó cuando desde el sector de Moreyra se difundieron una serie de fotos de militantes que habrían sido despedidos “por razones políticas” en la Municipalidad de Santa Elena.

Desde el rosissmo, en tanto, respondieron que al asumir la gestión se encontraron con irregularidades varias: personas que estarían incurriendo en incompatibilidades por poseer doble cargo; manipulación de registros municipales; y hasta presunto robo de documentos.

Las denuncias contra Rossi son canalizadas por sitios afines a Moreyra, como una Fan Page de Facebook que supo ser la oficial de la Municipalidad de Santa Elena. La situación es similar a la ocurrida en 2015 a nivel nacional, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri. Entonces, las cuentas de las redes sociales oficiales quedaron en manos del kirchnerismo, y la nueva gestión debió abrir nuevas.

Así, desde la excuenta de Facebook del Municipio –que cambió su nombre a Ciudad de Santa Elena- se difundieron últimamente una serie de fotografías de militantes de Moreyra que aseguran que fueron desafectados de sus funciones sin razón. La campaña se realiza bajo el hashtag #NoMásDespidos y ya generó reproches de ciudadanos que advirtieron que la gestión Moreyra hizo silencio ante los despidos propios y la falta de pago a más de 400 contratados.

En la campaña virtual, por caso, se consignó el despido de Guillermo Giles. Curiosamente, la hija del exempleado comentó en el mismo posteo que en realidad fue despedido “a mitad de año” por Moreyra.

Más allá de esa situación, la denuncia del moreynismo continuó y acumula adhesiones y rechazos.

A ello se sumó un nuevo episodio: el bloque de concejales del Frente Justicialista Creer Entre Ríos decidió no asistir a las sesiones del Concejo Deliberante en la que el rossismo pretende aprobar la emergencia económica y otros proyectos.

“No estamos de acuerdo con los proyectos enviados al Concejo, porque tienen el objetivo último de legitimar despidos, aprietes y  persecución para con aquel que piensa distinto”, dijeron en un comunicado.

Al cruce salió el bloque de concejales de Juntos por Santa Elena, el rossismo, que calificó a la campaña de una “operación mediática” en la que se trataría de instalar la existencia de una persecución política a militantes moreynistas.

“Queremos expresar fervientemente nuestro rechazo a la operación mediática de supuesta ‘acusación de persecución política’ que tiene como finalidad generar odio y división en los santaelenenses”, señalaron en un comunicado difundido este viernes.

En esa línea, aseguraron que las acusaciones son una maniobra política de la oposición y apuntan que se originaron con las publicaciones del Coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) Santa Elena y exsecretario privado de Moreyra, Ariel Juárez. “Vale aclarar que en estos días se encuentra haciendo reclamos de pagos de sueldos pendientes que no están asentados en el municipio”, sostuvieron desde el bloque oficialista.

En esa línea, señalaron que se “incita el odio” desde una expágina del Municipio, como así también por parte de un medio radial que “expresa públicamente la adhesión por Silvio Moreyra y que durante los despidos de los 4 años anteriores jamás se hizo eco y no se solidarizó con nadie”.

En otro párrafo cuestionan a Renato Ojeda, abogado de la agrupación Amo Santa Elena, quien representa al personal sumariado por la nueva administración.

Tras ello, el bloque oficialista enumeró una serie de irregularidades que habrían encontrado al asumir y que “son los motivos por los cuales se les ha iniciado un sumario administrativo a los empleados de planta municipal esperando que se aclare la situación para que sus trabajos vuelvan a la normalidad”.

La acusaciones del rossismo

–“Presunta manipulación de los registros de personal del Municipio, guardándose una copia de los archivos en dispositivo pendrive. Se intenta esclarecer las circunstancias en las que se apropió de información perteneciente al Municipio y fueron en vano los intentos de persuasión para que restituyera la información mencionada, necesaria para la administración pública y la transparencia en gestión”.

-“Presunta situación de incompatibilidad, siendo de modo simultáneo Contratado Municipal (Planta Permanente) y Contratado Provincial (Instituto Becario). De acuerdo al artículo 40 de la Constitución Provincial – salvo excepciones – esta realidad es inaceptable. La ordenanza 037/98 da expresas facultades para proceder con la suspensión y el inicio de un sumario administrativo”.

-“A raíz de una denuncia policial por él mismo efectuada, en la que denuncia el robo de un moto vehículo que fue hallado en su propiedad, se ha dispuesto la realización de un sumario administrativo correspondiente a fines de esclarecer la situación”.

Finalmente, aclaran que “la particularidad y gravedad de cada una de las situaciones detalladas en los Decretos 050, 051 y 028 respectivamente, descartan por completo la posibilidad de tratarse de una persecución política. Por el contrario, se trata de la responsabilidad administrativa y civil que le cabe a cualquier ciudadano en la misma situación”.

Por otra parte, señalaron que en el libro de traspaso de fondos de gobierno donde dejan asentada la información administrativa certificada por Escribanía Pública se observa:

-“En el cuadro de ejecución de gastos se observa que la Gestión Municipal “Amo Santa Elena” ha gastado más de lo que se presupuestó, en más de $7.000.000. Lo que significa que hicieron gastos por un importe que no estaba autorizado”.

-“Los ingresos recibidos por eventos varios registran un importe de $2.677.650 mientras que los gastos incurridos fueron de $6.716.944,25 lo que significa un déficit absorbido por el municipio de $4.039.344,25”.

-“Dejaron asentado una deuda corriente de $7.792.427,04 (de proveedores) y una deuda consolidada de $14.362.543,45 adquirida y que evoluciona en relación al valor de dólar. Además, una deuda con Enersa por $430.173,81”.

-“Personal contratado en el libro de traspaso por 449 contratados pero en la realidad siguen apareciendo listados y personas reclamando que el Municipio y la gestión de Moreyra les adeuda 2 o 3 meses”.

Radicales también apuntaron a Moreyra

La agrupación Compromiso y Militancia Radical de Santa Elena también salió a decir lo suyo en la interminable pelea local. 

En un comunicado difundido en las redes, el agrupamiento cuestionó a la gestión de Moreyra por los manejos de contratos: “Cuatro años (2015-2019) hicieron de los contratos moneda de cambio para sojuzgar a las personas sin trabajo, fueron los contratos mínimos la herramienta para conseguir la ‘militancia y el voto’, engañaron sin piedad a los hombres y mujeres y los despidieron sin piedad después que perdieron, nadie que no compartiera su grupo político o asistiera a sus reuniones o actos podía acceder a un contrato. También se fueron debiendo tres o cuatro meses a muchos santaeleneses, y no les tembló la voz para decir «se te termino el contrato» o » te suspendimos el contrato por uno o dos meses».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora